Por: León Valencia, director – Pares
La tragedia fue enorme: según los cálculos de los organismos de derechos humanos, a lo largo de 40 años se produjeron cerca de 4000 mil ejecuciones extrajudiciales de las cuales 1800 tuvieron ocasión en los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Algunos de los implicados, muy pocos aún, están concurriendo a la Jurisdicción Especial para la Paz a contar las circunstancias en que se dieron estos crímenes. Las revelaciones iniciales son realmente escabrosas.
Por eso, la sola noticia de que esta dolorosa mortandad de personas indefensas pudiera continuar e incrementarse, jalonada por unas directrices de la comandancia del Ejército Nacional, despertó tantas reacciones indignadas en la comunidad internacional y en las fuerzas internas comprometidas con la paz y los derechos humanos. No hay ninguna exageración en la alarma.
Tanto las revelaciones surgidas al interior del Ejército, como su difusión en un medio internacional tan prestigioso como el New York Times, son una clara demostración de que algo muy profundo ha cambiado en Colombia. Esto, que fue “normal” hace algunos años en la Fuerza Pública, ahora tiene el rechazo de una parte importante de ella. La deshonra que significó esta práctica ignominiosa en las filas militares, tuvo el efecto de poner en guardia a muchos oficiales respetuosos de la ley ante cualquier directiva que pueda ir en contravía a las obligaciones constitucionales de una fuerza dedicada a cuidar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.
El otro cambio decisivo viene de la mano del acuerdo de paz. Al desactivarse la principal amenaza guerrillera mediante un pacto de reconciliación, se acabó el pretexto que tenían muchos actores políticos y agentes institucionales para justificar acciones abiertamente ilegales, señalando que las víctimas pertenecían o simpatizaban con las organizaciones insurgentes. Ahora no es fácil, o es menos fácil, esconder un crimen arropando a la víctima en una bandera sediciosa. Los medios de comunicación, en este caso un poderoso periódico de los Estados Unidos, tienen menos barreras para examinar decisiones o conductas de las instituciones del país.
Esa es la grave equivocación del comandante del ejército, Nicacio Martínez, del ministro de la defensa, Guillermo Botero y del propio presidente de la república, Iván Duque: no aceptar que las cosas han cambiado, que no estamos en los primeros años de este siglo, que hay un proceso de paz de por medio. Sólo cuando se desató el escándalo empezaron a comprender, un poco, retiraron la directiva del Ejército y nombraron una comisión para que examinara lo que se estaba haciendo en las filas militares.
Quizás esta lección les sirva para la reflexión. Ojalá la próxima vez no acudan al expediente de llamar a los directores o dueños de los medios nacionales para tratar de conjurar el escándalo mediante presiones o halagos, como lo hizo en esta oportunidad el Secretario General de Palacio.
El escándalo tuvo la consecuencia lateral de generar una grave controversia con el New YorK Times, desatar una investigación de la Procuraduría sobre las decisiones del Ejército y sacudir a la revista Semana con la salida forzosa de Daniel Coronell, el columnista estrella del medio.
Las temerarias y falsas acusaciones que hicieron algunos partidarios del gobierno sobre los corresponsales del diario estadounidense, radicalizaron aún más la posición de los directores del periódico y suscitaron un editorial acusando a Duque de estar saboteando la paz; las fuerzas políticas nacionales pusieron la lupa en el trámite de ascenso en el que se encuentra el general Martínez; y Semana sufrió un lesión inmensa en su credibilidad, con la sospecha que de verdad había engavetado la investigación avanzada que tenía en sus manos sobre los falsos positivos, y con la equivocada decisión de prescindir de los oficios de Daniel Coronell.
Los coletazos pueden seguir si el uribismo y el gobierno siguen cerrando los ojos ante las nuevas realidades del país, y se empeñan en volver atrás la rueda de la historia. Tienen que entender que, lo que ayer les dio resultado, ahora es un enorme lastre que puede sepultar una administración que prometía mirar hacia adelante y construir una nueva agenda para Colombia.
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