Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: Semana
La violencia y el conflicto armado en Colombia continúan afectando gravemente a las comunidades rurales del país, particularmente en las zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal. En los municipios de El Bagre y Segovia, ubicados en la región del Bajo Cauca antioqueño, una nueva ola de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha desencadenado una crisis humanitaria que afecta a cientos de habitantes.
Las hostilidades entre estos grupos armados han forzado el desplazamiento de más de un centenar de personas que habitan en al menos cinco veredas, convirtiendo el territorio en un campo de batalla. Los enfrentamientos se concentran en áreas rurales donde ambos grupos buscan controlar corredores estratégicos para sus actividades ilegales, incluyendo el tráfico de drogas y la explotación de recursos minerales.
El panorama más grave se presenta en el municipio de El Bagre, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Esta área ha sido históricamente un punto de alto interés para los grupos armados ilegales debido a su ubicación estratégica y la abundancia de recursos naturales. En las últimas semanas, las veredas de Nueva Esperanza, La Ahuyama y Los Mangos han sido escenario de violentos enfrentamientos, lo que ha provocado el desplazamiento masivo de sus habitantes. De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, hasta el pasado 10 de septiembre se calculaba que unas 32 familias habían abandonado sus hogares, aunque se teme que esta cifra sea mucho mayor a medida que la violencia se intensifica en la región.
En Segovia, otra zona clave por su actividad minera, las autoridades reportan una situación igualmente alarmante. La vereda La Manuela ha sido blanco de intensos combates entre las fuerzas de seguridad del Estado, representadas por la Décima Cuarta Brigada del Ejército, y el Clan del Golfo, que intenta expandir su influencia en esta área. El gobierno local ha hecho un llamado a la población para que mantenga la calma y siga las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades, en un esfuerzo por minimizar los riesgos para los habitantes.
La raíz del conflicto en esta región radica en la lucha por el control de territorios estratégicos que permiten a los grupos armados desarrollar sus actividades ilícitas. Según el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército Nacional, la confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN responde a la disputa por los corredores utilizados para el tráfico de drogas, el control de cultivos ilícitos y los yacimientos mineros, particularmente de oro. Esta situación se agrava debido a la debilidad del Estado en estas zonas, lo que facilita la proliferación de grupos criminales y la expansión de economías ilegales.
Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, el vacío dejado por este grupo insurgente en ciertas regiones ha sido rápidamente ocupado por otras organizaciones armadas ilegales. En el caso de Antioquia, la zona limítrofe con los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar se ha convertido en uno de los focos más críticos del conflicto armado. Mientras el Clan del Golfo controla gran parte del territorio en los límites con Córdoba, la región que conecta Antioquia con el sur de Bolívar es disputada ferozmente por el ELN, el Estado Mayor Central (EMC) –disidencias de las FARC– y el propio Clan del Golfo.
El Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño han sido, durante años, epicentros de conflicto debido a su relevancia en términos económicos y geográficos. Esta zona alberga la segunda mayor área de explotación de oro de aluvión en Colombia, según el más reciente informe de Antioquia Cómo Vamos. La extracción de oro, tanto legal como ilegal, ha convertido a esta región en un territorio codiciado por los grupos armados, que buscan controlar estas rentas para financiar sus actividades ilícitas.
El Clan del Golfo, que ha consolidado su presencia como la principal organización criminal en el Bajo Cauca, ha emprendido una expansión hacia el Nordeste antioqueño, históricamente controlado por el ELN. La minería ilegal y el narcotráfico son los principales motores de esta expansión, lo que ha generado una intensificación de la violencia en la zona. Los enfrentamientos entre estos grupos han aumentado los índices de homicidios y desplazamientos forzados, afectando a comunidades que ya vivían en condiciones de vulnerabilidad extrema.
El general Luis Emilio Cardozo señaló a un medio de comunicación que la Fuerza Pública está redoblando sus esfuerzos para retomar el control de las zonas afectadas, especialmente en El Bagre, donde el ingreso de estructuras del Clan del Golfo ha generado un aumento de los enfrentamientos. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido insuficiente para frenar la expansión de estos grupos armados, que continúan ejerciendo un control significativo en áreas donde la presencia estatal es débil o inexistente.
Ante esta situación, las autoridades locales y regionales han hecho un llamado urgente al gobierno nacional para que refuerce las medidas de seguridad y atienda la crisis humanitaria que se está desatando en Antioquia. La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha advertido sobre el riesgo inminente de desplazamientos masivos si no se toman medidas inmediatas para proteger a la población civil.
Las organizaciones de derechos humanos y agencias humanitarias también han comenzado a desplegar esfuerzos para brindar asistencia a las comunidades desplazadas. Sin embargo, la magnitud del conflicto y la falta de recursos hacen que la situación siga siendo crítica para miles de personas que han perdido sus hogares y medios de subsistencia.
El conflicto armado en Colombia, lejos de haber llegado a su fin tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, continúa evolucionando en varias regiones del país. La lucha por el control de territorios estratégicos, alimentada por el narcotráfico y la minería ilegal, sigue siendo una de las principales causas de la violencia que afecta a comunidades rurales. En el caso de Antioquia, el conflicto entre el Clan del Golfo y el ELN refleja una guerra más amplia por el dominio de economías ilegales que no solo perpetúa la violencia, sino que también profundiza la crisis humanitaria en zonas históricamente marginadas por el Estado.
Las comunidades de El Bagre y Segovia, así como otras afectadas en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, siguen esperando una respuesta efectiva del Estado que no solo garantice su seguridad, sino que también ofrezca alternativas de desarrollo que rompan con el ciclo de violencia y pobreza que ha marcado sus vidas durante décadas. Mientras tanto, el desplazamiento forzado y la incertidumbre siguen siendo parte del día a día de cientos de familias que buscan refugio en medio de una guerra que parece no tener fin.
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