Por: María Juliana Jiménez, Investigadora Nacional
Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana
Actualmente la mitigación de los feminicidios y otras violencias basadas en género (VBG) hacen parte de la agenda política nacional, en tanto que diversos actores –especialmente mujeres– se han esforzado por el reconocimiento de una emergencia de VBG: no puede ser más claro que nos queremos vivas, libres y sin miedo. Gracias a la persistencia de este llamado, el Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno plantea –además del reconocimiento de la emergencia– compromisos concretos que pueden orientar la mejora de la seguridad para las mujeres.
Mucho antes de poder aterrizar estos planteamientos, los feminicidios volvieron a inundar los medios de comunicación en el Día de la Madre con casos en Bogotá, Santa Marta y Cómbita. Fueron diversos los titulares y enfoques: que los “protocolos de protección” de los gobiernos locales en Soacha y Bogotá fueron inútiles para proteger Érika Aponte, que la vigilancia del INPEC en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita fue absolutamente ineficiente en garantizar seguridad a Merly Andrea Rengifo, y que el escalamiento de una discusión en el barrio La Paz en Santa Marta terminó con el asesinato de Gloria del Carmen Rodríguez por parte de su esposo (un “líder comunitario” de la ciudad).
Es inaceptable que casos como los presentados sean los detonantes de declaraciones a favor de las agendas feministas, el cuidado de las mujeres y protocolos institucionales que siguen siendo insuficientes. En su lugar, es necesario que la emergencia de VBG se entiendan como un asunto prioritario que amenaza contra la integridad y libertad de las mujeres todos los días. Atendiendo a esta necesidad, y reiterando el estado de emergencia, a continuación se indaga acerca de uno de los aspectos más problemáticos a la hora de abordar las VBG: el registro objetivo de los casos para poder orientar decisiones de política pública.
¿Por qué es importante centralizar los registros?
Sobre los feminicidios en Colombia hay algunas claridades: 1) desde 2015 es un delito tipificado que implica condenas de hasta 65 años sin posibilidad de rebaja (Ley 1761 de 2015 Rosa Elvira Cely). 2) Los movimientos feministas se han encargado de visibilizar la gravedad de las diversas violencias basadas en género (VBG) que pueden alertar sobre posibles feminicidios, e igualmente reclamar justicia por todas las mujeres que ya no están con nosotras. 3) Si bien ha habido avances importantes en materia de respuesta gubernamental, la mitigación de los feminicidios es una meta aún muy lejana.
Ahora bien, para el debido abordaje de este delito –y de las VBG asociadas al mismo– lo esencial es poder caracterizar adecuadamente los casos, es decir, saber cuántos son, dónde suceden, cuándo suceden y quiénes son los victimarios. Lograr esclarecer esa información orientaría contundentemente sobre la dimensión de la problemática y sería ideal para la formulación de políticas públicas eficientes en la mitigación de los casos. No obstante, las cifras de feminicidios en Colombia se caracterizan por ser muy poco claras: hay múltiples registros –tanto oficiales como provenientes de organizaciones de la sociedad civil– que utilizan criterios diferenciados para identificar un feminicidio, y, por tanto, los conteos son desproporcionales entre sí. Por ejemplo, mientras que el Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación (SPOA) presenta 167 feminicidios en 2022, la Procuraduría General de la Naciónse refiere a 614 casos, el Observatorio Colombiano de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista presenta 619 y, finalmente, la Fundación Feminicidios Colombia acumulaba 210 casos para noviembre del mismo año.
Sobre esta dificultad, Manifiesta hace un pertinente análisis comparativo entre las diversas formas de registro: destacando que mientras algunos basan su conteo exclusivamente en los criterios de la Ley Rosa Elvira Cely, otras organizaciones se basan en conceptos más subjetivos como el de de “Violencia Neoliberal Feminicida”, que abarca aspectos estructurales de la sociedad patriarcal y las relaciones de poder que se derivan de la misma. Igualmente, destaca organizaciones que diferencian los “feminicidios políticos” que tienen relación con los casos de lideresas sociales asesinadas, o aquellos asesinatos de mujeres que suceden en contextos de violencia sicarial. De este modo, es claro que el entendimiento del fenómeno dependerá de los criterios considerados.
El subregistro es un segundo elemento para tener en cuenta. Como se menciona en el Informe Vivir sin Miedo 2023, publicado el pasado 08 de marzo por la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), hay factores contextuales que mitigan las denuncias de los feminicidios y las VBG. En primer lugar, el hecho que muchas víctimas vivan con sus victimarios dificulta a las mujeres el acceso a mecanismos de justicia y redes de apoyo: se mitigan las denuncias de VBG que pueden tener lugar de forma previa al feminicidio, o inclusive la denuncia por parte de los familiares de la víctima cuando ya ha ocurrido el feminicidio. Igualmente, lograr un registro pertinente de los casos implica un alto grado de gobernanza por parte del Estado, que lo dote de competencia para atender los casos y capacidad para lograr presencia institucional en todo el territorio: un ideal muy alejado de la realidad colombiana en la que funcionarios públicos pueden no atender adecuadamente las denuncias, revictimizan a las mujeres y no ofrecen garantías suficientes de protección.
En todo caso, se atienda a uno u otro registro, hay una certeza clara que sigue justificando el movimiento feminista: a las mujeres en Colombia nos siguen matando y la respuesta estatal sigue siendo insuficiente. De hecho, las cifras presentadas por el SPOA ponen en evidencia el alto nivel de impunidad de los feminicidios: en 2022, únicamente el 49,3% de las denuncias derivaron en capturas y el 18,2% en condenas. Adicionalmente, el 49% de los casos se encuentran en proceso de investigación o indagación, mientras que solo el 15% corresponden a ejecución de penas. Ante este escenario tan desalentador, es esencial entender el estado de emergencia no como una situación de crisis sin retorno, sino como un punto de partida para movilizar acciones: el desface de las cifras puede dar cuenta de todos los factores asociados a los feminicidios y las VBG que se encuentran pendientes de abordar desde la esfera Estatal y que pueden moldear la agenda de las organizaciones y grupos que buscan incidir en la misma.
Control político a los tomadores de decisión
En el complejo contexto que rodea las VBG es clave mantener un fuerte control político a los gobiernos de turno; teniendo en cuenta que los asuntos de género pueden ser una excelente bandera de campaña sin que ocupen una verdadera prioridad a la hora de gobernar. Bajo esta lógica, el gobierno de Gustavo Petro ha sido especialmente polémico y las feministas no han dado espera demandando que se materialicen acciones concretas.
Al respecto, Paula Valencia (profesora de VBG de la Universidad Javeriana) enumera las seis grandes propuestas de Petro en materia de género: paridad en el gobierno, acceso prioritario a la educación y a la tierra para las mujeres, la creación de un sistema nacional de cuidado, el reconocimiento de las labores de cuidado, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y un plan de acción integral contra el feminicidio. Según Valencia, todo está pendiente de esta lista y uno de los retos principales será la asignación de recursos y lograr que el Estado mejore su presencia en las zonas más alejadas donde persisten los conflictos asociados a la tenencia de la tierra.
Por su parte, Valentina Encizo (coordinadora de Acción política de Artemisas) analiza que, en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo (PND), las propuestas asociadas al género fueron incluidas porque organizaciones feministas tocaron la puerta del gobierno y recibieron especial acogida de la vicepresidencia. Aunque se destaca que varias de sus propuestas –con relación a participación política y enfoque de género– hoy no hacen parte del PND, se mantiene una propuesta clave para incidir directamente en un mejor conteo de los feminicidios: la creación de un Sistema Nacional de Monitoreo de las VBG. Este sistema, si bien aspira a la unificación de los conteos, no indica un camino para unificar también los criterios bajo los cuales se caracterizan las VBG.
Finalmente, Juliana Hernández (directora de la Fundación Artemisas), opina que el gobierno debe dejar de pronunciarse con tuits o fotos, y en su lugar establecer políticas públicas y sistemas de alerta eficientes, si bien destaca el potencial de algunas de las propuestas de campaña cuyo desarrollo puede no ser evidente aún.
Estas lecturas, dan cuenta de la dimensión estructural de los asuntos de género, pues el abordaje de los feminicidios no depende únicamente de un conteo regulado, sino de un conjunto de factores sociales, económicos y políticos que rodean aquellos escenarios de violencia y que dependen de un gobierno eficiente: ¿cómo podrían mitigarse los feminicidios en las zonas rurales si el Estado no gobierna eficientemente en todo el territorio?, ¿cómo se puede priorizar el abordaje de las VBG sin la participación de las mujeres en el diseño de las políticas de gobierno?
Que no se agote el feminismo
Considerando lo expuesto, se reitera, por un lado, lo valiosos que son los avances logrados en cuanto a la visibilización de las VBG: es claro que la consciencia sobre estas violencias, y especialmente sobre los feminicidios, proyecta por sí sola una mirada más consciente y objetiva de las problemáticas que permean a la sociedad colombiana. Sin embargo, es claro que los retos que enfrenta el Estado en cuanto al abordaje de los feminicidios abarcan no solamente los retos técnicos en cuanto a la caracterización de los casos y la debida lectura del fenómeno, sino también importantes retos políticos para trascender los discursos y concretar transformaciones reales que le permitan a las mujeres colombianas pensar en un futuro en el que sea posible vivir sin miedo.
Por otro lado, en tanto que la deconstrucción de la sociedad patriarcal abarca aspectos estructurales, el feminismo debe estar presto a entender que los cambios de comportamiento tomarán tiempo e igualmente la adaptación del Estado a una sociedad verdaderamente igualitaria. Lo anterior será especialmente retador en países como Colombia, donde prima la corrupción, la violencia, la debilidad institucional y, consecuentemente, la impunidad. No obstante, el feminismo avanza porque –ante este entorno– las mujeres nos organizamos, exigimos y nos movilizamos para incidir en la construcción de una sociedad más justa. Por tanto, ser conscientes de estas condiciones estructurales no implica que el feminismo deba consentir la ineficacia Estatal ni el silenciamiento de los feminicidios bajo discursos de “crímenes pasionales” o “tragedias amorosas”.
De hecho, gracias a la constancia del feminismo, hoy la priorización de las VBG hace parte del PND, orientando una voluntad política clara que puede movilizar diversas agendas hacía la introducción transversal de enfoques de género pertinentes y objetivos; materializando acciones que apunten a transformaciones de fondo Adicionalmente, teniendo en cuenta los diversos temas que copan las agendas políticas del gobierno, es claro que las organizaciones feministas serán –una vez más– las encargadas de exigir y garantizar que el reconocimiento de la emergencia de VBG no quede en un asunto discursivo, sino que se traduzca en acciones contundentes que den inicio al largo proceso de transformación de los comportamientos misóginos y violentos que permean nuestra sociedad.
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