Por: Nataly Triana Guerrero
Línea de Democracia y Gobernabilidad
La reciente solicitud de revocatoria del mandato de Nicolás Maduro solo fue una ilusión constitucional, como muchas de las actuaciones llevadas a cabo por la oposición. A pesar de los pocos triunfos de este sector político en estados como el Zulia y Barinas, el ventajismo institucional al interior de las autoridades electorales como el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha generado las condiciones para que este mecanismo no surtiera efecto, por ende, no vuelva a presentarse hasta el final del mandato del actual presidente.
De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la revocatoria del mandato es un medio de participación política de los ciudadanos para ejercer soberanía sobre todos los cargos y magistraturas de elección popular. Este mecanismo sólo puede presentarse a mitad del periodo del mandatario por única vez y para solicitarse requiere, inicialmente, la recolección de firmas del 1% del censo electoral por estado. Luego, al ser aprobadas por el CNE, se procede a la recolección de firmas del 20% del censo electoral en cada estado. Posteriormente, al ser admitidas y verificadas, se convoca nuevamente a elecciones del cargo en cuestión.
En Venezuela se ha presentado la solicitud de este mecanismo en 2004, 2016 y 2022 contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro, respectivamente. No obstante, solamente con Hugo Chávez en el 2004, la solicitud derivó a un efectivo referendo revocatorio que determinó la negativa de revocar el mandato de Chávez con una votación de 58,5%, siendo este hecho reconocido por el oficialismo como “el referendo ratificatorio”. No obstante, ha sido la única solicitud de revocatoria de mandato que el oficialismo aparentemente no bloqueó a través del ventajismo institucional: acciones que permiten el favorecimiento político e institucional que compromete la transparencia e integralidad de distintas instituciones del Estado.
En 2016, la recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad fue suspendida primero de manera indefinida por el CNE, tras haber acatado las órdenes de la Rama Judicial al existir presuntas denuncias sobre falsa atestación ante funcionario público, aprovechamiento de acto falso y suministros de datos falsos al Poder Electoral en la manifestación del 1% de la población en los estados de Apure, Bolívar, Aragua y Valencia. Posteriormente, esta acción se convirtió de manera indefinida en el jaque mate de la solicitud.
Para el 2022, el CNE aprobó tres solicitudes de inicio de procedimiento para una eventual activación de un referendo revocatorio. Estas solicitudes fueron presentadas por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover), Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta ligado al Comité de la Democracia Nacional como Internacional.
De acuerdo con A.C Súmate, estas solicitudes fueron aprobadas el 17 de enero, sin embargo, solamente hasta el 31 de enero se hizo público en la Gaceta Electoral. Esta acción vulneró, en primera instancia, la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), ya que el CNE tiene la obligación de publicar las gacetas que afecten derechos subjetivos en 5 contados a partir de su adopción, como lo es el referendo revocatorio.
A pesar de esto, esta autoridad electoral anunció el 21 de enero que la recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad se llevaría a cabo el 26 del mismo mes. No obstante, los términos impuestos hacían imposible la recolección de firmas necesarias para activar el mecanismo de participación, destacándose entre las razones más fundamentales la imposición del desarrollo de esta jornada solamente en un día y no en tres, como se encuentra previsto en las Normas para Regular la Promoción y Solicitud de Referendos Revocatorios de Mandatos de Cargos de Elección Popular.
Esta decisión generaba una primera dificultad para poder alcanzar 4.185.998 de los 20.929.987 electores inscritos en el último Registro Electoral (RE), puesto que se redujo el tiempo de recolección de firmas, en este sentido, el tiempo destinado por elector para ejercer su voto. Según A.C Súmate, a diferencia de las elecciones del 21N en las que cada ciudadano tenía alrededor de 3 minutos para votar, en este proceso se impuso que 5 electores debían realizar este proceso en 1 minuto.
Así mismo, la disposición de los puntos de recolección fue arbitraria en tanto únicamente se cumplieron con 709 de los 1.2000 centros de recolección anunciados, con el agravante de que el 67% fueron ubicados en parroquias de tendencias favorables al PSUV. Esto sin mencionar que los puntos de recolección solo fueron anunciados 4 días antes de la fecha de recolección, en contrario de las normas de referendos que estipulan que este procedimiento debe darse “por lo menos quince (15) días de anticipación al acto de recepción de manifestaciones de voluntad”.
La selección de los puntos de recolección insinúa un posible sesgo político por parte de las autoridades electorales que aumentaba la dificultad de recolectar las firmas. En especial, si se considera que en estos sectores es incluso un riesgo participar en este certamen electoral ya que no además de perder “beneficios” como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), también pueden ser objeto de persecución política.
Debido a las condiciones anunciadas, la misma oposición llamó a la no votación y los centros de votación se mantuvieron vacíos. Según el CNE, solamente se obtuvieron 42.421 manifestaciones de voluntad, es decir, solamente el 1,01% del RE. Debido a este resultado el CNE declaró improcedente la solicitud de la revocatoria y declaró sin lugar una nueva solicitud de referendo.
El camino de una posible nueva revocatoria es solo viable luego del 2024. El reto de la oposición es crear los caminos democráticos para replicar las elecciones de Barinas en todos los estados de Venezuela tanto para la presidencia como para la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto antepone una serie de retos como la falta de transparencia de la actuación del G4 con los activos del exterior y en particular, la ausencia de un mecanismo democrático que otorgue nuevamente legitimidad al gobierno interino.