Por: Ariel Ávila, subdirector – Pares
Cuando se trata de temas políticos siempre hay distancias grandes entre el discurso y la práctica: los mandatarios más corruptos en el continente se han hecho elegir con discursos de lucha contra la corrupción. Las guerras en nombre de religiones o modelos de gobierno como la democracia generalmente cubren intenciones de conquistar recursos de diferentes naciones, y ni que decir, de los discursos moralistas de líderes políticos y religiosos que esconden la violencia sistemática en sus hogares. De todo esto hay ejemplos que pululan en el mundo. Con el tiempo se terminan derrumbando las mentiras. Tal vez esto sea lo que sucede en Colombia con el partido Centro Democrático, que es la estructura política del expresidente Álvaro Uribe y el actual presidente Iván Duque. La historia es la siguiente.
Durante 2016 el partido del exmandatario promovió el No en el plebiscito por la paz. El argumento era sencillo: para este partido el modelo de Justicia Transicional traía impunidad y por ende los criminales debían ser castigados fuertemente. Sin embargo, una vez ganaron, lo primero que pidieron es sacar o evitar que los expresidentes, entre ellos Álvaro Uribe, pasaran por la JEP o Jurisdicción Especial para Paz. La pregunta era sencilla: ¿si el sistema traía tanta impunidad, no era mejor para el uribismo dejar al expresidente ahí y así garantizar que no le pasará nada judicialmente en sus múltiples investigaciones derivadas de acciones que sucedieron en el marco del conflicto armado?.
En 2017, pasó exactamente lo mismo, en medio de las eliminatorias al mundial de futbol, momento en el que el país se paraliza, y durante la reforma constitucional que creaba la JEP, entre el partido Cambio Radical y el Centro Democrático aprobaron una proposición según la cual los políticos y empresarios que fueron determinadores de acciones en el marco del conflicto armado saldrían de la JEP. Es decir, el modelo de justicia transicional no los podría ni investigar, ni requerir en ninguna diligencia. Nuevamente había una duda, pues decían que la JEP traía impunidad y mientras decían eso en público, por debajo de la mesa y en la euforia futbolística, excluían determinadores de la guerra.
Una vez el uribismo logró la presidencia, hace algunos días, el primer acto fue emprenderla contra la JEP y la Comisión de la Verdad. Pero la semana pasada destaparon las cartas abiertamente, los representantes a la Cámara del Cetro Democrático presentaron un proyecto de reforma constitucional, que busca adicionarle un artículo a la Constitución colombiana, que dice lo siguiente:
“La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz, y cualquier otro mecanismo que forme parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá solicitar, requerir, pedir u oficiar a las entidades públicas de cualquier orden, a los organismos de control, a los servidores públicos y a los particulares que cumplan o cumplieron funciones públicas, información, datos, documentos de carácter reservado, información sometida a reserva…”
Más adelante dicen que el desconocimiento constituirá una falta gravísima para el que solicite o suministre la información, y en la sección de exposición de motivos de la reforma constitucional dice textualmente que en la Comisión “existen matices ideológicos, donde la mayoría de sus miembros son de una tendencia de izquierda”.
El uribismo ha destapado sus cartas. Si la JEP y la Comisión de la Verdad traen mucha justicia se privilegia la verdad y sobre todo se garantiza el derecho a la no repetición. Muchos sectores que se beneficiaron de la guerra están muertos de pánico por la posibilidad de que la justicia los requiera.
También se debe recordar que la guerra en Colombia dejo tres grandes botines: la tierra; el poder político local y el mapa de la producción regional. Sobre el primer tema, más de seis millones de hectáreas fueron despojadas, en su mayoría a pequeños campesinos, la mayoría de esa tierra terminó en manos de políticos, empresarios e incluso miembros de las altas Cortes de Justicia en Colombia. Los sectores que nos gobiernan ganaron la guerra y ellos saben que si hay paz y justicia tendrán que devolver lo que robaron, por eso quieren destruir el sistema de Justicia Transicional.
Mientras esto ocurre, la sociedad civil se organiza. Tal vez logren destruir este sistema jurídico, pero muchas ONGs están recopilando información con la esperanza de que la justicia algún día llegue para todos los actores de la guerra y no solo para una parte.
Artículo publicado inicialmente por El País de España
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