Por: Ana Cristina Salcedo Oviedo, Practicante
Foto tomada de: Pulzo
Abordar el tema de la democracia en Colombia implica analizar dos conceptos clave que son cruciales para comprender la dinámica política como una práctica electoral: la participación y la representación. En una democracia participativa, el ciudadano se involucra directamente en la toma de decisiones. En cambio, en la democracia representativa, se encuentran dos principios fundamentales: la autorización y la rendición de cuentas. En un escenario ideal, se autoriza a través del voto una representación y, a cambio, se rinden cuentas sobre las responsabilidades adquiridas por el poder otorgado en las urnas. Sin embargo, en el modelo colombiano persiste la autorización, pero no la rendición de cuentas, dando lugar a fenómenos más complejos como la corrupción, la demagogia y la falsa representación. Esta última ha desencadenado una crisis a nivel interno en el sistema de partidos colombiano, situación que se evidenció durante las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023.
La crisis de los partidos políticos en Colombia no nace con la coyuntura electoral más reciente. Los fenómenos que explican la aparición de esta crisis se observan en la cotidianidad del ejercicio político del sistema de partidos en el país. Estos son, en primer lugar, la fragmentación interna producto de las alianzas entre facciones dentro de los mismos partidos que muchas veces están fuertemente personalizados por un clan político determinado, por lo que en un departamento puede observarse la cercanía entre facciones de un partido, pero estas a su vez pueden distar considerablemente en otro departamento.
En segundo lugar, la polarización a falta de una cohesión ideológica entre los militantes de menor o mayor jerarquía, por lo que es común la recurrencia sobre casos de doble militancia. No hay un código leal o principios a respetar cuando candidatos de un mismo partido apoyan abiertamente a candidatos de otros espectros o colectivos, asunto que resulta contraproducente en el marco del ejercicio político, ya que debe existir una correlación y apoyo entre aspirantes a distintos cargos de elección popular que sean del mismo partido atendiendo a cómo funciona el sistema político electoral. Si un partido en determinado departamento lleva un candidato a la gobernación, y en ese sentido lleva también un candidato a la alcaldía, es menester que exista una coherencia entre estos en campaña y que compartan los principios del partido.
Ejemplo de este segundo fenómeno fue el caso de Andrés Gómez Martínez en Sincelejo, quien fue destituido de su cargo a cinco meses de finalizar el período 2020-2023 por su hallazgo de culpabilidad de doble militancia, específicamente por no respaldar al candidato de su propio partido en las elecciones para la Gobernación de Sucre en 2019. Gómez contó con el aval de Cambio Radical, Partido de La U, Conservador y Centro Democrático, los cuales se unieron en 2019 para impulsar su candidatura a la Alcaldía de Sincelejo, empero, este apoyó a un candidato cuyo partido distaba del cuarteto.
La remoción de Andrés Gómez de su cargo como alcalde de Sincelejo constituye un momento destacado en la esfera política a nivel local, señalando el desenlace de un prolongado conflicto jurídico que muchas veces se ha intentado en el país desde que se contempló su figura, pero no presume de éxito. Resulta sumamente interesante analizar lo que el desenlace de este proceso significó para todos aquellos que fueron candidatos de cara a las pasadas elecciones y resultaron electos, no solo en el departamento, sino a nivel regional, ya que, a pesar de ello, el apoyo abierto de candidatos de partidos políticos a candidatos de otros partidos fue el común denominador en estas campañas. Los avales se recibieron para la respectiva inscripción, pero se dejó de lado la representación.
El tercer fenómeno que explica la crisis de partidos en Colombia es la presencia de redes clientelistas a través de las cuales se tejen importantes relaciones capaces de consolidar masas electorales y que, en épocas de campaña, resultan valiosas para los líderes que ostentan el mando de dichas redes. Aunado a esto la corrupción que ha obligado a los partidos a enfrentar escándalos que minan la confianza pública, puesto que la percepción de que los partidos están más interesados en el beneficio personal que en el servicio público socava su legitimidad.
Se observa también la presencia de “clanes políticos”, que son por lo general grupos de familias que logran consolidar un emporio económico/político para hacerse con el poder de los cargos políticos más importantes en un determinado municipio o departamento y cuentan con un líder, miembros y aliados. A la vez que ejercen control y dominancia político electoral de forma interrumpida e ininterrumpida en un territorio, suponen un riesgo para la democracia en la medida en que privan a otros ciudadanos de participar en política y estimulan la corrupción electoral a través de las redes clientelistas que construyen con el tiempo para monopolizar el ejercicio electoral y utilizar los medios y la burocracia del Estado para su propia conveniencia. Además de la compra de votos, práctica realizada sobre todo en las zonas periféricas del país donde los patrones políticos aún fungen como conexión entre el ciudadano y el Estado.
En cuanto a la crisis de partidos, se observa que la naturaleza intrínseca del sistema puede arrojar luz sobre las problemáticas que obstaculizan su funcionamiento adecuado. En primer lugar, en Colombia se presenta un sistema multipartidista, lo que implica la existencia de diversos partidos políticos en competencia por el poder. Además, se suman a esta dinámica los movimientos independientes, grupos significativos y coaliciones. La disparidad ideológica que surge de esta diversidad divide al electorado, generando un escenario propicio para el ascenso de candidatos cuestionados que, a pesar de las críticas, logran ser elegidos para aspirar a cargos públicos. Esto se debe a que la presencia de múltiples opciones disminuye la capacidad de oposición frente al candidato considerado como menos viable.
En ese orden, también se identifica la dominancia de partidos principales o de los que obedecen a corrientes políticas tradicionales, y que han logrado tejer grandes redes en todo el territorio nacional para posicionar gobernaciones, alcaldías, concejo y asambleas manteniéndose en el tiempo: los partidos Liberal y Conservador -cuyas raíces históricas aún tienen peso en regiones específicas-; el Partido de la U en el Valle del Cauc; Cambio Radical en la Costa; Partido Centro Democrático en Antioquia, entre otros.
El último fenómeno, las coaliciones, a partir de las cuales los partidos se valen para aumentar su influencia y mejorar sus posibilidades electorales. Para las elecciones del pasado 29 de octubre, muchos candidatos contaban con varios coavales además del aval de su partido. Por ejemplo: Lucy García, gobernadora electa del Departamento de Sucre, fue avalada por el Partido Liberal, Fuerza de la Paz, La U, Centro Democrático y Colombia Justa Libre. Estas coaliciones pueden ser temporales y basarse en acuerdos estratégicos para alcanzar objetivos comunes. Ahora bien, la mayoría de alianzas y coaliciones son divergentes, los partidos que son aliados en unos departamentos son rivales o competidores en otros.
En ese sentido, es menester mencionar lo que ocurre cuando se da la destitución del funcionario público. El partido que hace parte de la coalición que avaló al candidato en el periodo de campaña debe afrontar cierta responsabilidad de cara a la efectividad del mecanismo de participación, sin embargo, no se observan pronunciamientos o medidas congruentes sobre cómo un candidato salta de un espectro político a otro sin atender a los compromisos o principios del partido al que inicialmente pertenece o milita. Y esa responsabilidad tampoco se identifica en el proceso de entrega de avales, no hay filtros o procesos transparentes para ello, el candidato ve la entrega del aval como un simple protocolo y el partido suma números para el tarjetón electoral.
Por otra parte, las coaliciones suponen también un riesgo porque atomizan el sistema de partidos. Si es un reto para la democracia la presencia de más de 30 partido políticos, las coaliciones y entregas de coavales producen en el electorado desidia por el ejercicio democrático, la percepción de que los partidos políticos no son más que redes de corrupción. La representación se desdibuja entonces y los partidos terminan siendo una mera formalidad para la entrega de credenciales, y sin una debida representación, el principio de autoridad a cambio de la rendición de cuentas no se configura como una obligación o deber público por parte del representante. La gravedad de esta situación deja entrever en qué términos quienes cuentan con los medios para “hacer política”, manejan estas instituciones desvirtuando su función principal, la representación.
Todo esto conduce al dualismo de conceptos que se plantea al inicio, la representación entra en crisis debido a que la autorización se convierte en algo simbólico para el funcionario, por lo tanto, la ciudadanía no se siente representada por sus representantes y la participación es cada vez menor a causa del abstencionismo. Es decir, si no se confía en los candidatos para llegar a los cargos públicos, ejercer el derecho al voto deja de ser un atractivo para el electorado. Asunto identificado en las Elecciones Regionales del presente año, según los resultados expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la abstención electoral se incrementó, pues pasó del 39,44% hace cuatro años a 40,91% en estos comicios.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario resaltar la importancia de la estabilidad para un sistema de partidos, es decir, su capacidad para mantenerse funcional y resistir perturbaciones o crisis que puedan surgir. Algunos elementos clave que contribuyen a la estabilidad de los sistemas políticos incluyen: la legitimidad del sistema político para que los ciudadanos puedan percibir que el gobierno tiene el derecho y la autoridad para gobernar. La presencia de instituciones políticas fuertes y eficaces que puedan garantizar de manera correcta la entrada y salida de demandas hacia el Estado con sus respectivas soluciones.
Esto incluye a los partidos políticos, cada vez más ineficientes y sin carácter en las regiones del país donde la democracia funciona a partir de la compra de votos y las directrices de los clanes políticos. Además, la participación ciudadana, esta debe ser activa y significativa, puesto que, cuando los ciudadanos sienten que tienen la oportunidad de influir en las decisiones políticas, es más probable que respalden el sistema.
En concordancia con lo anterior, para mitigar la crisis del sistema de partidos, será necesario partir de los preceptos ya expuestos y direccionar el funcionamiento de estos hacia la estabilidad, porque actualmente con las características del sistema, la crisis se fortalecerá. La confluencia de distintas ideologías y corrientes representadas por los partidos tradicionales que no agrupan a todos los colectivos, el dinamismo de los líderes pululando de un sector político a otro, la corrupción, el clientelismo, la sectorización del poder a través de los clanes políticos, actúan como herramientas para la fragmentación de los partidos a nivel interno y a la vez generan una falsa lealtad al partido como institución al punto de pasar de un espectro político a otro sin repercusiones o sin dimensionar las afecciones que le provoque a la democracia.