Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Diciembre será un buen mes para evaluar los efectos de los impuestos saludables en el consumo de comida chatarra. La Ley 2211 –que puso un impuesto del 10% para 2023 a los alimentos ultra procesados industrialmente y con altos contenidos en azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas– tendrá el reto de mostrar en esta importante época la reducción en el consumo de este tipo de alimentos y al aumento la ingesta de otros más saludables.
Digo que este será un buen momento debido a que, por un lado, las fiestas y reuniones familiares hacen que diciembre sea el mes del año en el que más se consumen bebidas y comidas altas en grasa y azúcares; y, por el otro, a que es este período en el que la gente recibe mayores recursos –por primas y liquidación de contratos laborales–, aumentando la posibilidad de gastar sin considerar el aumento del precio en los bienes que se consumen.
Esta situación intentará ser muy bien aprovechada por la industria de alimentos, en especial luego de un primer mes en el que han visto cómo el precio de los productos dañinos que ofrecen han reducido las ventas. Lo más probable es que recurran a varias estrategias para que el consumo de comida chatarra no baje más, además, como forma de afrontar el aumento del 15% en 2024 y del 20% en 2025.
Como expuse en una columna anterior (Ver: Llegaron los impuestos saludables), los impuestos saludables tuvieron un camino tortuoso. Las empresas alimentarias hicieron grandes esfuerzos para que este tributo no llegara. Desde hace más de una década diversos actores –la academia, la Red PaPaz y el Ministerio de Salud– venían trabajando para que el etiquetado y el impuesto a la comida chatarra se impusieran en el país, y para ello tuvieron que dar duras batallas en el Congreso de la República.
Pero la batalla de los mercaderes de los productos que dañan la salud no paró allí. Este año intentaron flexibilizar la norma y aplazar su implementación. De allí que es importante tomar conciencia que durante este primer año las tácticas y estrategias empresariales continuarán. Son cerca de tres billones de pesos en 2024 que el Estado le quitará a la industria. Las estrategias que usará para hacer que el impuesto no los afecte tanto serán muy amplias e imaginativas.
Lo primero que están haciendo es insistir desde los medios de comunicación sobre los efectos negativos que tienen los impuestos en las variables macroeconómicas del empleo y la inflación. Estrategia que ya está siendo aplicada por los representantes de la industria, que hablan de las pérdidas en empleos formales e informales que estaría causando el gravamen. También, recurren a mostrar como el aumento del 10% en los precios presiona la inflación y hace que los consumidores –en especial los más pobres– pierdan poder de compra, pues son conscientes de que el impuesto, finalmente, lo paga el consumidor.
La segunda estrategia usada es la publicidad que hacen en los medios de comunicación y en diversos espacios para que el consumo de la comida chatarra continúe. En radio, prensa, televisión y la infinita posibilidad que les da la internet, vienen haciendo campañas para publicitar sus productos. Recurren al sentimiento que genera diciembre para insistir que sus productos hacen parte de la tradición: que serían nuestras mesas sin natilla, ponqués o mermeladas.
Finalmente, algunas empresas están intentando bajar los precios. Para ellos estudian las recetas y en ellas los principales insumos para buscar reducir los costos de producción. Esta estrategia no la hacen con el fin de reducir los componentes dañinos, sino de bajar el costo de las materias primas, haciendo que consumamos productos aún más nocivos para la salud física, pues se afecta vía calidad de los productos.
Y esperemos otras estrategias, como la típica de hacer descuentos en los productos que se compran cuando el demandante lleve a la tienda una tapa de un líquido con azúcares añadidos tipo gaseosa o de un estiquer de un paquete de snacks consumido. También los señuelos que traen los productos, como sus pintorescos avisos y formas o pequeños regalos que se entregan cuando se adquiere un pan o un chocolate y que aumentan el deseo de los niños de adquirir el producto.
Como ven, el camino que están siguiendo las empresas no es el que desean los proponentes de la norma. Con ella lo que se busca es que las empresas dedicadas a la producción y comercialización de comestibles exploren cambios técnicos y tecnológicos en sus productos para dejar de ofrecer bienes dañinos. Que los niveles de azúcares añadidos, sodio y otros componentes sean menores para que los impuestos que paguen sean menores.
Pero este camino será el último que exploren los empresarios. Falta una conciencia más autocrítica frente a la responsabilidad social empresarial en salud. Que se cambie la escala de valores y que se ponga a la salud pública –la de los niños, niñas y adolescentes– por encima de la ganancia capitalista. Incluso como estrategia integral para reducir los costos futuros de sus empleados en términos de reducción de la productividad y aumento en el costo del sistema de salud.
De allí que sea necesario insistir en la construcción de una estrategia de educación del Gobierno y sus agencias para mostrar el objetivo del impuesto. Estamos frente a una política pública con la que se busca controlar una problemática pública –el aumento de enfermedades graves como la obesidad, diabetes o hipertensión– y cambiar la mentalidad y conducta de los niñas, niños y adolescentes consumidores.
Requerimos con celeridad un programa de educación del consumidor que refuerce las señales que el mercado nos da vía aumento de precios. Es necesario que se indique a los consumidores que esta medida del Estado va dirigida a mejorar la salud colectiva y personal. Que el aumento en los precios no es un asunto del mercado –de oferta y demanda– o como una forma de empobrecer a los hogares, sino un acción decidida a cambiar una problemática sentida por la sociedad.
Hay que decirle a los padres de familia, a los responsables de comprar el mercado en los hogares y a los anfitriones de las fiestas decembrinas, que el esfuerzo por reducir el consumo de comida chatarra es también responsabilidad de ellos. Que servir una cena sin gaseosa o ponqués no es una atentado contra la tradición sino una muestra de amor por la salud del comensal o visitante (Ver: Los impuestos saludable: un pequeño empujón). De esta manera podremos ver los resultados del desincentivo tributario al consumo en el corto y mediano plazo. Además, estaremos haciendo frente a las estrategias que los empresarios usarán para que nuestro consumo de productos dañinos no baje. Es por nuestro bien y por la salud de quienes amamos.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.