Por: Raúl Cubas, Coordinador
Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), Capítulo Venezuela
El reciente Informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela se centra en dos temas prioritarios en sus investigaciones: a) los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas opositoras al Gobierno; y b) la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.
Lo destacable y novedoso para quienes estamos dedicados a la defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas es que por primera vez se visibiliza internacionalmente lo que ya era una dolorosa realidad denunciada nacionalmente, pero que había tenido poco eco en la comunidad internacional. Diversas organizaciones ambientalistas, organizaciones de etnias indígenas y de derechos humanos, advertimos y denunciamos sobre las posibles consecuencias que generaría la aprobación y la activación de las actividades extractivistas en los territorios del Arco Minero del Orinoco, en 2016.
Seis años después, las negativas consecuencias ambientales y sociales que afectan a la población criolla e indígena, así como las graves violaciones a los derechos humanos documentadas en la región, están a la vista y son imposibles de ocultar. En diciembre de 2021, el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) hizo público un informe titulado Ecocidio y violencia: panorama del extractivismo en Venezuela, en el que se denunciaba que entre 2013 y 2021, 32 líderes indígenas y ambientales fueron asesinados, 21 de ellos por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con anterioridad, en febrero de 2020, 174 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana afirmaron públicamente que: “defensores y defensoras ambientales e indígenas han sido víctimas de hostigamiento y represalias por denunciar los abusos y afectaciones producto de la explotación de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del país”.
Cabe destacar que no solo los defensores del ambiente y el territorio han sido víctimas de la violencia, sino también la población civil que habita en los territorios afectados por la minería extractivista, lo que degrada aún más sus ya desfavorables condiciones de vida. El Centro para la Reflexión y Acción Social (CERLAS) registró entre 2012 y 2018 al menos 30 masacres perpetradas en zonas mineras al sur de Venezuela. De ellas, 25 masacres han dejado un saldo de 217 personas asesinadas entre marzo de 2016 y junio de 2020. En este mismo sentido, entre 2012 y 2021, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU) ha registrado 151 reportes de desaparición de personas en los territorios mineros de Bolívar, vinculados con pagos en oro. Del total, 111 desaparecidos son hombres y 40 mujeres. Los responsables de dichas masacres son los denominados “sindicatos” (bandas criminales), las fuerzas guerrilleras colombianas presentes en la región y cuerpos de seguridad del Estado.
Las anteriores denuncias fueron confirmadas por la Misión de las Naciones Unidas, en los acápites 86 y 87 de su reciente informe, en el que se afirma que:
“86. La Misión recibió información según la cual las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados criminales han cometido y siguen cometiendo asesinatos; secuestros; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes; y violencia sexual y de género, especialmente contra las personas residentes y trabajadoras de las zonas mineras del estado de Bolívar. Los grupos ilegales están fuertemente armados y habitualmente entran en conflictos violentos entre ellos o con las autoridades del Estado. La Misión también recibió información de fuentes con conocimiento interno y de testigos presenciales que señalan la connivencia de algunas autoridades estatales con los grupos criminales que operan en ciertas zonas mineras. Las autoridades estatales a menudo no investigan ni sancionan los delitos cometidos por estos grupos.
87. La Misión recibió información que indicaba que los grupos criminales ejercen un control de facto sobre grandes zonas mineras del estado de Bolívar mediante incursiones violentas en las minas, puestos de control ilegales (a veces situados cerca de los puestos de control militares), extorsión y un sistema de normas aplicadas mediante castigos corporales como palizas públicas, amputaciones y asesinatos. Los grupos armados criminales también han participado en violentas batallas territoriales con grupos rivales que han provocado muertes y lesiones de civiles desarmados”.
Entre las víctimas de la violencia ejercida por grupos armados irregulares en el estado Amazonas, destaca el asesinato a fines de julio pasado de Virgilio Trujillo, quien participaba como miembro de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) y de las actividades de la Guardia Indígena Territorial de su comunidad, organizada para mantener su territorio libre de la extracción de minerales y de la presencia de fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana que opera en la zona. A más de tres meses del hecho, este permanece en la más absoluta impunidad.
No quedan dudas que la implementación de políticas extractivistas que se han intensificado desde la aprobación del proyecto del Arco Minero del Orinoco ha generado una ola de violencia que afecta a la población asentada en esos territorios y a quienes resisten y oponen a su lógica depredadora y deshumanizante.
La reciente aprobación por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de prorrogar por dos años más (2023 y 2024) el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, es una medida muy positiva y un espaldarazo para las víctimas de las comunidades indígenas y criollas afectadas en el sur de Venezuela, donde estamos en presencia de un genocidio silencioso hasta ahora que se desarrolla no solo en el territorio del Arco Minero del Orinoco sino también en el estado Amazonas.
La prórroga del mandato de la Misión es una oportunidad para investigar, documentar y denunciar lo que ocurre en esta última región, por lo que desde Odevida convocamos a las organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos a sumar y coordinar esfuerzos para diseñar e implementar una Campaña Nacional e Internacional en Defensa de la Amazonía Venezolana.
La atención de la comunidad internacional está puesta sobre la realidad que se vive en los territorios afectados por las políticas del extractivismo minero y la violencia que afecta a los pueblos indígenas; ahora les toca a las organizaciones de la sociedad civil seguir documentando y denunciando los hechos, porque la única verdad es la realidad y ahora la “lupa” de la Misión debe estar puesta en el Arco Minero del Orinoco y también en nuestra Amazonía.
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