Por: Katerin Erazo, Periodista
El pasado 14 de julio, la delegación del Gobierno Nacional, actualmente involucrada en las negociaciones de paz con el Estado Mayor Central (EMC), envió una carta al consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, expresando su profunda preocupación por las amenazas recibidas por uno de sus miembros, Carlos Murgas Dávila. Estas amenazas, que han causado considerable inquietud, se atribuyen a frentes insurgentes activos en Norte de Santander.
Carlos Murgas Dávila, representante del empresariado en las negociaciones e hijo del influyente empresario de la palma de cera, Carlos Murgas Guerrero, ha sido blanco de intimidaciones severas. Presuntamente las amenazas provienen de estructuras disidentes de las FARC, supuestamente aliadas con el ELN, y han tenido un impacto significativo en su vida personal y profesional.
La carta subraya la gravedad de las amenazas, detallando que estas fuerzas irregulares han solicitado sumas de dinero a las plantas extractoras de palma de Murgas, causando perjuicios graves tanto a él como a las familias campesinas que dependen de este sector. "Además de generar graves perjuicios a todas las familias campesinas que dependen del sector de la palma en esta región y que son sus socios en esa planta", se lee en la comunicación, alertando sobre el impacto social y económico de estas acciones delictivas.
El contexto de estas amenazas es especialmente complejo, dado que se producen en medio del séptimo ciclo de negociaciones, un proceso que ya enfrenta múltiples desafíos. La delegación ha condenado enérgicamente estas conductas, considerándolas inaceptables y preocupantes, ya que están dirigidas contra miembros de las mesas de paz y la población civil.
Esta situación se suma a las críticas que ha enfrentado Otty Patiño por sus declaraciones en apoyo a ciertos grupos armados, como durante la instalación de la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia el 24 de junio, cuando lamentó la muerte de alias Hermes.
En el documento se solicita una respuesta pronta y efectiva por parte del Estado colombiano. "Solicitamos una respuesta pronta y efectiva por parte del Estado colombiano, a través de la Oficina del consejero comisionado para la Paz, para que gestione con la delegación del proceso de paz con el ELN que se detengan de manera inmediata este tipo de conductas que vulneran el Derecho Internacional Humanitario", se puntualiza en la misiva.
El jefe negociador del proceso, Camilo González Posso, exdirector del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha resaltado en ocasiones anteriores las dificultades internas dentro del EMC, caracterizadas por la división entre los seguidores de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y los de alias Calarcá, actual jefe del bloque Jorge Suárez.
Esta situación se agrava debido a la retirada de la facción comandada por Iván Mordisco de los diálogos, tras la suspensión del cese al fuego bilateral en el Cauca, Valle del Cauca y Nariño el pasado 20 de marzo. La suspensión se produjo luego del asesinato de la líder social Carmelina Yule Paví, lo que llevó a una intensificación de las acciones ofensivas de este grupo en dichas regiones, como método de presión para reanudar el cese al fuego.
La actual administración solo mantiene negociaciones con la facción liderada por Calarcá, mientras que la comandada por Iván Mordisco ha intensificado su ofensiva. Esta dinámica añade una capa adicional de complejidad al proceso de paz, evidenciando las tensiones y desafíos inherentes a las negociaciones con grupos armados en Colombia.
Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), informó sobre la presencia de grupos armados en el Norte de Santander. Según Marín, el Estado Mayor tiene presencia en siete municipios, mientras que el ELN está en 24 municipios. El Catatumbo es una región interesante debido a la tensa calma que prevalece entre ambos grupos, sin confrontaciones directas. El año pasado, ambas organizaciones inauguraron una vía conjunta, evidenciando una articulación o alianza basada en la no agresión.
Marín subrayó que, aunque aún no se ha confirmado si las amenazas recientes provienen del ELN, Carlos Murgas y la delegación de negociación del Estado Mayor han afirmado ser los responsables. Si esto resulta ser cierto, representaría un grave problema para ambas delegaciones, ya que implica amenazas a civiles y una violación del cese al fuego.
En el informe "¿Plomo es lo que viene?" realizado por Pares, Marín destacó una tendencia a la baja en la violencia en el Catatumbo, posiblemente relacionada con el cese al fuego entre el ELN y el Estado Mayor. No obstante, persiste la disputa y la presencia de otras organizaciones armadas como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua en la región. Ver: (¿Plomo Es Lo Que Viene? dos años de balance y retos de la Paz Total)
Por parte del Estado Mayor, están presentes el Frente 41 y el Frente 33, mientras que el ELN cuenta con el Frente de Guerra Nororiental, el Frente Efraín Pabón y el Frente Manuel Pérez, este último en la ciudad de Cúcuta. Además, el Frente de Guerra Urbana del ELN tiene estructuras activas en áreas urbanas.