El aumento del control armado en la Amazonía colombiana y sus implicaciones ambientales

Por: Katerin Erazo, Periodista

En los últimos años, la Amazonía colombiana ha enfrentado una crisis cada vez más compleja debido al creciente control de grupos armados ilegales sobre vastas zonas del territorio. La situación, que ha captado la atención de organizaciones internacionales como Crisis Group, expone no solo los efectos de este control sobre las comunidades locales, sino también las profundas consecuencias ambientales.

La región, un área biodiversa y fundamental para el equilibrio ecológico global, se encuentra en la mira de actores ilegales que han convertido la deforestación y la explotación de recursos naturales en herramientas de presión y financiamiento.

Hace apenas tres meses, Crisis Group emitió una advertencia sobre la criminalidad que prolifera en la región de la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Esta área ha sido testigo del auge de grupos delincuenciales que, aprovechándose de la geografía aislada de la selva, han establecido economías ilegales centradas en actividades como el cultivo de cocaína, la minería ilegal de oro y la tala indiscriminada de árboles. La combinación de estos factores ha permitido que los grupos criminales no solo se fortalezcan económicamente, sino que extiendan su control territorial y social sobre comunidades vulnerables.

En un reciente informe, la organización internacional señaló con preocupación el incremento del poder de estos actores armados, particularmente en la Amazonía colombiana. De acuerdo con el informe, el Estado Mayor Central (EMC), el mayor grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), ha consolidado su influencia en vastas áreas remotas de la selva. Este grupo armado, surgido tras la desmovilización de las FARC, ha aprovechado el vacío de poder dejado por el Estado para imponer un control rígido sobre las comunidades y el uso de los recursos naturales.

Con la llegada del presidente Gustavo Petro al poder en 2022, el EMC adoptó una postura firme en contra de la deforestación y la praderización, estableciendo medidas estrictas para limitar estas prácticas. Bajo amenaza de multas y trabajos comunitarios, los disidentes impusieron un control que, inicialmente, tuvo un efecto positivo en la reducción de la deforestación en la región. Según Crisis Group, en las áreas controladas por el EMC, la tasa de deforestación disminuyó un 51% en 2023.

Sin embargo, este escenario comenzó a cambiar drásticamente tras la ruptura de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el EMC. La Fundación CORE, que ha investigado la dinámica de las disidencias en la región, advirtió que entre julio y agosto de 2023 la deforestación aumentó significativamente, afectando más de 4.600 hectáreas adicionales en comparación con el trimestre anterior. La ruptura del cese al fuego entre el Gobierno y el EMC fue un factor clave en este nuevo incremento de la tala de bosques.

El informe de Crisis Group resalta que, si bien las negociaciones anteriores contribuyeron a una reducción temporal de la deforestación, el fracaso de estas ha permitido que los niveles vuelvan a dispararse. Esto sugiere que el EMC utiliza la deforestación como una herramienta de presión en sus interacciones con el Estado, aprovechando el control territorial que ejercen en la Amazonía.

La deforestación en la Amazonía no solo se debe al conflicto armado y la expansión de los cultivos ilícitos. Una de las principales actividades que ha impulsado la destrucción de los bosques es la ganadería. Según Crisis Group, en los últimos 30 años, la cría de ganado se ha expandido enormemente en la región amazónica. Tan solo entre 2016 y 2023, la población de ganado en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Meta creció en más de un millón de individuos, lo que representa un aumento del 30% en esa zona.

Esta práctica no solo destruye ecosistemas frágiles, sino que también fomenta una economía ilegal que beneficia a grandes actores comerciales y políticos locales. Según el informe, los grupos armados como el EMC cobran a los ganaderos por la praderización de tierras, y en muchos casos, ellos mismos arrasan con el bosque para usar las tierras de forma lucrativa. Además, el control territorial les permite a estos actores acceder a títulos de propiedad que luego pueden vender a precios elevados, consolidando aún más su poder económico.

La construcción de carreteras ilegales ha sido otro factor clave en el avance de la ganadería y la deforestación. Se estima que en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare existen más de 25.000 kilómetros de vías ilegales, que permiten no solo el transporte de ganado, sino también la expansión de otros negocios ilegales como la minería, la tala y el tráfico de fauna silvestre.

A pesar de los esfuerzos estatales, como la “Operación Artemisa” implementada durante el gobierno de Iván Duque, los resultados en términos de protección ambiental han sido limitados. Aunque esta operación movilizó a más de 22.000 agentes de seguridad y llevó a la detención de más de 200 personas, su enfoque fue ampliamente criticado. Las comunidades locales señalaron que la mayoría de los detenidos eran campesinos y pequeños agricultores, mientras que los verdaderos financiadores de la deforestación masiva, los grandes actores económicos y políticos, permanecieron impunes.

El informe de Crisis Group subraya la importancia de una estrategia más integral para abordar el problema. Si bien el EMC ha demostrado tener la capacidad de reducir la deforestación en sus áreas de control, es necesario que el Estado colombiano implemente medidas que combinen la protección ambiental con el desarrollo económico sostenible. La negociación con los grupos armados, aunque controversial, podría ser una vía para lograr acuerdos en los que se establezcan límites claros a la expansión de actividades económicas devastadoras para la selva.

En este sentido, la propuesta de establecer un sistema de trazabilidad para el ganado, como la presentada en el Congreso de la República por el representante Juan Carlos Losada, es un paso en la dirección correcta. Aunque la iniciativa fue archivada, la creación de un sistema que permita verificar el origen del ganado y su impacto en la deforestación podría ser una herramienta valiosa para frenar la destrucción de la Amazonía.

El control territorial que ejercen grupos armados como el EMC en la Amazonía representa un desafío enorme para el Estado colombiano y la comunidad internacional. A medida que estos grupos consolidan su poder en la región, el futuro de uno de los pulmones más importantes del planeta parece cada vez más incierto. El diálogo entre el Estado y los actores armados debe ser una prioridad, no solo para frenar la violencia, sino también para proteger el medio ambiente.

Según Nashry Zahgui Ibn, coordinador de la Línea de Transición Energética y La Paz de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el avance de las energías renovables en Colombia podría desempeñar un papel crucial en la reducción de la deforestación en la Amazonía. Esto se debe a que disminuiría la dependencia de actividades que fomentan la degradación ambiental, como la minería ilegal y la tala de bosques controladas por grupos armados.

El coordinador de la Línea de Transición Energética de Pares también destaca que ofrecer alternativas económicas sostenibles basadas en energías limpias, como la bioenergía o la solar, puede mitigar la explotación intensiva de los recursos naturales. Las energías renovables podrían reducir la presión sobre los ecosistemas amazónicos al disminuir la necesidad de energía derivada de combustibles fósiles, que a menudo requieren infraestructura invasiva en áreas forestales. Proyectos energéticos sostenibles, como los promovidos en la Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa, tienen el potencial de empoderar a las comunidades locales, proporcionándoles fuentes de ingresos alternativas y alejándolas de actividades depredadoras controladas por grupos ilegales.

Además, Zahgui Ibn señala que el Estado debe asumir un papel activo y protector en la transición energética en regiones vulnerables como la Amazonía, donde los grupos ilegales controlan actividades como la minería y la tala. En estas áreas, es fundamental que el Estado priorice la presencia institucional y ofrezca alternativas económicas sostenibles a las comunidades locales mediante la creación de proyectos de energía renovable que fortalezcan la economía sin degradar los recursos naturales. Esto implica no solo desarrollar infraestructura energética, sino también proporcionar educación y capacitación en nuevas tecnologías, así como fortalecer la gobernanza ambiental, empoderando a las comunidades para gestionar de manera sostenible sus recursos.

Por último, Zahgui Ibn enfatiza la importancia del fortalecimiento de mecanismos de seguridad territorial y políticas de protección para reducir la influencia de grupos ilegales, al tiempo que se promueve la reforestación y conservación como parte de una estrategia integral para la Amazonía. La justicia ambiental y la participación de las comunidades indígenas y rurales deben estar en el centro de esta política, asegurando que los beneficios de la transición energética se distribuyan de manera equitativa.