Del campo a la ciudad: el conflicto armado se instala en el área metropolitana de Cúcuta.

Por: Oficina del oriente de Pares

Durante años, el conflicto armado en el Catatumbo ha sido una realidad desgastadora para las comunidades rurales de Norte de Santander. Sin embargo, los hechos recientes evidencian que esa guerra ya no se limita a las zonas remotas de la región: está en Cúcuta y su área metropolitana, y en los cascos urbanos de los municipios. Grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), han convertido las zonas urbanas en escenarios directos de confrontación, amenaza, y terror.

Cúcuta no es ajena a esta violencia. En los últimos años, ha sido blanco de ataques que revelan la capacidad de estos grupos para golpear incluso los puntos más custodiados del Estado. Basta recordar el atentado con carro bomba en el cuartel de la Brigada 30 del Ejército Nacional, o el ataque armado contra el helicóptero en el que se desplazaba el entonces presidente Iván Duque, en pleno aeropuerto Camilo Daza. Más recientemente, el ELN instaló un carro bomba en el peaje que comunica a Cúcuta con Villa del Rosario, uno de los corredores viales más transitados de la zona metropolitana, y el 9 de abril secuestró a dos soldados profesionales del Ejército colombiano. Estos hechos son una muestra fehaciente de que la guerra ya no está en las montañas: está en la ciudad, en sus calles, y en la cotidianidad de sus habitantes.

La frontera, lejos de ser un espacio de contención, se ha convertido en una plataforma estratégica para los grupos armados, quienes se mueven con facilidad entre Colombia y Venezuela. Esto, sumado a la débil presencia institucional en sectores urbanos y periurbanos de Cúcuta, ha permitido que el conflicto se incruste con fuerza. Hoy, los cucuteños viven bajo una amenaza latente, mientras la guerra del Catatumbo se mimetiza entre el comercio informal, el transporte público y la vida cotidiana. La seguridad de la ciudad está en entredicho, y es urgente que el Estado reconozca que el conflicto armado ya no es solo un problema del campo: también se libra, a fuego cruzado, en las ciudades.

A esta crítica situación se suma la vulnerabilidad de cientos de familias desplazadas que han llegado a Cúcuta huyendo de la violencia en sus territorios de origen. Lejos de encontrar un refugio seguro, muchas de estas personas siguen recibiendo amenazas por parte de los mismos grupos que las obligaron a abandonar sus hogares. Las intimidaciones, a través de llamadas, mensajes directos (o a través de terceros), se han convertido en un mecanismo para continuar el control territorial y social desde la distancia, dejando claro que la persecución no se detiene con el desplazamiento.

Este fenómeno demuestra que para los grupos armados no hay fronteras entre lo rural y lo urbano. Los desplazados, que en teoría deberían estar bajo protección especial del Estado, permanecen en la incertidumbre, temerosos de salir, de hablar o incluso de buscar ayuda. Muchos de ellos viven en condiciones precarias, sin acceso pleno a la salud, la educación o un trabajo digno, y ahora además deben lidiar con el miedo constante a ser ubicados nuevamente por sus victimarios. En algunos casos, las amenazas se han extendido también a líderes sociales o personas que los apoyan.

Asimismo, el asesinato del patrullero de la Policía Nacional el pasado sábado santo 19 de abril en el municipio de Lourdes, mientras acompañaba una procesión religiosa, es una nueva muestra de la grave crisis de seguridad que atraviesa Norte de Santander. Este hecho, perpetrado presuntamente por el ELN, se suma a la serie de ataques sistemáticos contra la fuerza pública, evidenciando expansión territorial y capacidad para desafiar abiertamente al estado.

La violencia ya no se manifiesta exclusivamente en emboscadas rurales o ataques en zonas de frontera: Ahora ocurre en pequeños municipios y centros poblados, afectando de manera directa la cotidianidad de comunidades que antes se sentían relativamente al margen del conflicto armado. Este tipo de hechos debe entenderse como parte de un patrón más amplio de militarización y control social ejercido por actores armados ilegales. Lourdes, como otros municipios del Catatumbo, no escapa a la lógica del miedo que se ha extendido también hacia el área metropolitana de Cúcuta.

El conflicto armado está más vivo que nunca, y cada ataque, cada víctima, refuerza el llamado a no subestimar su alcance.