Por: Redacción Pares
El 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela. Han pasado tres semanas y el manto de duda sobre los resultados electorales sigue imperando. El gobierno de Maduro, que controla el CNE aún no presenta las actas que constaten una victoria clara en las urnas. Una de las razones que ha esgrimido el gobierno ante la demora tiene que ver con un problema en el software que también sucedió en las inscripciones de los candidatos de la oposición.
La Fundación PARES con el apoyo de la Alianza Rebelde Investiga (conformada por los medios TalCual.com, Runrun.es y El Pitazo) han presentado, con este, tres informes sobre violencia política en Venezuela durante las pasadas elecciones. La gran mayoría de esta violencia se ha concentrado en la oposición. Incluso la inhabilitada candidata María Corina Machado fue víctima de un atentado en Barquisimeto en donde fueron vandalizados los autos de su comitiva.
Sobre los perpetradores de violencia estos se concentran, sobre todo, en el lado oficialista. Así lo marca el informe que presentaremos a continuación: “De los datos recolectados durante este período que cubre el informe, la mayor cantidad de hechos victimizantes ha sido ejecutado por algún organismo del Estado venezolano (58 hechos, 91,46%) lo que significa que la violencia político - electoral en Venezuela, a diferencia de Colombia, se da entre un bloque político oficialista que utiliza los medios del Estado como herramienta de competencia para eliminar contendores políticos con suficiente apoyo electoral para disputarles el poder, y sectores políticos opositores con capacidades limitadas en escenarios locales y regionales que no tienen forma de contrarrestar aquella competencia”.
La Policia Nacional Bolivariana concentra la mayoría de estos actos violentos con un 35.36%. El último mes antes de las elecciones estuvo marcado por un recrudecimiento de la violencia política. Hubo detenciones arbitrarias, desapariciones, amenazas de grupos armados y hasta deportaciones de veedores internacionales. Así lo denunciaron varias ONG venezolanas entre las que se cuentan Fundaredes en el Estado Táchira.
Las amenazas y los atentados, algunos con arma de fuego, también aparecieron en este escenario. En Táchira una persona murió asesinada por un disparo tras un ataque perpetrado por un grupo de civiles armados durante la jornada de verificación ciudadana para la auditoría de los votos el 28 de julio. Varias personas resultaron heridas en el ataque. En Maturín una mujer resultó herida con arma de fuego en el mismo contexto.
Este informe cierra un ciclo de tres entregas en donde se denunció la violencia electoral perpetrada por un gobierno que, incluso, no ha podido respaldar con las pruebas requeridas su estrecha victoria del pasado 28 de julio.
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