Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
La economía política centra su mirada en los actores. Observa a las organizaciones -como los ministerios o los departamentos administrativos- y a las personas -como los ministros, directores y jefes-. Considera que son estos hombres y mujeres, quienes están a cargo de los organismos, los y las responsables de tomar decisiones y dirigir las acciones que afectan nuestras vidas.
De allí que cuando se quiere hacer un balance sobre el buen o mal desempeño de un gobierno o período de este, se debe involucrar necesariamente a los tomadores de decisiones en materia de política económica. Identificando las decisiones que tomaron, el comportamiento de las variables económicas y las repercusiones que tienen en el desarrollo social.
Este 07 de agosto de 2023, precisamente, el gobierno Petro cumplió su primer año. Siguiendo la recomendación que hace la economía política, sería necesario identificar y analizar a algunos de los principales responsables de la política económica -a los ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, y del Trabajo, al igual que el Departamento de Planeación Nacional- y juzgar sus actuaciones y resultados.
Durante estos doce meses de gobierno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha tenido dos personas a cargo. El primero fue José Antonio Ocampo, quien cumplió el papel estratégico de calmar las negativas expectativas que se tenían frente a un cambio en el modelo económico del nuevo gobierno. Ocampo logró ponerse al frente de la cartera de economía y decirle al mundo que se tendría un país responsable en materia de ingresos y gastos.
En el primer frente de trabajo logró la aprobación rápida de una reforma tributaria, la cual se considera progresista. Con ella, se pudo aumentar el recaudo este año en, por lo menos, 19,7 billones de pesos, que, junto a los otros impuestos, ha permitido conseguir más de $170 billones a junio de 2023 según la DIAN.
En el otro frente de trabajo, el ministro Ocampo logró dejar diseñado y en ejecución un presupuesto aprobado de 405 billones, que, con las adiciones asignadas en 2023, han sobrepasado los 500 billones y con ello se han conseguido los recursos suficientes para ejecutar una diversidad de programas sociales que está ejecutando el gobierno Petro.
El segundo ministro de Hacienda es Ricardo Bonilla, quien ha mantenido la misma línea de su antecesor, en especial frente al cumplimiento de la regla fiscal y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. Su principal decisión -con un alto costo en la popularidad del Gobierno- ha sido el aumento del precio de la gasolina corriente. Esta ha aumentado en cerca de un 30%, buscando igualar el próximo año el precio interno al precio internacional.
La consecuencia de esta costosa decisión política -que ocultó y no quiso afrontar el gobierno Duque- es el control del déficit fiscal del Gobierno central. Este aumento del precio de la gasolina -de $9.400 a 13.600- ha permitido que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles reduzca la deuda que tenía el Estado de 37 billones y que amenazaba con subir a los 70 billones de pesos este año.
Todas estas acciones del Ministerio de Hacienda han posibilitado que se pase de una expectativa de crecimiento económico del 1% para este año a otra mayor que oscila entre 1,5% o 1,8%. En un ambiente mundial que se caracteriza por las crisis y el decrecimiento económico, luego de un período de pandemia, con un déficit fiscal en crecimiento y con una guerra entre Rusia y Ucrania que ha afectado a todo el globo.
Igualmente, uno de los logros económicos importantes en el país durante este último año ha sido el control de la tasa de inflación. La Junta Directiva del Banco de la República -que tiene entre sus miembros al ministro de Hacienda- tomó la decisión de aumentar las tasas de interés de manera sistemática hasta un máximo de 13,25%. Logrando, desde marzo de este año, presentar resultados positivos en materia inflacionaria, con un crecimiento cada vez menor del Índice de Precios al Consumidor (IPC), pasando de 13,34% en marzo pasado a 12,13% en junio.
En esta labor de fomentar el desarrollo y el crecimiento económico acompaña al Ministerio de Hacienda, de manera paralela, el Departamento Nacional de Planeación. Al frente de este importante organismo el presidente de la República nombró a Jorge Iván González. Destacándose en este primer año la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. En tiempo récord, el DNP logró realizar 51 Diálogos Regionales Vinculantes, en los que participaron 250 mil personas de 1.104 municipios de los 32 departamentos.
De esta manera, desde principios de 2023, el país cuenta con una hoja de ruta que, por cuatro años, le señala un camino claro para el desarrollo. Son $1.154 billones que lograron ser pensados para llevar a cabo, entre otros proyectos, las 89 mil propuestas o necesidades de cambio que se identificaron en los diálogos regionales. Destacando entre las apuestas el aumento de la transferencia de subsidios a la población -de $3 billones a cerca de $12 billones- mediante el programa de Renta Ciudadana.
Otra apuesta importante es la de transición energética. El país le ha propuesto al mundo convertirse en una Potencia Mundial de la Vida. Para lograrlo, el DNP, junto a varios ministerios, le está aportando a la descarbonización de la economía. En esta lógica, el Ministerio de Minas y Energía envió señales a la inversión extranjera en estar repensando el tema petrolero y la necesidad del cuidado del medio ambiente, usando energías renovables y una política de cuidado de la selva amazónica.
La ministra Irene Vélez también logró -antes de su renuncia en julio- poner sobre el tapete la importancia de introducir cambios normativos en la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Desde que llegó a la cartera de Minas, le propuso a los empresarios del sector realizar un pacto por la Justicia Tarifaria, buscando controlar el excesivo incremento en el costo de estos servicios, y construir colectivamente otra fórmula tarifaria.
Por último, entre los otros organismos que inciden en la economía, quiero destacar el Ministerio del Trabajo. La importancia de este organismo está en el logro de poner de acuerdo a centrales obreras y gremios en un reajuste salarial del 16% para 2023. Además, aportar a la construcción de dos propuestas de reformas que están en el Congreso de la República -una pensional y otra laboral- y que representan un giro en la manera como se piensa el trabajo y la seguridad de los que laboran y cotizan en Colombia.
Este ministerio, junto al conjunto de organizaciones del Gobierno, lograron reducir la tasa de desempleo en el país en 2 puntos porcentuales, cayendo a 9,3% en julio de este año para todo el país y en 8,8% en las principales 13 ciudades. En especial, cabe destacar la reducción del desempleo juvenil y el cierre de la brecha entre las tasas por género -hombres y mujeres-. Con lo cual se está atendiendo uno de los principales problemas que llevó al país a las movilizaciones en 2022 y al cumplimiento de una de las promesas que realizó el presidente Petro en campaña.
En síntesis, se tiene un balance positivo en materia económica en el país durante este primer año de gobierno. El presidente Petro, con su equipo de trabajo, han logrado direccionar una serie de programas y acciones que han mantenido la economía a flote, en medio de una situación crítica mundial. Con unas acciones de corto y mediano plazo que han logrado avanzar en las principales variables: crecimiento económico, inflación, desempleo, valorización del peso frente al dólar y el euro, reducción de los déficit fiscal y de la cuenta corriente de la balanza de pagos, entre otros.
Además, los ministerios, a pesar de la relativa inestabilidad de sus dirigentes -pues este Gobierno se ha caracterizado por un cambio periódico de los responsables de las carteras-, han logrado mantener un norte coherente. Se tiene una serie de propuestas de cambio estructural que operan lentamente y con dificultad, como se espera. Convirtiéndose estas reformas -salud, pensiones, laboral y de educación superior, entre otras- en el mayor reto que tiene el Gobierno en el resto de su mandato.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.