Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
En medio de la crisis de seguridad más fuerte en la historia de la región del Catatumbo y en uno de los momentos de violencia más duros del país en las últimas dos décadas, el Gobierno nacional se ha propuesto transformar económica y socialmente a esta región. Esto como una forma de atender la emergencia humanitaria y atacar de raíz los problemas estructurales del territorio.
Para lograrlo, el Gobierno ha dispuesto una serie de decretos —nueve en total hasta el momento—, entre ellos, uno inicial de Conmoción Interior —el 0062 del 24 de enero de 2025— con los que busca gestionar, inicialmente por 90 días y solo para el Área Metropolitana de Cúcuta y de los municipios de Río de Oro y González en el departamento del Cesar, una serie de acciones con las que procurará cambiar la realidad económica y social de este espacio territorial.
Entre las disposiciones, hay unas de implementación inmediata y con efectos observados en el corto plazo. Como las que contiene el Decreto 118 del 30 de enero de 2025, dirigido al control operacional de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, nombrando un comandante militar para que desempeñe ocho funciones específicas. Cuyo objetivo se puede sintetizar en reducir la violencia armada y brindar seguridad a la población que habita el Catatumbo.
Es decir, el Gobierno pretende, mediante la creación de un mando unificado, con control operacional de la Fuerza Pública, garantizar la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Convirtiendo a esta norma en la más urgente y prioritaria para retomar el control territorial donde hacen presencia varios grupos armados.
Lo mismo pasa con las disposiciones establecidas en el Decreto 120 del 30 de enero de 2025, propuesto por el Ministerio de Transporte y que habla sobre movilidad. En este decreto —complementario al 118—, se dispone la necesidad de garantizar para el Catatumbo la operación normal del transporte público. Lo que lleva a tomar medidas para que, en este servicio, se establezcan rutas, frecuencias y horarios que mejoren la seguridad de pasajeros y transportadores, y se eviten bloqueos y ataques a vehículos.
Lo mismo pasa con el Decreto 117 del 30 de enero de 2025, propuesto por el Ministerio de Turismo, con el que busca impactar, de manera rápida, a este sector. No con el fin de llevar personas a visitar estos lugares, sino que los empresarios no abusen de las necesidades de la población. En este sentido se pretende entregar recursos para atender temporalmente a la población desplazada; ofrecer incentivos tributarios a hoteles y operadores turísticos para que ayuden con el alojamiento gratuito; y tener mayor control tarifario en la prestación de los servicios turísticos.
Dentro de los decretos también hay unos de implementación inmediata pero con efectos más en el mediano plazo. Como el que plantea el 121 del 30 de enero de 2025, asociado al Ministerio de Vivienda y relativo al acceso al agua potable, el saneamiento básico y la vivienda digna. Con él se busca garantizar a la población desplazada —que rondan los 50 mil seres humanos— el acceso a estos servicios, en especial a las zonas afectadas. De allí que se autorice al Gobierno nacional a intervenir en la infraestructura de acueducto y alcantarillado ante fallas institucionales.
En esta misma lógica, están las medidas de protección laboral y de empleo. El Decreto 119 del 30 de enero de 2025 faculta al Estado para que apoye a los empleados públicos y también a sectores donde sea viable el trabajo remoto como forma de reducir la exposición a riesgos e inseguridades. En este sentido hay apoyos para destinar el auxilio de transporte a empleados y garantizar la conectividad digital y continuidad laboral. También se adoptan medidas para evitar despidos masivos y proteger la estabilidad del empleo en la región.
Finalmente, figuran, entre los nueve decretos, tres en los que tanto la implementación como las consecuencias se verán solo en el mediano y largo plazo. Estos son los que más cuidado hay que poner, pues son los que mayor efecto tendrán en la población; incluso, debido a la difícil implementación, podrían convertirse en la justificación para proponer una prórroga o alargamiento de las medidas de emergencia, hasta por seis meses más.
El primer decreto es el de protección de tierras y territorios. El 108 del 29 de enero de 2025 establece mecanismos para evitar la concentración irregulares de tierras en la zona afectada, tratando de evitar que ante el desplazamiento se apropien los oportunistas de los predios de los pequeños productores y campesinos. Además se insiste por parte del Estado en agilizar la titulación de tierras para víctimas del conflicto y excombatientes en proceso de reincorporación.
Está medida es muy apropiada y además atiende directamente la reforma rural integral que se propone en el Acuerdo de paz con las exFarc. Una acción que es fácil pensar pero que ha resultado de difícil implementación en Colombia, en especial, en territorios donde la ilegalidad y la informalidad es lo característico. De allí que será más compleja su implementación en tres meses.
Algo similar ocurre con el Decreto 107 del 29 de enero de 2025, relativo a la seguridad alimentaria y protección de cadenas productivas. Está norma busca, con acciones estatales, garantizar la producción agrícola y evitar el desabastecimiento en la región; entregar parte de las contribuciones parafiscales a la estabilización de la producción agropecuaria. Y suspender restricciones en el acceso y distribución de alimentos en las zonas más afectadas.
Finalmente, el Decreto 106 del 29 de enero de 2025 que busca impactar los medios de vida y el financiamiento agropecuario. Lo que se pretende con este importante decreto es crear mecanismos de financiamiento y alivio de pasivos para pequeños y medianos productores agropecuarios; la suspensión temporal de los procesos de ejecución de créditos de fomento agropecuario; y se propone habilitar esquemas de refinanciación de deudas para evitar la quiebra de productores locales.
Estos últimos decretos, como advierto, son los más importantes, pues buscan atender la problemática de fondo. Buscan apoyar a los campesinos, colonos y pequeñas empresas familiares para enfrentar el problema de las tierras, en su uso, propiedad y control. Son medidas adoptadas por el Gobierno nacional y que bien implementadas podrían ayudar mucho a cambiar las condiciones de abandono del Estado e ilegalidad de las actividades económicas.
En todo caso, son medidas que deben complementarse con otras que permitan las transformaciones reales y de largo plazo de la región del Catatumbo. Atender la seguridad, con la entrada de la Fuerza Pública, normalizar los servicios públicos de transporte, vivienda, agua potable y energía. Pero estas acciones son normales y necesarias. Se requiere de otras complementarias con las que se apunte a cambiar la dependencia de la senda del territorio.
El Catatumbo tiene una vocación extractivista minero-energética que hay que considerar —además del tradicional petróleo, se extrae, entre otros minerales, carbón y yeso—. También una alta dependencia de la población de la producción de hoja de coca. Y una vocación agrícola que, aunque importante por las condiciones geográficas —con productos como caña, café y plátano— es poco valorada por la población, debido a las dificultades en el transporte y la comercialización.
En este sentido, hay que tener en cuenta estas vocaciones tradicionales del territorio. Se debe aprovechar el momento para elaborar una hoja de ruta que permita el desarrollo territorial del Catatumbo, que ayude a atacar la inequidad social y económica, aprovechar la riqueza ambiental y avanzar en un modelo productivo sostenible, que vaya más allá de la producción de cultivos ilícitos y dañinos con el ambiente.
Finalmente, hay que tener en cuenta que es prioritario involucrar a la sociedad en las decisiones, para hacer de estos procesos de transformación algo más concertado y democrático. Hay que trabajar de la mano de los actores comunitarios, organizaciones sociales y comunidades indígenas. Incluso hay que buscar vincular a la comunidad internacional y al sector privado, para dejar capacidades instaladas. No hay que repetir la historia de llegar —ante crisis humanitarias—, atender la emergencia y retirarse del territorio. Hay que intervenir para lograr una transformación real y duradera de la región.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.