Por: Redacción Pares
En 1988 ser defensor del Amazonas era exponerse a la furia de los violentos. Se llamaba Francisco Alves Mendes Filho, pero lo conocían por su apodo, Chico Mendes y denunció el holocausto que empezó a presentarse en la Amazonía. Como tantos otros de los que nacieron en su tierra, en Xapuri tuvo que hacer una de las labores más duras de la selva: recoger caucho. Vio cómo las grandes madereras empezaban a acabar con los árboles. En la década del setenta, a sus 30 años, se le enfrentó a los poderosos que desforestaban la selva para hacer muebles, casas y a los que quisieron convertir el pulmón del mundo en un enorme pastizal.
A medida que su nombre iba cobrando prestigio internacionalmente, sus enemigos empezaban a acecharlo. Se creía, en Brasil, que al ser premiado y reconocido se blindaría de cualquier peligro. En 1987 la ONU le dio un premio, el Global 500 y la medalla del Medio Ambiente de la Better World Society, en Estados Unidos, pero nada de esto bastó. A Chico Mendes lo matarían el 22 de diciembre de 1988 al frente de su casa, delante de sus hijos. Tenía 44 años.
En una crónica de El País de España se recuerda que la misma noche en que lo mataron se creó un Instituto, el Comité Chico Mendes, que se encarga de concientizar a la gente del Amazonas la importancia de la preservación de este hábitat. Sus hijas son las primeras en mantener el legado, una de ellas es Angela Mendes. Muchos ecologistas afirman que la labor de Chico Mendes sirvió para lograr blindar a los defensores del medio ambiente por medio de leyes, como sucede con el acuerdo de Escazú. Los 27 puntos aprobados en la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo fue uno de los antecedentes más importantes que tuvo el acuerdo. El principio 10 rezaba lo siguiente:
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.
Veinte años después todo se concretaría en la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Río+20) y luego en el 2014 en Santiago de Chile y ratificado en el 2018 ante la ONU firmado por 25 países en donde los principales beneficiados son los líderes ambientales ya que el acuerdo consiste en permitir “el acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Pero fue la sangre derramada de Chico Suárez quien permitió que se estableciera este acuerdo, el más avanzado en materia ambiental en Latinoamérica y que el pasado 28 de agosto fue aprobado por la Corte Constitucional de Colombia. La lucha de los defensores del ambiente ahora queda más legitimada que nunca. Igual no se pueden bajar los brazos, en un año como en el 2022 se denunció el asesinato de 177 personas que defendían el medio ambiente en todo el mundo.
La llama que inició Chico Mendes no debe apagarse jamás.