De nuevo el ELN para el Chocó

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

Nuevamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mediante Comunicado Público del Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, del 15 de febrero de 2025, decretó para el sur del departamento de Chocó, en la región del San Juan, un paro armado de 72 horas. Este irá desde el martes 18 de febrero hasta el viernes 21 del mismo mes.

Los paros armados son una vieja táctica de guerra, muy utilizada por el ELN en la región del Chocó, con la que ha buscado ejercer dominio territorial y protegerse de las agresiones armadas de otros grupos en medio de la guerra. En los dos últimos años han sido siete los paros armados de está guerrilla en el departamento; y ahora inaugura el 2025 con uno más.

Lo hace en la región del San Juan en Chocó, que es un territorio estratégico para los diversos grupos criminales que lo recorren y habitan. Desde él es posible comunicarse con el puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca, transitar a la región del Eje Cafetero y llegar con relativa facilidad a la capital paisa.

Por este territorio pasa buena parte de la cocaína que se exporta al exterior y los insumos que entran para su producción por el océano Pacífico. Además se extraen importantes rentas provenientes de la minería ilegal —como oro y otros metales valiosos—. También se viene explotando y comercializando de forma ilegal madera.

De allí que desde el 5 de febrero —justo en el momento en el que ELN vive otros conflictos armado en la región del Catatumbo, con el Frente 33 de la Disidencia de las Farc y con la Fuerza Pública colombiana— el Frente Ernesto Che Guevara viene enfrentándose con la subestructura San Juan del ‘Clan del Golfo’ o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en el municipio de Medio San Juan.

Una guerra a la que se le ha unido la Disidencia de Iván Mordisco, con la que se confirma que en todos los lugares, donde tengan presencia estos tres grupos —ELN, AGC y Disidencias de Iván Mordisco— se podrán tener confrontaciones armadas. Una guerra caracterizada por las alianzas estratégicas para enfrentar a sus enemigos.

El ELN considera que la Fuerza Pública, a pesar de contar con 340 efectivos en la subregión, no ha actuado como debiera en este conflicto. Este mantiene —según el Comunicado Público del 15 de febrero— una “publicidad engañosa” y responsabiliza al Ejército Nacional de la crisis humanitaria que se tiene.

Hasta la fecha el número de víctimas de este otro foco de violencia en el país ha sido 3.400 personas desplazadas —217 familias— y  un confinamiento forzado de entre 9 mil y 12 mil personas —2000 familias—. Pero dada la declaratoria de paro armado, está semana será todo el territorio el que se convertirá en víctima de la violencia —Itsmina, Nóvita, Sipí, Medio San Juan y Litoral de San Juan—.

En consecuencia, podríamos decir que con las actuaciones del ELN en Chocó se está gestando un nuevo “Catatumbo” en el país. La región del San Juan, al igual que todo el departamento, viene configurándose como un territorio donde se intensifica el conflicto armado por la lucha por las rentas ilegales.

Entre las múltiples problemáticas que genera esta guerra, como siempre, está los daños a la población civil, a ella se le vulneran de forma constante los derechos humanos. Un territorio que puso en 2024 a, por lo menos, la mitad de las víctimas del confinamiento forzado en el país —según el registro nacional fueron 20.720 de los 43.047 en todo Colombia—.

Y peor, es una problemática que tiende a agravarse, pues los instrumentos de poder que se usaban para el control o reducción del conflicto están desapareciendo. Entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, el Gobierno nacional usaba la presión de tener una mesa de diálogos con el ELN como estrategia para reducir este tipo de acciones, pero el fin de los diálogos de paz le ha quitado este recurso.

Además los acercamientos entre el Gobierno nacional con el Clan del Golfo y la Disidencia de Iván Mordisco —son débiles en el primer caso e inexistentes con el segundo—. Y si se lograra un acuerdo parcial de ceses al fuego, los efectos podrían ser pocos, pues no operarían para la guerra que se vive entre el ELN con estas estructuras armadas.

Ante esta situación, lo primero que hay que hacer es pedir con urgencia la presencia del Estado y sus múltiples agencias. Debe solicitarse un diálogo permanente entre el Gobierno central y los departamental del Chocó y locales. Y debe trabajarse en lograr la presencia de los organismos de protección y defensa de los derechos humanos.

Lo segundo es recurrir, paradójicamente, a la benevolencia de los mismos actores armados ilegales para que estos no se ensañen contra la población. El ELN, quien habla de un paro armado para la “defensa del territorio, las comunidades y sus poblaciones” (ELN, Comunicado Público del 15 de febrero de 2025), debe entender que la mejor manera de proteger la población es no confinarla, pues hacerlo violenta todas sus seguridades humanas —física, alimentaria, etc.—.

Por último, como sociedad civil —y allí están los medios de comunicación, las ONG, las organizaciones de base, entre otras— debemos unirnos para criticar a los grupos armados que están en el territorio por cualquier tipo de violencia contra la población. Denunciar, por ejemplo, al reclutamiento de menores, condenar el uso de minas antipersona —el 80% del territorio está afectado por estos instrumentos de guerra— y no aceptar ni el desplazamiento y ni el confinamiento forzado.

Debemos unirnos como país para cuidar a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Debemos exigir a la Fuerza Pública y las organizaciones del Estado su presencia, al igual que las organizaciones internacionales —como la Organización de Estados Americanos (OEA)— para que defiendan a la población. Finalmente, debemos insistir en que los grupos armados se comprometan con el no atropellamiento de la territorialidad. No debemos admitir un segundo “Catatumbo” este año.

* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.