Por: Ghina Castrillón Torres
Politóloga feminista, investigadora Pares
Julio ha sido un mes turbulento para el departamento del Valle. Varias ciudades se han visto sacudidas por situaciones de inseguridad y violencia que deben encender una alerta regional para enfrentar el crimen organizado, especialmente en el contexto de la temporada electoral que se avecina.
Tenemos a Buenaventura, con videos de grupos de hombres armados y encapuchados declarándose la guerra; Tuluá, con el asesinato de funcionarias del Departamento Administrativo de Movilidad y de líderes defensores de derechos humanos; Buga, en donde dos hombres fueron asesinados y otras dos personas resultaron heridas en un ataque realizado en un restaurante; Jamundí, que en 48 horas ocurrieron tres ataques con explosivos, dejando una persona muerta y 10 heridas; y también Cali, con el fortalecimiento de “frentes de seguridad” barriales, lo cual debe preocupar dada la esencia que moviliza y argumenta esta acción –recordemos lo que ha significado para el país que particulares pretendan reemplazar el accionar de seguridad del Estado–.
Pero más allá de hacer un recuento de las situaciones concretas, es crucial reconocer que cada ciudad enfrenta su propia realidad de inseguridad y crimen organizado, con distintas estructuras armadas operando tanto en zonas urbanas como rurales. Esta variedad de situaciones demanda una estrategia regional que permita afrontar los desafíos específicos, en lugar de abordarlos con soluciones genéricas que pueden no ser efectivas.
En medio de esta compleja coyuntura, las disputas políticas también han ganado protagonismo. Algunos alcaldes y la gobernadora se han visto envueltos en discusiones mediáticas, la gobernadora Clara Luz Roldán pidiendo la militarización de Buenaventura, aún cuando se sabe que dicha medida no es garantía de seguridad real, y también peleando en redes sociales con un congresista por obras inconclusas diciendo que el congresista está “haciendo su circo” al hablar del tema. El alcalde de Jamundí reportó sobre las primeras capturas por los ataques ocurridos, pero aprovechó también para tirarle su pulla a los sectores políticos que le hacen oposición por “hacer campaña con la tragedia”.
Entre otras cosas, la más desafortunada de las discusiones la protagonizó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y el de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal; el primero hizo una manifestación que se puede interpretar bastante estigmatizante hacia las víctimas que se han visto obligadas a migrar por la violencia en Buenaventura, dado que hace alusión a que “no sólo migra el delito, también las consecuencias, nos llegan desplazados y víctimas”; a lo que el alcalde Vidal le respondió que “en Buenaventura no existe, ni existió un cartel”, haciendo referencia aparentemente al Cartel de Cali que operó en décadas pasadas. ¿En serio se van a medir la vara así en lugar de buscar acciones articuladas?
Es inaceptable que los líderes políticos utilicen la tragedia como herramienta de confrontación. Estas discusiones entre funcionarios solo desvían la atención de los verdaderos desafíos y no contribuyen a generar estrategias unificadas contra el crimen.
Asimismo, es urgente fortalecer la cooperación entre los distintos municipios del Valle y para esto se requieren liderazgos que, en vez de estar cazando peleas innecesarias, estén dispuestos a asumir acciones concretas que garanticen respuestas efectivas para el fortalecimiento institucional, la reducción de la violencia, pero sobre todo la prevención del delito, con especial atención en los y las jóvenes.
Pero en medio de tan difíciles situaciones lo que tenemos son liderazgos señalándose entre sí por quién está peor, pero ¿para cuándo la pelea conjunta contra el crimen organizado?, ¿para cuándo una mirada regional que permita enfrentar la inseguridad que vive el departamento?