Por: Katerin Erazo, Periodista
Las Fuerzas Militares han lanzado una alerta ante la aparición de una nueva modalidad de secuestro, identificada como 'falso servicio', que estaría siendo empleada por las disidencias de las FARC, específicamente por la estructura 'Marco Aurelio Buendía' del autodenominado 'Estado Mayor Central'. Este método se reveló en un reciente caso en el departamento del Meta, el cual afortunadamente fue frustrado a tiempo por las autoridades.
La situación ocurrió en la vereda El Diamante, en la zona rural de Acacías (Meta). Supuestos clientes contactaron a una empresa de transporte público solicitando el traslado de una familia hacia Villavicencio. Sin embargo, cuando la camioneta de servicio público llegó al lugar indicado, fue interceptada por hombres armados.
Según el comunicado de prensa emitido por las Fuerzas Militares, al llegar al sitio, el conductor fue abordado por varios hombres armados que lo intimidaron, lo despojaron de su teléfono celular y lo aislaron mientras lo amenazaban. Los secuestradores exigieron una suma de 28 millones de pesos al gerente de la empresa transportadora a cambio de la liberación del conductor y la devolución del vehículo.
El Gaula Militar del Meta fue alertado del secuestro extorsivo mediante la modalidad de falso servicio. En menos de hora y media, un plan candado se ejecutó entre las unidades militares y la Fiscalía, lo que permitió localizar y rescatar a la víctima.
A través de inteligencia técnica, se identificó la ubicación del conductor y de dos de los secuestradores. Uno de ellos intentó escapar, pero fue capturado. El rescate se realizó en un paraje rural de Acacías, donde las autoridades lograron liberar al conductor y capturar a los secuestradores, presuntos integrantes de la estructura 'Marco Aurelio Buendía'.
El coronel Gerson Rincón Morantes, comandante de la Séptima Brigada, informó sobre el exitoso operativo: "Sobre las 4:00 de la tarde, mediante inteligencia técnica, fue identificada la ubicación del retenido y dos secuestradores, quienes fueron capturados en flagrancia por el Gaula; uno de ellos intentó escapar, pero falló". El coronel destacó la rápida y efectiva respuesta de las fuerzas de seguridad que permitió salvar la vida del conductor y desmantelar una operación criminal.
El conductor fue llevado a las instalaciones de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, donde se reencontró con su familia y colegas. Agradecido y emocionado, expresó su alivio y gratitud hacia las autoridades por su pronta intervención.
Las Fuerzas Militares anunciaron que fortalecerán los dispositivos de sus Gaulas Militares en el Meta y recordaron la disponibilidad de la Línea Gratuita Nacional 147 para reportar cualquier acto delictivo, como secuestro y extorsión. En un comunicado, la unidad militar enfatizó: "Esta acción muestra el compromiso de las tropas con la protección de la vida y los bienes de la comunidad metense, que decide denunciar a actores criminales que pretenden arrebatar su tranquilidad y el producto de su trabajo".
El operativo no solo resultó en el rescate del conductor, sino que también permitió la captura de individuos vinculados con acciones terroristas y de extorsión en la región. Según las autoridades, los capturados habrían participado en el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados en municipios como Acacías y Granada, utilizados como métodos de intimidación contra comerciantes.
El coronel Rincón instó a la comunidad a continuar denunciando cualquier actividad delictiva, resaltando que la colaboración ciudadana es crucial para desarticular las redes criminales y garantizar la seguridad y la paz en la región.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, el secuestro en Colombia ha disminuido un 32% en lo que va del año. Sin embargo, la extorsión ha mostrado un preocupante incremento del 28%. Estas estadísticas subrayan la necesidad de mantener y reforzar las estrategias de seguridad y cooperación entre las fuerzas del orden y la ciudadanía.
Cabe recordar los informes realizados por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Uno de los informes publicado en marzo, titulado “Radiografía de la extorsión en Colombia”, menciona que la extorsión creció entre 2022 y 2023 un 7.9%, pasando de 9.791 a 10.560 casos en un solo año. El modo predilecto para efectuarlo es a través de llamadas telefónicas con 4.513 casos, seguido por los cobros directos con un 26% y las redes sociales con un 14.3%. Además, el 40% de las extorsiones se realizan desde centros carcelarios. Los departamentos con mayor incidencia son Antioquia, Bogotá D.C, Atlántico, Valle del Cauca y Norte de Santander, destacándose también Meta, Cauca y Chocó.
Por otro lado, otro informe publicado por la Fundación Pares sobre el secuestro menciona que el país cerró el 2023 con un total de 343 secuestros, con octubre destacándose negativamente al acumular 43 casos, la cifra más alta registrada para un solo mes en los últimos cinco años. Los departamentos más afectados por este delito son Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño y Cauca, que suman un total de 205 casos, mostrando claramente las regiones más impactadas por esta problemática.
Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, menciona que, en términos de actores armados, no habían registrado una mayor cantidad de acciones armadas por parte del Estado Mayor. Sin embargo, en la última semana se han reportado combates y ataques a la fuerza pública en lugares como Mapiripá.
Marín destacó que el Ejército ha denunciado que el Estado Mayor Central utiliza las casas como escudos humanos para atacar al Ejército. Además, la investigadora señaló que estos actos se atribuyen al Frente 44. En otras zonas, especialmente en cabeceras municipales, se han registrado hechos de extorsión, amenazas e incluso secuestros, que no incluyen repertorios de violencia como los combates. Estos ataques a la población civil se han intensificado.
Esto es problemático según Paola Marín ya que se viene de un escenario de diálogos regionales en los que el líder de esta estructura, Calarca, se ha reunido con organizaciones sociales, entes del gobierno y en la Mesa de Negociación de Paz, comprometiéndose a generar acuerdos territoriales. La gobernación del Meta ha tomado acciones junto con la policía para frenar estas actividades delictivas, golpeando a varios cabecillas e integrantes de la estructura. Sin embargo, una observación que hace la investigador de Pares es que, en el marco de las negociaciones territoriales, hay una disminución de acciones violentas, pero cuando se sale de esos escenarios de discusión, los picos de violencia vuelven a aumentar.
Por lo tanto, ella sugiere que es necesario incentivar el escenario de diálogo territorial en congruencia con los diálogos nacionales, considerando que un nuevo ciclo de negociación está por iniciarse. Debe haber coherencia entre el escenario territorial y el nacional, así como una comunicación efectiva entre las gobernaciones departamentales, municipales y el escenario nacional.
El espacio de diálogo no debe ser utilizado por organizaciones como el Estado Mayor para delinquir abiertamente. Si cometen crímenes, debe haber una respuesta por parte del gobierno, complementando las estrategias de paz acordadas entre la estructura y el gobierno.