Por: Camilo Díaz Suárez, Investigador Nacional
Línea Democracia y Gobernabilidad
El pasado lunes, 07 de noviembre, el presidente Gustavo Petro se dirigió ante sus pares de otros países en la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), realizada en Egipto.
En su intervención, Petro realizó un corto discurso en el que presentó un decálogo propuesto por Colombia para combatir la crisis climática. En él, resumió las ideas en materia ambiental que tiene el presidente y que han dado línea a diversas acciones de gobierno.
Uno de los puntos que propuso fue que el Fondo Monetario Internacional (FMI) inicie un programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático en países en vía de desarrollo. Ese mismo discurso lo ha venido promulgando desde que inicio su campaña presidencial y, se espera, sea una de las apuestas durante estos cuatro años.
¿Es posible canjear deuda externa por preservación ambiental?
La respuesta, con matices, es sí. Diversos pilotos y algunos casos de éxito han demostrado que puede llegar a ser posible. Conceptualmente, es sencillo: es un canje que consiste en comprar deuda externa, convertirla en moneda nacional y utilizar el producto resultante para financiar actividades de conservación y preservación. Sin embargo, en la práctica es más difícil de organizar.
A final de la década de los 90, se realizaron once canjes por deuda externa por naturaleza en 5 países de América Latina. De hecho, el primer canje de este tipo en el mundo, se realizó en Bolivia, luego que acreedores extranjeros asumieron, en 1987, $650.000 dólares para preservar 3.7 millones de hectáreas cercanas a la cuenca del Amazonas.
Para 2003, todos los países de América Latina, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), habían experimentado alguna forma de canje de deuda externa por servicios ambientales. Pese a ello, estos se habían caracterizado por ser de carácter bilateral. Tal y como el caso de Bolivia, un acreedor interesado en la protección y preservación del medio ambiente asumía parte de la deuda de un país con recursos naturales con un alto interés por su conservación.
Como son acuerdos bilaterales, es otro país el que ha asumida un valor de la deuda externa. Los mayores compradores de deuda por naturaleza han sido Estados Unidos, Alemania, Canadá y los países nórdicos. En el caso de Colombia, para 2003, se habían realizado dos compras de deuda que sumaron 322.800.000 dólares, a cambio de la conservación del Amazonas. En 1992, Estados Unidos le compró 310.000.000 dólares y, en 1993, Canadá 12.800.000 dólares. Si bien son valores significativos, en proporción del valor total de la deuda externa no era mucho.
Con este tipo de canjes, el país ‘beneficiado’ pierde, de todas formas, la posibilidad de decidir sobre el manejo de sus recursos naturales. Por ello, llega a ser beneficioso, también, para el país que asume la deuda. De ahí que la apuesta de Gustavo Petro, más allá de lograr este tipo de canjes, vaya hacia el FMI, no que otro país asuma parte de la deuda. Para lograrlo, debe articularse con otros países de la región y promover un plan conjunto de conservación.
¿Cuál es la apuesta?
El FMI tiene como misión “promover la cooperación monetaria internacional, garantizar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un empleo elevado y un crecimiento económico sostenible, y reducir la pobreza en el mundo entero”. Para lograrlo, una de sus herramientas ha sido realizando préstamos a países con problemas de balanza de pagos.
Colombia ha sido beneficiario de los préstamos realizados por el FMI. Por poner un ejemplo, el abril del presente año, 2022, el FMI aprobó un acuerdo de dos años de Línea de Crédito Flexible (LCF) por cerca de 9.800 millones de dólares.
Para este año, la deuda externa de Colombia alcanzó el 49,4% del PIB, que en cifras nominales equivale a US$175.070 millones. Con el aumento del precio del dólar, esta cifra cada vez es mayor en pesos colombianos. Actualmente, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el 26% de los ingresos tributarios se han destinado para pagar el servicio a la deuda en 2022.
Con un panorama macroeconómico poco positivo, desde campaña y en su posesión, Gustavo Petro ha solicitado el apoyo del FMI para poder realizar un canje por naturaleza, en el que se pueda aligerar el porcentaje del recaudo tributario para pagar deuda y poder utilizar dichos recursos en la protección y conservación del Amazonas.
Siguiendo a Hernando Zuleta, Ph.D. en Economía y profesor de la Universidad de los Andes, el llamado al FMI va orientado a que actúe como un mediador en las negociaciones con posibles acreedores y establecer las condiciones de la deuda en políticas ambientales.
Para lograrlo, el esfuerzo en bloque puede contribuir a mayores beneficios y logros. Con una extensión de 7.4 millones de km2, equivalente al 4,9% del área continental mundial, el Amazonas abarca territorios de los países de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.
De los países mencionados, ya se ha hablado de una articulación con Brasil, Perú, Bolivia y Venezuela. Desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se han adelantado reuniones con los ministros de ambiente latinoamericanos, además de estar promoviendo la creación de un bloque regional para la conservación del Amazonas. Además, esta disposición confluye con una coincidencia ideológica con el presidente de Perú, Bolivia y, con la reciente victoria de Lula da Silva, el de Brasil.
Con este panorama, es posible que, de nuevo, Colombia se vea beneficiado por la reducción de su deuda externa a cambio de la conservación de Amazonas. Sin embargo, es un camino de negociación largo y que no es del todo claro con el escenario macroeconómico mundial.
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