Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro en agosto de 2022, las tensiones internas dentro del gabinete comenzaron a hacerse evidentes en la medida en que la necesidad de articular una mayoría legislativa chocaba con las expectativas de los sectores más radicales de sus bases políticas.
A lo largo de estos dos años y medio, los equilibrios dentro del Ejecutivo han sido frágiles, marcados por constantes remezones ministeriales y la disputa entre el pragmatismo político necesario para la gobernabilidad y la presión de las bases que exigían una transformación estructural y coherencia ética frente a las dinámicas transaccionales.
En este contexto, el Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025, emitido en televisión nacional —y al que ya le hicimos un análisis exhaustivo desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad—, junto con sus repercusiones, no fueron un evento aislado, sino la expresión de una crisis orgánica latente que, con el paso del tiempo, terminó por explotar en una serie de renuncias y cambios estratégicos que ahora mismo están redefiniendo el rumbo del gobierno.
La crisis ministerial desatada a raíz de este Consejo no solo puso de manifiesto la debilidad estructural del bloque de gobierno en el poder, sino que también dejó ver las contradicciones en la estrategia política del presidente Petro. Desde la radicalización democrática basada en la movilización popular hasta la actual apuesta por una nueva versión de la “Unidad Nacional”, la administración Petro ha transitado por un camino en el que la falta de cohesión interna y la desarticulación de su programa han sido factores recurrentes.
Es posible abordar esta crisis desde tres ejes fundamentales: 1). la dificultad del gobierno para mantener un gabinete cohesionado entre sus compromisos con el Congreso y su relación con las bases políticas, 2). el uso de herramientas de coerción y negociación para disciplinar a sus propios sectores, y 3). la ausencia de un programa ideológico coherente que permita articular una acción de gobierno efectiva. Estos elementos están configurando un escenario donde las tensiones internas en el seno del progresismo se han convertido en uno de los obstáculos para la consolidación de un proyecto político estable y duradero.
La crisis orgánica que desveló el Consejo de Ministros
Desde que el gobierno de Gustavo Petro llegó al poder en agosto de 2022, se conocía de antemano que la relación entre los sectores políticos más hacia la izquierda del espectro y los sectores tradicionales que se hicieron partícipes de la campaña iba a ser, en el mejor de los casos, llena de tensiones y disputas por los escenarios de poder dentro del gabinete ministerial.
El papel que cumplía en este caso Gustavo Petro era el de contener las tensiones y construir un programa de unidad que le permitiera gobernar sin mayores rupturas, con un bloque articulado en el Congreso y bajo un derrotero que le permitiera cumplir su Plan Nacional de Desarrollo.
Un buen ejemplo de que esta crisis podía gestarse viene de un pequeño ejemplo de finales de agosto de 2022, cuando María Isabel Urrutia terminó haciendo un viaje hacia la costa para encontrarse con el clan Torres, quien la puso en contacto con el clan Char para algunos proyectos que se van a realizar en Barranquilla y en el departamento del Atlántico. Dentro del Pacto algunas figuras se molestaron, especialmente Nicolás Petro, hijo del presidente —hoy procesado por el presunto ingreso de fondos irregulares a la campaña de Petro en 2022—, y Agmeth Escaf, congresista electo por ese departamento, quien un mes antes, al inicio de la primera legislatura, le quitó la presidencia de la comisión séptima de Cámara a María Fernanda Carrascal sin haberlo pactado antes y saltándose los acuerdos preestablecidos.
No obstante, aquel gobierno de unidad sólo duró 8 meses. Para el momento en el que sucedió el primer remezón ministerial, en abril de 2023, se pudo ver que la influencia de Sarabia y Benedetti en el gabinete era mucho más profunda de lo que parecía en un primer momento. La salida de los ministros del llamado “centro independiente”, como Alejandro Gaviria del Ministerio de Educación y Cecilia López como ministra de Agricultura mostraron que el gobierno, en un primer momento, había elegido gobernar con sus grupos políticos más cercanos y se había lanzado a la radicalización democrática en las calles como estrategia para presionar al Congreso para la aprobación de sus reformas, luego de que con el remezón también se rompiera la coalición y el Partido de la U, junto con el Partido Conservador, se volcaran hacia la independencia.
No obstante, las fracturas en el seno de su propio bloque se habían agudizado, con manifestaciones en la coyuntura durante la campaña a las elecciones locales de Bogotá, donde la unidad del Pacto Histórico estuvo a punto de fragmentarse durante la construcción de las listas para el Concejo y en medio de la disputa entre las precandidaturas de Carlos Carrillo, Heidy Sánchez y Gustavo Bolívar, pero también en medio de los posteriores remezones ministeriales, donde el gobierno ha tendido a sacar figuras que le han cuestionado de alguna u otra manera en su ejercicio. Tal es el caso de Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación.
Aunque ya estaba cantado el remezón ministerial que sucedería a inicios de este año (entre enero y marzo), la crisis desatada tras el Consejo de Ministros emitido el martes 4 de febrero terminó por desvelar la crisis interna que el gabinete venía acumulando desde hace dos años y medio. A la primera serie de renuncias, como las de Jorge Rojas al DAPRE; la secretaria jurídica de Presidencia, Paula Robledo; y la de Juan David Correa al MinCultura el 5 de febrero, se sumó la de Susana Muhamad, MinAmbiente, el domingo 9 (rumorada en medios desde el viernes 7), así como la de Gloria Inés Ramírez, MinTrabajo, y una declaración final del presidente Petro, quien pidió la renuncia protocolaria de todos los ministros y ministras, además de los cargos directivos dentro de presidencia.
Según Revista Semana y Noticias Caracol, Petro aceptaría potencialmente las renuncias de Francia Márquez, de Andrés Camacho, de Alexander López y de Gustavo Bolívar, lo que implicaría que este remezón ministerial sacaría una buena parte de la representación que tiene Soy porque Somos, Polo Democrático, y varios bloques de la Colombia Humana, sumados a la salida de Gloria Flórez, que saca a parte de la cuota del Partido Comunista y a Muhamad, que saca a otro sector de la Colombia Humana, junto con la salida de Jorge Rojas.
No hay que interpretar esta crisis orgánica solamente como una manifestación de un desacuerdo con la presencia de un funcionario acusado presuntamente de corrupción y falta de transparencia, sino que hay que interpretar esta crisis orgánica desde 3 ideas.
La primera, es la incapacidad del gobierno para cohesionar su gabinete (y sus propios intereses) entre la necesidad de mantener dinámicas pragmáticas con el Congreso y con otros sectores gremiales y políticos y mantener a sus bases políticas de izquierda.
La segunda tiene que ver con el uso de herramientas de coerción para disciplinar a sus sectores más leales y procesos de negociación con los sectores tradicionales.
La tercera, que la falta de coherencia ideológica y la primacía de intereses particulares políticos dentro del mismo, junto con la desarticulación ministerial, han impedido que exista una visión en conjunto que se traduzca en ejecución. El Pacto no era (ni ha sido) un proyecto uniforme, ni tampoco hay un programa de gobierno más allá del Plan Nacional de Desarrollo que estableciera puntos en común entre los diferentes actores que la componen a nivel legislativo y ejecutivo.
La nueva Unidad Nacional, esta vez ambientada en el progresismo
A partir de allí, con la urgencia del tiempo (queda año y medio de gobierno, atravesados por la época de precampaña y campaña electoral, que comienza en marzo), con cifras bajas de ejecución y recortes presupuestales, el gobierno Petro decidió dar un volantazo agresivo hacia un reencauche de un gobierno de Unidad Nacional que, de antemano, termina por agotar su idea de Acuerdo Nacional.
Este gobierno de Unidad Nacional —similar al bloque de partidos con el que Juan Manuel Santos gobernó entre 2014 y 2018, que incluía a sectores de izquierda y que buscaba, entre otras cosas, la aprobación del marco legal del Acuerdo de Paz— busca articular diversas fuerzas para sostener su proyecto político a través de concesiones políticas, en un momento donde el gobierno percibe que el principal elemento a mostrar de cara al panorama electoral serán las reformas que logre aprobar de aquí, al menos, a final de 2025, con la salvedad de que es probable que la agenda legislativa se modifique y ralentice con el panorama preelectoral.
En otras palabras: el gobierno nacional termina por consolidar un viraje desde su estrategia de movilización y radicalización democrática hacia nuevas políticas de negociación con sectores tradicionales para mantenerse como opción de poder hacia 2026 y mover sus reformas en el congreso, concibiendo la posibilidad de que las cifras de ejecución de su Plan de Desarrollo no sean tan altas y aquello genere fuertes cuestionamientos sobre el núcleo de su programa político.
Según La Silla Vacía, esta nueva Unidad Nacional ha estado ambientada tanto por Juan Fernando Cristo, MinInterior (quién renunció hace pocas horas a su cargo en el ministerio, de manera irrevocable) y por el mismo Armando Benedetti, quien fue el mismo que construyó el documento de cifras de ejecución de los compromisos con los concejos de Gobierno al Pueblo con las que luego el presidente comenzó a hacer revisión y a hacer reclamos a sus ministros en el Consejo transmitido el martes pasado, con aquel fin de rearmar al gobierno y abrir cuotas a los partidos en los ministerios.
No obstante, la fractura que genera en el seno de la izquierda para poder tener argumentos de base para integrar a estos sectores políticos tradicionales hace que la búsqueda de este acuerdo desdibuje su identidad política, lo que termina generando la impresión en la opinión pública de que la búsqueda por un gobierno mucho más pragmático y con suficiente capacidad de movilizar votos en el Congreso terminó “degenerando” el llamado “Proyecto del Cambio”.
A corto plazo, este volantazo estabiliza al gobierno, puesto que permite que con negociaciones de carteras con los partidos y representación en el ejecutivo se destrabe la relación con el Congreso (que quedó afectada en diciembre de 2024), pero debilita su capacidad de representar aquella idea del “Cambio” a largo plazo, puesto que desplaza al gobierno y a su partido hacia la integración total dentro de las lógicas políticas transaccionales a las que el mismo Petro, cuando fue candidato en 2018 y 2022 se opuso en campaña.
Para algunas figuras dentro del Pacto, este viraje hacia las dinámicas transaccionales debe entenderse desde la necesidad de la supervivencia del proyecto político del progresismo en un escenario electoral desfavorable, y aducen que Petro está realizando un ejercicio propio de estrategia política, en el que el caos es indispensable para reformular, purgar y recomponer las estructuras de la democracia colombiana. Personas como el influenciador Levy Rincón señalan que esta crisis es necesaria para contraponerse al “fascismo”, derrotar a las élites y oligarquías nacionales y demostrar que la democracia es disputa y consenso.
Por otro lado, también desde las bases del progresismo se habla de la necesidad de “limpiar” al gobierno de los intereses de quienes van a lanzarse, tal como lo señaló Hollman Morris, gerente de RTVC, así como otros sectores señalan que en realidad aquella ruptura jamás ha sucedido y la salida de estos ministros se da por mera estrategia electoral para no inhabilitarse electoralmente, ya fuese porque serían precandidatos o porque serían fórmulas a Senado y Cámara.
Sin embargo, este volantazo hacia un nuevo acuerdo de Unidad Nacional termina por tener efectos dentro del mismo gobierno, especialmente en la tensión entre la reproducción de las mismas lógicas que sostienen al sistema político colombiano y los procesos de transformación más profundos que contravienen estas lógicas. También terminan desplazándose las tensiones políticas existentes, en tanto el gobierno termina redefiniendo las normas del debate político en su interior, bajo nuevos criterios de lealtad y criterios de inclusión y exclusión que terminan por reconstruir la red de actores que sostiene su gobierno, y porque termina marginando a los elementos que —considera— pueden afectar sus objetivos, en una mirada instrumental de la política.
Pero, más aún, queda de manifiesto que el gobierno tiene interferencias entre su propia lógica y la lógica del bloque de partidos, pues no posee autonomía funcional respecto a la coalición de gobierno que lo llevó al poder (aunque esos partidos ya estén en la independencia), lo que lleva a que, al final, exista una disrupción en su ejercicio del poder y su toma de decisiones.
La legitimidad será la moneda de cambio y el recurso esencial de las izquierdas de cara a 2026
Aunque aun no es posible medir los efectos que tiene este viraje en la dinámica de los partidos de izquierda a nivel interno, sí es cierto que la crisis ministerial sí tiene ecos tanto en la construcción del Pacto Histórico como partido, como en la posibilidad de que el proyecto de unidad termine disgregándose en nuevas facciones frente al progresismo.
También es cierto que la idea de legitimidad podría ser la principal estructura narrativa y argumentativa con la que las diferentes izquierdas se lanzarán al ruedo electoral próximamente. Tanto en las cartas de renuncia de Gloria Flórez como de Juan David Correa, así mismo como las declaraciones de Muhamad, Márquez y López en el Consejo de Ministros, está claro que la disputa es por los criterios éticos que deben movilizar a un proyecto político alternativo para cumplir sus promesas, del mismo modo que tampoco se manifiesta una ruptura total con el proyecto mismo del progresismo, pero sí con la idea de que los elementos más cuestionables del ejercicio de la democracia sean los únicos válidos para detentar y sostenerse en el poder.
Aun así, la mayoría de las bases partidistas que hacen parte del proyecto del Pacto Histórico han cerrado filas entorno a la decisión del presidente y han justificado que cualquier medida es necesaria para garantizar que se siga cumpliendo el plan de gobierno. Así lo dijo Alejandro Ocampo, representante del Pacto Histórico, luego de conocerse el remezón ministerial ordenado por el gobierno nacional.
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