Por: Oscar A. Chala Padilla y Diego Alejandro Pedraza
investigadores de la línea de Democracia y Gobernabilidad
Los juicios a los presidentes no han sido una constante en la Colombia que se levantó después de la constitución de 1991. Por el contrario, son contados los casos en los cuales los procesos han llegado hasta las manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Casos rutilantes, como el juicio a Samper en medio del escándalo de la “narcopolítica”, son intentos únicos en medio del panorama de omisión de juicio que ha campeado por la política colombiana. En este caso, el sistema privilegia al presidente en clave de la negociación legislativa y de las prebendas que este puede entregar a la estructura del congreso.
Los juicios antes y después de la constitución de 1991
Es claro que después de la constitución de 1991 los juicios, las investigaciones, las copias de procesos y el papel de la Comisión de Acusaciones fueron creciendo progresivamente. Casi todos los presidentes que han pasado desde ese entonces han tenido que afrontar procesos en contra, por cuenta de una u otra cuestión que atañe a su papel como máximo dignatario de la nación.
Sin embargo, los casos se han quedado en investigaciones donde la Comisión de Acusaciones ha dirimido y archivado, con la celeridad que requiera el dignatario, no sin antes llevarse consigo una prebenda para repartir. Ahora bien, la pregunta que queda sobrevolando en el espectro es: ¿Qué pasó antes de 1991?
El juicio a Rojas Pinilla
Fuente: El Tiempo
Para datar los años previos a la constitución del 91 debemos ir hasta Rojas Pinilla, quien ha sido el único caso rastreable de un juicio político en contra de un exmandatario. Lo curioso del caso es que a Rojas Pinilla no lo juzgaron por su actuar como presidente de Colombia entre 1953 y 1957, sino que lo juzgaron como ciudadano durante el mandato de Alberto Lleras Camargo.
La razón no fue otra que el miedo que despertaba “El General” en las huestes de los partidos tradicionales que se repartían el poder en lo que se conoció como el Frente Nacional. Rojas aparecía en el panorama como una figura política populista y movilizadora, que era capaz de recoger buena parte de la población descontenta ante tanta violencia que asolaba y recogía a los partidos tradicionales.
El juicio en contra de Rojas Pinilla se dio por delitos cometidos durante su mandato, siendo él el único acusado, en un proceso que comenzó con la creación de la Comisión Nacional Asesora de Instrucción Criminal el 21 de mayo de 1957, la cual nació para elaborar los expedientes de los funcionarios acusados por mala gestión gubernamental.
Como todo en Colombia, esta comisión se demoró en entrar en funcionamiento y mucho más en presentar lo que serían las pruebas contra Gustavo Rojas Pinilla. Alberto Valencia, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, cuenta en su libro “La invención de la desmemoria” lo que fue el juicio contra Rojas Pinilla de la siguiente manera:
“El 2 de septiembre de 1958, la Cámara de Representantes recibe un informe parcial de esta comisión en el que se presentan once cargos, que serán completados con otros durante los meses siguientes. No obstante, las acusaciones contra Rojas Pinilla van mucho más allá́ de los que presenta esta Comisión y, por consiguiente, los debates que se dan en el Senado de la República no se limitan simplemente a considerar los cargos formales, sino también los que proceden de la prensa, de otras instituciones estatales o de sectores de la sociedad civil”.
Posterior a este proceso, se acusó a Rojas Pinilla de abuso de autoridad, indignidad por mala conducta e intervención directa en la liberación de convictos. La comisión sustanciadora fue una comisión especial que sería la semilla que germinaría la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
La acusación, como ordenaba la constitución de 1886 se remitió al Senado de la República, que terminó condenando a Rojas Pinilla y retirándole los derechos políticos, creyendo el poder tradicional que con esto sería suficiente para detenerlo.
“El General” volvería al ruedo en 1970, para enfrentarse una vez más al poder de los partidos tradicionales. Mientras tanto, la Comisión Accidental que se creó para este caso dio paso a una comisión formal que se convirtió en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el poder se mantuvo igual, en medio del bipartidismo y los poderes tradicionales.
Los años de la omisión
Fuente: El Heraldo
Tras el juicio a Rojas Pinilla, se inició un período caracterizado por la omisión. Los partidos tradicionales establecieron acuerdos tácitos de "no agresión", permitiendo que el Congreso y sus miembros mantuvieran una tregua sin ejecutar acciones contra el gobierno.
Esta etapa, que se extendió desde Alberto Lleras Camargo en 1958 hasta César Gaviria en 1994, se distinguió por investigaciones menores, procesos archivados y una Comisión de Acusaciones limitada ante el poder político establecido por la tregua entre los líderes de los partidos.
El pacto entre liberales y conservadores era evidente, primando el intercambio burocrático sobre la responsabilidad inherente a sus cargos.
La Comisión de Acusaciones, creada para ejercer control político sobre el presidente, permaneció inactiva ante casos significativos. Entre estos se cuentan la responsabilidad de Belisario Betancourt en la retoma del Palacio de Justicia, las desapariciones y represión durante el estatuto de seguridad de Julio César Turbay, y los rumores de financiación del narcotráfico en campañas presidenciales.
Samper y el proceso 8000
Fuente: Revista Semana
El Proceso 8000 durante el gobierno de Ernesto Samper marcó un punto de inflexión en el papel de la Comisión de Acusaciones frente al ejecutivo. Las alegaciones de financiación del narcotráfico a la campaña presidencial de Samper pusieron en crisis la institucionalidad y el orden político del país.
El Capitolio se polarizó entre quienes buscaban condenar al presidente por la presunta infiltración del narcotráfico en su campaña y quienes pretendían respaldarlo, más por preservar la institucionalidad que por apoyar a Samper personalmente.
El caso llegó a la Comisión en medio de una intensa tensión política. El país se enfrentaba a la posibilidad de que el gobierno hubiera sido elegido con fondos del Cartel de Cali, lo que generó una profunda división en los partidos y dejó al presidente en una posición vulnerable ante las acusaciones.
Los detalles exactos de lo ocurrido siguen siendo inciertos. Lo que se sabe es que el gobierno de Samper resistió la crisis, y el voto decisivo del congresista Heyner Mogollón evitó lo que podría haber sido un colapso institucional.
Las negociaciones internas en la presidencia y el Congreso permanecen en la sombra. Lo que quedó claro para la opinión pública fue la persistente influencia del narcotráfico en la política nacional, aparentemente capaz de pasar de influir en elecciones legislativas a las presidenciales.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Samper no fue condenado y el gobierno se mantuvo estable. Este caso, aunque más visible que los anteriores, terminó siendo otro ejemplo de omisión en la función de control político.
El regreso de la omisión
Fuente: El Espectador
Tras el fallido intento de juicio político a Samper, la Comisión de Acusaciones volvió a su patrón de inacción frente a los presidentes. Los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque enfrentaron señalamientos y cuestionamientos, pero ninguno fue sometido a un proceso judicial formal para responder por sus actuaciones o las de sus administraciones.
Escándalos significativos como la parapolítica, los controvertidos resultados del proceso de paz del Caguán, o las implicaciones del caso Odebrecht no lograron romper el aparente pacto de silencio entre partidos políticos. El Congreso mantuvo su postura de no intervención frente al poder ejecutivo.
Esta situación persiste debido al control que los partidos políticos mantienen sobre la Comisión de Acusaciones y los procesos contra la figura presidencial. Las deliberaciones se realizan a puerta cerrada, mientras que las actuaciones públicas suelen carecer de consecuencias concretas. El sistema parece priorizar los intereses burocráticos y electorales sobre la función de control político.
Para Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, es el transaccionismo político lo que empaña la labor de la Comisión de Acusaciones, que en un tiempo ha sido conocida en el mundo de la política como “Comisión de Absoluciones”: “En un sistema presidencialista, en teoría se entiende que el Congreso es un órgano de control. Entonces, naturalmente, es el Congreso como representación política de la sociedad el que tiene que hacerle control político al presidente, por lo que no habría ningún problema, si no fuera porque el sistema político colombiano realmente no funciona virtuosamente, sino que tiene unos mecanismos oscuros con los que se hace toda la transacción política”.
Los cuestionamientos a la campaña presidencial de Petro 2022
Fuente: La Silla Vacía.
La campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 se encuentra bajo escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE) por múltiples irregularidades financieras. Entre las más destacadas está la donación de 500 millones de pesos por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que, según la investigación, se utilizó para pagar servicios de estrategia electoral a la empresa Ingenial Media, contradiciendo las declaraciones iniciales sobre su destino. Este manejo de fondos sugiere una posible "triangulación de recursos" para evadir obligaciones legales, según señala la ponencia del CNE.
Otro aspecto controvertido es el pago a testigos electorales. Se han documentado giros por más de mil millones de pesos para remunerar a unos 35,000 testigos en primera y segunda vuelta, utilizando plataformas como Supergiros y Su Red. Sin embargo, el origen de estos fondos no está claro, ya que no coinciden con los contratos reportados oficialmente por la campaña. Además, se omitió reportar una donación de $530 millones de pesos de Colombia Humana destinada a gastos logísticos para los testigos electorales, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en el manejo de los recursos.
La investigación también ha revelado discrepancias en los gastos de transporte aéreo. Se encontraron indicios de manipulación en los pagos a la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), con facturas emitidas y posteriormente anuladas, que sugieren un intento de ajustar las cifras para no superar los límites de gastos establecidos. Asimismo, hay inconsistencias entre los permisos aéreos reportados por la campaña y los registrados por la Aeronáutica Civil, lo que podría indicar un ocultamiento de servicios no declarados.
Por último, se han detectado irregularidades en el reporte de otras donaciones y gastos. La donación de 600 millones de pesos por parte de la Unión Sindical Obrera (USO) no fue reportada, violando además la prohibición de aportes de personas jurídicas. También se encontraron discrepancias en los pagos por el alquiler del Movistar Arena para la celebración de la victoria, donde aparentemente se ocultaron 100 millones de pesos del costo total.
Estas revelaciones, contenidas en la ponencia que presentaron Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada en mayo de 2024 ponen en tela de juicio la transparencia y legalidad del manejo financiero de la campaña de Petro, y plantean serios cuestionamientos sobre el cumplimiento de las normas electorales vigentes.
Esa ponencia iba a ser votada esta semana, pero los magistrados del Consejo Nacional Electoral tomaron la decisión de remitirla a estudio por parte de todos los magistrados, antes de tomar la decisión de remitirla a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y de iniciar el proceso contra Ricardo Roa, exgerente de campaña.
La composición de la Comisión de Acusaciones para este período (2022-2026) en el Congreso
Para este período, la Comisión de Acusaciones que se encargará de un potencial proceso contra el presidente Petro está compuesto de la siguiente manera:
La bancada de gobierno tiene 9 congresistas de los 18 que componen la comisión, mientras que la oposición tiene 4 representantes y los independientes tienen 5. Este desequilibrio ha llevado a que en el análisis se cuestione si la Comisión de Acusaciones tendría realmente la independencia y capacidad de poder llevar el juicio contra el presidente Petro.
¿Cómo se compone y quién elige al Consejo Nacional Electoral que tiene investigada la campaña Petro?
Según el artículo 264 de la Constitución Política de Colombia, se eligen a 9 magistrados postulados por los diferentes partidos políticos con personería y presencia en el Congreso de la República, para un período de 4 años. Con la firma de los acuerdos de paz, hay un magistrado transitorio, que es nombrado por el partido Comunes, quien tiene voz, pero no voto dentro de las decisiones que tome el CNE.
Para estos 4 años (2022-2026) El Congreso eligió a los siguientes 10 magistrados:
Por lo que la bancada de gobierno tiene en el papel presencia con 6 magistrados (Pacto Histórico, Polo Democrático, Liberales, Comunes y Verdes), la bancada de oposición tiene representación con 2 magistrados y los partidos independientes tienen también 2 magistrados. No obstante, Benjamín Ortiz, exsecretario del CEN y nominado por los liberales, es distante del gobierno, pues fue quien el mes de mayo de 2024 formuló pliego de cargos, junto con Álvaro Hernán Prada, hacia la campaña Petro presidente 2022.
De estos magistrados, pesan cuestionamientos sobre César Lorduy, tal como lo hemos reseñado en la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), debido a su cercanía con el clan Char, además que es acusado de presuntamente ser el autor del asesinato de Alicia Mercedes Ribaldo en 1979, de la que no existe ningún proceso judicial formal abierto. Por este tema la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, por el partido Dignidad y Compromiso, demandó que Lorduy estuviera fuera de un espacio en el que se estaba hablando sobre la lucha de las sufragistas colombianas y el voto femenino alcanzado durante el gobierno de Gustavo rojas Pinilla.
Del mismo modo, Álvaro Hernán Prada, quien es ponente de la investigación contra la campaña Petro, está cuestionado por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente hacer parte de una red que buscaba torcer los testimonios de testigos a favor de Álvaro Uribe Vélez.
A modo de conclusión
La conformación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara y de las magistraturas del Consejo Nacional Electoral pueden terminar favoreciendo al presidente, pues tiene suficientes mayorías para que los procesos por los que se le acusan sean prescritos o votados negativamente en ambos escenarios.
Para Laura Bonilla, las variables crecen cuando se observa la coyuntura misma del presidente ahora mismo: “en el balance, en la ecuación, el presidente tiene fuerza hoy, no tiene una popularidad negativa. Los congresistas que están en la comisión de acusaciones no se le medirían simplemente a perderlo todo a favor de un presidente que todavía puede cumplirles, con el que todavía hay un margen importante de negociación.” Señaló.
No obstante, el proceso que vive el país ahora mismo frente a la posibilidad de un juicio al presidente marcaría potenciales tendencias al futuro. Bonilla agrega: “puede que eventualmente en un futuro, con ciertas condiciones y variables, a un presidente le toque vivir en la Comisión de Acusaciones una condena, debido a que lo han vivido otros países latinoamericanos (en una lectura comparada). Además, puede que exista una reforma política que le dé demasiado poder al congreso —incluso más del que tiene hoy— que le quite poderes al Ejecutivo y que desbalance esa delicada ecuación”.
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