Por: Laura Cano
Periodista Pares
Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) alertamos sobre la desaparición de dos líderes del territorio ancestral y colectivo de la cuenca del río Yurumanguí. Se trata de Abencio Caicedo, delegado por la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario al Equipo de Resolución de Conflictos y Edison Valencia, Coordinador de Control y Vigilancia de la Organización Étnico Territorial APONURY del río Yurumanguí, de quienes no se obtiene información desde el pasado 28 de noviembre. Caicedo, además, había sido candidato al concejo en el 2019 por el partido Polo Democratico.
Al cumplirse 04 días de su desaparición, y al no obtener ninguna respuesta, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, CONPAZ, y el Proceso de Comunidades Negras, PCN, elevaron la denuncia para que organismos estatales e instancias nacionales e internacionales tomen, prontamente, las medidas necesarias para que Abencio y Edison puedan volver con vida a sus territorios.
La última información que se tiene es que se dirigían a una reunión en el Naya, junto a ellos iba otra persona más, a quien no retuvieron. Justamente fue esta otra persona la que posteriormente alertó sobre lo sucedido. No obstante, más allá de lo denunciado en el comunicado hasta el momento lo que se conoce es muy poco. No hay certezas ni de paraderos, ni de las personas involucradas en la detención.
¿Qué rodea este hecho?
Hace algunas semanas, desde la oficina Pacífico de Pares se había alertado sobre la situación de las comunidades ribereñas de Buenaventura. En el texto escrito por Dennis Huffington, investigador territorial, se advertía que en la zona rural de Buenaventura se está viviendo un fuerte proceso de disputa entre actores armados provenientes del Cauca y el Chocó.
Justamente uno de los grupos que ha ganado control en Buenaventura es el Comando Coordinador de Occidente (CCO), “conformado por diferentes frentes y columnas que, en algunos casos, se enfrentaban entre sí. Algunas de estas son: las 'Columna Móvil Jaime Martínez', 'Columna Móvil Dagoberto Ramos', 'Columna Móvil Franco Benavídez', los frentes 'Carlos Patiño' y 'Rafael Aguilera', y compañías como la 'Adán Izquierdo'”, se lee en el texto.
Además se agrega que: “Dicho comando nace con la necesidad de unificar poder militar para hacerle frente a la expansión territorial del ELN y la 'Nueva Marquetalia', por lo que se agrupan en la denominada 'línea de Gentil Duarte'. Esto permitió que, en la subregión del Naya y la cuenca del río Yurumanguí, en Buenaventura, la 'Jaime Martínez' estableciera su control territorial, casi hegemónico, absorbiendo grupos dispersos como las Guerrillas Unidas del Pacífico y Defensores del Pacífico, que se enfrentaban como herederos del 'Frente 30'”.
Uno de los motivos de disputa en esta zona son las economías de la guerra y las rutas hacia el mar Pacífico. Además, el CCO, que se ha venido fortaleciendo desde febrero de 2020, se vale de restricciones a la comunicación para no permitir la denuncia de los hechos victimizantes contra la comunidad, cortando en internet, por ejemplo. A esto se suma la constante amenaza en la que está la población a quienes señalan de ser colaboradores de otros grupos armados ilegales o de la Fuerza Pública, relata Huffington.
El investigador, además, señala que en la zona el CCO está conformado principalmente por personas jóvenes, a quienes reclutan de regiones como el Naya, siendo esta otras de las victimizaciones que afecta a las comunidades ribereñas. Justamente esta es una de las razones por las que trabaja la Organización Étnico Territorial del río Yurumanguí, una de las más consolidadas de la zona, que además también ha adelantado acciones por la efectiva implementación del Acuerdo de Paz. Asimismo, dicha colectividad ha hecho una fuerte oposición al sembrado de cultivos de uso ilícito.
En relación con lo anterior, según el Observatorio de Drogas de Colombia, en Buenaventura hay 907 hectáreas de coca, con corte de 2020. Además, a través de información suministrada por Huffington se conoce que en el distrito especial “entre enero y octubre de este año hubo 21 desplazamientos, son 863 familias, 4013 personas registradas. En la zona rural, como Cajambre, Raposo y Yurumanguí se han desplazado hacia el casco urbano unas 150 personas. Se han reportado 191 asesinatos, oficialmente reportados, según datos de la Personería, y hay 12 denuncias de desaparecidos en lo que va del año. Cabe resaltar que en muchos casos los desaparecidos pertenecen a estructuras armadas y las familias son amenazadas para no denunciar”.
Así las cosas, el llamado es a que las instituciones salvaguarden la vida de los liderazgos sociales y de las comunidades que hoy, nuevamente, viven con angustia la situación de su territorio. Asimismo, desde Pares nos sumamos a los exigencias para que se atienda con urgencia el caso de Abencio Caicedo y Edison Valencia, para que pronto puedan retornar a sus comunidades.
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