Por: Oscar A. Chala
Investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
En medio del Festival de las Ideas 2024, realizado por el Grupo Prisa en Villa de Leyva, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, realizó una exposición de lo que sería el documento guía del Acuerdo Nacional, al que llamó “Acuerdo Mínimo contra la violencia y la democracia”.
Luego, el documento salió en los principales medios de comunicación y en la página del ministerio, denotando los 5 grandes puntos en los que gira esta propuesta, que ha pretendido aterrizar dos años de enunciaciones, teorizaciones y conceptos sobre lo que es ese “acuerdo” que el gobierno ha buscado con los partidos políticos, los gremios económicos y las organizaciones sociales desde que llegó al poder en 2022.
Aunque algunos políticos y analistas como Aníbal Gaviria han señalado que el Acuerdo “ha llegado muy tarde” y que tiene más sentido como movida estratégica que como intención real de conciliación y diálogo, el documento de Cristo termina por concretar lo que sería la hoja de ruta del gobierno en lo que le resta de tiempo antes de llegar a 2026, para lograr mover los 5 grandes puntos de su programa político.
Este documento sale público, luego de varias semanas, tras los embates que ha sufrido el gobierno en el Congreso, los roces con las Cortes y los foros de la ANDI y FENALCO, que han ambientado una resistencia mucho mayor de algunos sectores económicos y políticos frente a la agenda política de Petro y el Pacto Histórico.
Del “Acuerdo Mínimo” o del programa de gobierno para llegar vivos a 2026
Aunque Cristo no logró presentar su propuesta de Acuerdo Nacional de manera completa —según La Silla Vacía, fue interrumpido por la conductora del evento mientras iba desglosando el tercer punto de los 5 propuestos en el documento original—, sí hizo público a través de la página del Ministerio del Interior la idea en general de este acuerdo.
Los 5 puntos tocan, en su mayoría, los mismos temas centrales que sostienen al Plan Nacional de Desarrollo: los procesos de paz con los grupos armados y las organizaciones criminales; la necesidad de consolidar un modelo económico centrado en la transición energética, la reforma rural integral y el fomento a través del crédito; el trámite de las reformas sociales del gobierno de manera dialogada a través del Congreso; y la implementación de lo pactado en los Acuerdos de Paz con la extinta guerrilla de las FARC.
El documento tiene un punto novedoso, que gira alrededor del respeto por el calendario electoral y la protección del sistema político y electoral de cara a 2026, así como la garantía de que cualquier propuesta de transformación debe transitar con las herramientas y en el marco de la Constitución de 1991, lo que sepulta, al menos por este año, cualquier propuesta frente a un proceso constituyente.
Comparado con sus discursos durante la instalación de la segunda y tercera legislatura, el documento presentado por Cristo tiene una amplitud mucho mayor que en las anteriores enunciaciones de esta idea de Acuerdo Nacional.
En 2023, Petro en su discurso buscaba un acuerdo tácito con los partidos y sus bancadas en el Congreso para que su agenda legislativa pudiera moverse, posterior a la ruptura de la coalición de gobierno en abril de ese año. Luego, como lo contamos en este informe de balance del gobierno en 2023, el acuerdo se tradujo en acercamientos con varios de los sectores económicos gremiales del país y sus principales figuras.
Para 2024, el Acuerdo Nacional giraba como la alternativa (y como un punto de llegada) frente a la posibilidad de que surgiera, del poder constituyente —que fue la manera como el gobierno denominó la acción de sus bases sociales y políticas, idea que expusimos y explicamos en esta historia—, un proceso que terminara en una reforma profunda a la Constitución de 1991 e, incluso, a un nuevo proceso constituyente. En este caso, este Acuerdo giraba sobre la tesis del gobierno de que lo pactado para llegar a la constitución de 1991 no se había cumplido a cabalidad.
Sin embargo, la idea de una transformación institucional encendió las alarmas y manifestó los temores de un sector político de independientes y de la misma oposición de derechas frente a una potencial “deriva autoritaria”, que a la final llevó, entre otras cosas, a la llegada de Cristo a la cartera de MinInterior y su tarea en aterrizar la propuesta de este Acuerdo Nacional, e iniciar los diálogos para darle viabilidad a la misma, en julio de 2024.
El documento no tiene una estructura metodológica que explique la forma como se debe construir este Acuerdo Nacional con un enfoque diferenciado entre sectores, sino que hace un llamamiento directamente a todos los actores políticos y sociales para construir este acuerdo y una lista de compromisos que el Estado adquiere para el desarrollo de esos diálogos.
Esa carencia metodológica queda manifiesta cuando Laura Sarabia, al ser preguntada por cómo se implementaría ese acuerdo, responde para la Revista Cambio “(...) el acuerdo nacional no es un papel, el acuerdo nacional se construye día a día y son cosas específicas. No hay un acuerdo nacional para todo, en realidad es una búsqueda de cómo nos ponemos de acuerdo”.
Del mismo modo, queda presente cuando en el mismo evento del Festival de las Ideas Sarabia responde a La Silla Vacía que mientras el gobierno Petro se piensa el Acuerdo Nacional desde discusiones más políticas, estructurales e ideológicas, para la mayoría de los funcionarios de la rama ejecutiva este debía traducirse en hechos concretos y acciones puntuales.
No obstante, los puntos del Acuerdo Nacional se pueden leer como elementos guía muy generales para estas discusiones concretas, lo que conlleva a que, eventualmente, se conviertan en la base programática con la que el gobierno pretende mantenerse hasta 2026. De allí que exista un compromiso sobre el respeto por el calendario electoral; otro sobre bajar la polarización y la violencia política; otro sobre la defensa y el trámite de los puntos del acuerdo con base en la Constitución de 1991, y otro sobre la construcción consensuada de las reformas sociales.
Del mismo modo, este documento de Acuerdo Nacional también puede convertirse en la base sobre la que se edifique el programa político de gobierno de las próximas candidaturas del Progresismo al Congreso y a la Presidencia, haciendo que el foco de campaña proyectado ya no gire sólo sobre la defensa de las cifras del gobierno dentro de 2 años, sino dentro de la búsqueda de ese acuerdo nacional a futuro para poder consolidar lo que no se logre en lo que resta de tiempo.
Por ahora, la intención del MinInterior es que el documento reciba observaciones y propuestas de todos los sectores políticos, económicos y de la sociedad civil, lo que genera la duda frente a la temporalidad en la que este acuerdo puede consolidarse en algo más concreto, contando con que el otro año se abre la ventana preelectoral y los tiempos para mover la agenda legislativa se hacen cada vez más cortos.
El acuerdo no ha sonado mucho para apagar los incendios con el Congreso y con las Altas Cortes
El anuncio de Cristo llegó cerrando una semana en la que el gobierno había logrado un triunfo estratégico, pero que abrió más brechas dentro de sectores de su bloque político y sus bases sociales, tras la elección de Gregorio Eljach como nuevo procurador general por el Senado (2 de octubre) y tras haber tenido una derrota en las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado, donde finalmente el presupuesto que propuso para 2025 se hundió.
Según lo reportó El Espectador, el documento del Acuerdo Nacional que propuso Cristo ya estaba listo desde hacía varias semanas atrás, pero las tensiones constantes entre el ejecutivo y el legislativo impidieron su aprobación y publicación. De hecho, el documento iba a salir a inicios de septiembre, pero el gobierno reculó luego de que estallara el paro camionero.
Este choque con los sectores independientes y opositores ha sido uno de los principales problemas que ha tenido esta nueva propuesta de Acuerdo Nacional para aterrizar en el Congreso, donde existe un choque de trenes entre las presidencias de Senado y Cámara, y donde la posibilidad de un bloqueo político a algunas de las reformas sigue siendo latente.
De hecho, solo el bloque de gobierno ha salido a respaldarlo de manera abierta, mientras que las principales figuras de los partidos independientes de centro (como Jennifer Pedraza) o de la Alianza Verde (como Cathy Juvinao) han señalado que el acuerdo es insuficiente, especialmente cuando señalan que el gobierno no ha abierto los canales de diálogo y concertación frente a las reformas sociales, como la de salud, de la que existen 4 proyectos de ley distintos, uno de ellos impulsado por Pedraza y la bancada independiente.
Así mismo, el Acuerdo no ha sido atractivo para las bancadas de la oposición de derechas. Desde el Centro Democrático se hizo titular de noticias y eco en redes el llamado de Hernán Cadavid, representante a la Cámara de ese partido, quien dijo “lo que el ministro Cristo propone como ‘acuerdo nacional’ deberían ser lecciones que primero entienda y practique Gustavo Petro”, que luego fue contestado por Cristo, quien señaló que la invitación al Centro Democrático había estado abierta, pero que nunca respondieron al llamado.
Por su parte, desde la bancada de Cambio Radical —que en el discurso de instalación de la tercera legislatura señalaron la posibilidad de llegar a ese Acuerdo Nacional, si veían voluntad del gobierno para recibir la crítica por su gestión— las respuestas también fueron de escepticismo, especialmente frente al evento de entrega de más de 8.000 hectáreas de tierra a víctimas de los paramilitares en Córdoba, en la que Petro sostuvo un intercambio de sombreros con Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC, y que justificaron para señalar que en ese Acuerdo Nacional no todo vale.
En la relación con la rama judicial, el acuerdo tampoco ha tenido mucho eco. De hecho, en medio de la posesión de la magistrada Elizabeth Becerra para el Consejo de Estado, Petro hizo un llamado a las Altas Cortes para plegarse a este diálogo nacional, ante el riesgo de que un potencial estallido social vuelva a emerger, según su concepto, porque las instituciones del Estado no responden muchas veces a la voluntad popular expresada en el voto.
A partir de esta idea, enunció la aprobación de la reforma judicial en México, que permite la elección de jueces por voto popular, como una respuesta ante la incapacidad de —según él— la doctrina del derecho por leer el cambio social. Estas declaraciones se suman a las ya enunciadas contra el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en las que el gobierno indica que se encuentran politizadas.
Al cierre de esta nota, la Corte Constitucional había tumbado la posibilidad de que el Estado contratara directamente con las Juntas de Acción Comunal a través del Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir) debido a que excedían las facultades extraordinarias otorgadas al presidente para ello y afectaban la autonomía territorial. Esto permitió que una entidad nacional (el Invir) asumiera competencias que deberían corresponder a los departamentos y municipios, lo que contradecía, según la Corte, el principio de descentralización.
Del mismo modo, a inicios de septiembre, el presidente Petro también señalaba al Consejo de Estado de estar dentro de una movida de lawfare en su contra, luego de que señalara que el Consejo Nacional Electoral tenía las facultades para investigar la campaña Petro Presidente 2022 e imponer sanciones administrativas al presidente si se comprobaban las irregularidades, exceptuando la pérdida de su cargo, que depende de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Así lo contamos en esta historia.