Por: Redacción Oficina Pares Pacífico
Contexto: La Paz Urbana en Buenaventura, desde los ojos de la Sociedad Civil.
Hablar de paz en un territorio marcado por la violencia, donde la desigualdad y la exclusión social también prevalecen es todo un reto y una necesidad, en especial para la sociedad civil que durante décadas ha quedado en medio de las violencias de grupos armados ilegales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico y economías ilegales en Buenaventura.
A pesar de ello, las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel transcendental: logran visibilizar la situación, poner sobre la mesa los acontecimientos que vive la comunidad bonaverense, alzar la voz y desarrollar acciones para que los tomadores de decisiones avancen e implementen medidas de posibles soluciones.
Además, enfocan gran parte de sus esfuerzos en la construcción de paz en los barrios y las veredas de la mano de las comunidades a partir del desarrollo de procesos colectivos, comunitarios y sociales, permitiendo así que muchos jóvenes de la ciudad tengan la oportunidad de representarse, sentir que pertenecen a una comunidad, ser vistos y demostrar sus habilidades de liderazgo, deportivas, artísticas, académicas, entre otras.
Por esta razón, estas organizaciones hoy están dispuestas a continuar aportando a la construcción de paz en la ciudad, ya sea de la mano de la delegación de gobierno que lidera el espacio de conversación sociojurídico entre Shottas y Spartanos, reconociendo la importancia de articular esfuerzos, o con iniciativas propias como lo han venido realizando todos estos años porque la paz es su principal objetivo.
La paz desde el espacio de conversación sociojurídico
Buenaventura fue el foco de atención de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales a lo largo del año 2021, ¿la razón? Desafortunadamente la violencia, como casi siempre ocurre cuando se decide hablar sobre zonas periféricas como la región pacífico.
En esta ocasión los protagonistas eran los Shottas y Spartanos, dos estructuras del crimen organizado, que anteriormente pertenecían al grupo delincuencial la Local, se declararon la guerra en diciembre del 2020 e hicieron de la ciudad su campo de batalla.
Desde esa fecha se disputan el control territorial en el área urbana de la ciudad, principalmente, y en menor proporción en áreas rurales marítimas y carreteables donde existe presencia de otros actores armados ilegales como el ELN y la Jaime Martines del autodenominado Estado Mayor de Frentes y Bloques.
Esto llevó que el gobierno nacional instalara lo que denominó el espacio de conversación sociojurídica el 18 de julio de 2023 entre Shottas y Spartanos como una medida crucial para abordar alternativas de solución a la violencia que desde el año 2020 tenían confinada la ciudad.
La mesa de conversación sociojurídica en su momento estaba integrada por voceros de las dos bandas y delegados del Gobierno, en los que hacían presencia algunos representantes a la Cámara de la bancada del Valle, sector privado, el Concejo Distrital, crédito público, la academia y un representante de las organizaciones sociales, además del acompañamiento por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz - OACP, hoy Oficina del Consejero Comisionado de Paz – OCCP- y la Iglesia Católica; y su principal apuesta era poner fin a las acciones violentas que se venían ejerciendo en el la ciudad.
En julio del 2024, a casi un año de la instalación del espacio de Conversación Sociojurídica para la Construcción de Paz Urbana en Buenaventura, el comisionado Otty Patiño anunció la llegada de Fabio Cardoso Montealegre como nuevo jefe negociador y el cambio del equipo de la delegación, generando incertidumbre frente al proceso que en sí ya había generado críticas por parte de la comunidad ya que se percibía como un proceso hermético donde la comunicación era insipiente y por tanto, se desconocía en gran medida el estado de la mesa, los avances o retrocesos.
Situación que se esperaba que cambiase y mejorara con el nuevo equipo de delegados, pero que hasta la fecha no ha ocurrido y, desde las organizaciones de la sociedad civil, desconocen si va a ocurrir, debido a que no se han generado los primeros acercamientos o diálogos para explorar caminos de articulación hacia la transformación territorial que es la que propiciaría verdaderos escenarios de paz y para ello el rol de la sociedad civil es esencial.
El rol de la sociedad civil en la construcción de paz urbana.
Frente a estos desafíos, las organizaciones de la sociedad civil han surgido como actores clave en la promoción de la paz urbana, trabajando para reconstruir el tejido social, generar oportunidades para la juventud y ofrecer alternativas a la violencia con acciones noviolentas. Estas organizaciones, que incluyen colectivos comunitarios, asociaciones de mujeres, grupos juveniles, juntas de acciones comunales, ONG’s locales, entre otras, han impulsado iniciativas que buscan mejorar las condiciones de vida de los bonaverenses y fomentar procesos que promuevan la paz y la sana convivencia, además de aportar a la reconstrucción del tejido social que la violencia ha fragmentado.
El papel de estas organizaciones va más allá de la asistencia o la denuncia de violaciones de derechos humanos, son actores que facilitan el diálogo entre comunidades, promueven procesos de reconciliación y reparación, y abogan por políticas públicas más inclusivas. Su trabajo, fortalece el liderazgo local y empodera a grupos históricamente excluidos, como los jóvenes, las mujeres y las comunidades étnicas.
Por su historia, lo que han hecho y las potencialidades que tienen, es menester que tengan un papel más protagónico en el actual proceso de paz urbana que se lleva a cabo en la ciudad. No necesariamente en la mesa sociojurídica, pues se entiende el rol de este espacio, pero si en ese laboratorio de paz que se traslada a toda la ciudad y que tan insistentemente ha anunciado el presidente Gustavo Petro.
Recomendaciones.
Desde la Oficina Regional Pares Pacifico hemos trabajo de cerca con organizaciones de sociedad civil con quienes conversamos sobre las necesidades del proceso de diálogo sociojurídico en Buenaventura, y en ese sentido, presentamos un decálogo de recomendaciones que podrían fortalecer el rol de estas organizaciones en el proceso de construcción de una paz urbana. Considerando el importante rol de las organizaciones sociales, y las comunidades en general, es necesario garantizar una participación más activa y coordinada.
I. Promover el diálogo comunitario inclusivo: Facilitar espacios de diálogo donde diversos actores locales (entre los que se pueden destacar jóvenes, mujeres, comunidades étnicas, empresarios y líderes comunitarios) espacio donde puedan expresar sus preocupaciones y propuestas sobre la construcción de paz en sus comunidades, pues son estos quienes conocen el funcionamiento de las dinámicas al interior de sus territorios.
II.Fortalecer los liderazgos locales: Impulsar la formación y el acompañamiento de líderes y lideresas comunitarios que sean capaces de mediar conflictos, generar soluciones locales y gestionar recursos para la paz. Implementación de mecanismos de resolución de conflicto desde la experiencia de las organizaciones.
III.Articular esfuerzos con las instituciones públicas: esto se produce generando sinergias con las administraciones locales y regionales para implementar políticas públicas que respondan a las necesidades de seguridad, educación y empleo en contextos urbanos afectados por la violencia, incluyendo la implementación de mecanismos como los presupuestos participativos como una herramienta de innovación social que logre el involucramiento ciudadano en la toma de decisiones sobre la asignación efectiva de una parte de los recursos públicos.
IV.Impulsar la justicia restaurativa: Implica implementar mecanismos de justicia restaurativa que prioricen la reparación de víctimas y la reintegración de miembros de estas bandas o personas que han participado en actividades violentas (que no cuenten con procesos legales vigentes), con acciones reales que logren reinsertarlos a la vida civil.
V.Fomentar la economía solidaria y el empleo inclusivo: Desarrollar proyectos productivos que generen empleo digno y sostenible, principalmente para jóvenes y mujeres, como una estrategia para prevenir el reclutamiento en grupos armados y delincuenciales, así como el consumo de sustancias psicoactivas.
VI.Promover una cultura de paz a través de la educación: Implementar programas educativos en escuelas, colegios y organizaciones juveniles que promuevan la convivencia pacífica, la resolución de conflictos y el respeto a los derechos humanos. La escuela como el primer centro de formación, debería fomentar la paz como una alternativa fundamental para el desarrollo de los educandos.
VII.Garantizar la participación efectiva de las mujeres y personas con orientación sexual diversa: Incluir a las mujeres y la comunidad diversa de manera activa en todos los procesos de construcción de paz, reconociendo su rol fundamental como agentes de cambio y su liderazgo en las comunidades.
VIII.Incentivar y promover la veeduría ciudadana: Fomentar la creación de comités de veeduría ciudadana que supervisen la implementación de acuerdos y programas de paz, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los compromisos y garantizando el derecho a la movilización.
IX. Construir alianzas interinstitucionales y con el sector privado: Establecer alianzas estratégicas con ONG’s, academia, agencias de cooperación y el sector privado para fortalecer las capacidades locales y asegurar el financiamiento de iniciativas de paz.
X.Reconstruir el tejido social mediante el arte, la cultura y el deporte: Promover proyectos culturales, artísticos y deportivos que ayuden a sanar las heridas de la violencia, crear lazos de confianza y sentido de pertenencia en la comunidad, así como la reconstrucción del tejido social.
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