Por: Katerin Erazo, Periodista
Cientos de comerciantes de la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander, están siendo víctimas de extorsión, según la Cámara de Comercio local. La entidad entregó cifras alarmantes a las autoridades, indicando que hay un número superior a las 300 denuncias relacionadas con este delito, aunque se cree que hay muchas más que no se han reportado por temor.
Los delincuentes estarían consultando los registros mercantiles desde diferentes ciudades para obtener información de las empresas y elegir a sus víctimas. La Cámara de Comercio destacó que desde un mismo equipo, con una misma dirección IP y por parte de una misma persona, se han hecho más de 85 consultas a través del sistema habilitado. Las organizaciones delictivas utilizan esta información pública para comunicarse con los empresarios y llevar a cabo el fenómeno extorsivo.
El presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Castillo, le explicó a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que estos hechos llegaron a ellos principalmente por el mismo aviso de algunos empresarios. Castillo mencionó que al poner sobre la mesa la información ante las autoridades, fueron saliendo a la luz más casos que operaban bajo la misma.
Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Comercia de Cúcuta mencionó que implementaron la realización de capacitaciones en colaboración con el Gaula y la Policía Nacional, en la que exponen las formas en que estos crímenes se realizan y la manera en que pueden hacerle frente. También dispusieron un canal de denuncia directo en la página web para que el empresario que se vea sumergido en estos hechos pueda exponerlo ante el ente de seguridad correspondiente.
Sergio Castillo afirmó que están esperando los resultados de las investigaciones de las autoridades pertinentes para determinar si los grupos armados están detrás de las extorsiones. No obstante, subrayó que, según las declaraciones de los empresarios afectados, parece que los extorsionadores se hacen pasar por grupos armados.
En relación al delito de extorsión que están enfrentando los comerciantes de Cúcuta, es importante mencionar que además de esta problemática, los habitantes de la ciudad han sido afectados por un conflicto interno, como es el caso del atentado ocurrido en el Parque Mercedes Abrego el pasado lunes 17 de abril, en el que lamentablemente una mujer perdió la vida y cuatro personas resultaron heridas.
Los testigos en la zona afirmaron que la explosión fue causada por una granada de fragmentación que fue dejada en una caneca del parque. Inmediatamente, las ambulancias y los equipos de emergencia llegaron al lugar para atender a los heridos y hacer el levantamiento de la víctima mortal.
Este incidente se suma a otros actos violentos que ocurrieron en la ciudad en los últimos meses, incluyendo un atentado con una granada el pasado 23 de febrero que dejó seis personas heridas en el barrio El Callejón. Aunque se desconoce quiénes son los responsables, el coronel Carlos Andrés García Suárez, comandante encargado de la Policía Metropolitana, sugirió que podrían estar relacionados con cobros extorsivos a establecimientos comerciales.
Jhon Eddison Ortega Jácome, diputado del departamento de Norte de Santander y miembro del comité directivo del Consejo de Paz del departamento, le indicó a Pares que la situación de seguridad en Cúcuta ha sido sumamente compleja en los últimos años debido a la presencia de grupos armados ilegales y la delincuencia común.
Según Daniel Parra de la Línea migración, región y frontera y de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a diferencia de años previos, en los que se creía que el conflicto armado solo afectaba la zona rural del municipio, en la actualidad la ciudad de Cúcuta comenzó a sentir los estragos de la guerra. Parra hizo énfasis en recordar otros acontecimientos que ocurrieron recientemente, como el atentado contra la Brigada 30 del Ejército Nacional de Colombia y contra el helicóptero presidencial en junio de 2021, las explosiones provocadas por el paro armado del ELN en febrero de 2022 y las dos detonaciones ocurridas este año, mencionadas anteriormente. “Este cambio en la percepción de la ciudadanía refleja un aumento en la intensidad de los enfrentamientos armados en la región”, según Daniel Parra.
Jhon Eddison Ortega Jácome resaltó que los ciudadanos y los sectores productivos son los más afectados por la situación de inseguridad en Norte de Santander. La falta de garantías de seguridad para la población hace que los ciudadanos se sientan vulnerables, y no solo las empresas, sino también los pequeños comercios se ven asediados por la violencia y la extorsión diaria o semanal. Además, Ortega mencionó que los líderes comunitarios de los barrios y veredas están gravemente amenazados, lo que agrava aún más la situación.
La presencia de múltiples grupos armados ilegales en la ciudad de Cúcuta ha creado una situación preocupante para los habitantes de la región. El Clan del Golfo, por ejemplo, cuenta con campamentos en zonas rurales. Además, la presencia del Tren de Aragua ha sido descrita como un “imperio del terror”, ya que cobra “vacunas” a comerciantes.
También, según fuentes consultadas por Pares, destaca “que existe una tercerización criminal, pues organizaciones mexicanas como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación contratan al Tren de Aragua y estos, a su vez, subcontratan para la realización de las actividades ilícitas”. Ver: (El Tren de Aragua: un imperio del terror en Norte de Santander)
El diputado del departamento de Norte de Santander y miembro del comité directivo del Consejo de Paz del departamento, Jhon Ortega, destacó que la región atraviesa actualmente una situación preocupante, con la proliferación de los grupos violentos a una escala mucho mayor. Según Ortega, la ubicación geoestratégica de la región y la abundancia de recursos naturales la han convertido en un objetivo prioritario para grupos armados, independientemente de su ideología.
En este contexto, la violencia criminal ha empezado a afectar más gravemente a las poblaciones urbanas, que sufren amenazas tanto de grupos armados en las zonas rurales como de grupos criminales que se dedican a actividades ilegales como el microtráfico y la extorsión. Estas economías ilegales se han expandido sin control en la región, afectando la calidad de vida de los habitantes.
Jhon Eddison Ortega resaltó que a pesar de los discursos repetitivos de las autoridades que hablan de fortalecer las estrategias de seguridad y trabajar en coordinación para enfrentar los desafíos de la región, aún no se han visto resultados tangibles y funcionales ni en Cúcuta ni en el área metropolitana, lo que genera frustración en la población nortesantandereana.
Daniel Parra de la Línea migración, región y frontera de Pares mencionó que la ciudad de Cúcuta está sumida en la zozobra, y sus ciudadanos se encuentran en una encrucijada entre la “esperanza por la paz y la desesperación causada por los efectos de la guerra”.
Parra aseguró que los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz, organizaciones sociales y la comunidad en general, coinciden en sus llamados al Gobierno Nacional por garantías en cuanto a los derechos humanos, y el cumplimiento del Acuerdo de Paz y el cese al fuego y hostilidades, ya que “todos desean sentir los avances hacia la tan anhelada Paz Total”.