Por: Fredy Chaverra
Foto tomada del: Congreso
El pasado 16 de febrero iniciaron las sesiones ordinarias del Congreso y con ellas su responsabilidad para impulsar las reformas necesarias para apuntalar las bases normativas de la transición energética justa, la reindustrialización y la formalización minera. El Gobierno nacional ya dio un primer paso con la publicación del borrador del “Proyecto de Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”.
Sin embargo, para que se convierta en ley, deberá medirse en un intenso partido del cual todavía no se ha dado el pitazo inicial.
Se podría decir que con la publicación del extenso articulado del proyecto de ley -disponible para conocimiento público en el portal web del Ministerio de Minas y Energía- el Gobierno empezó por entregarle la pelota a la ciudadanía, ya que, dispuso de un mes para que todos los sectores sociales y ciudadanos interesados en la actualización del Código Minero, la transición energética justa, la reindustrialización y la formalización, hagan sus comentarios, reflexiones, sugerencias y observaciones.
Concluido este periodo de análisis y consultas, esta llegará a la cancha del Congreso para medirse en un intenso partido en dos tiempos.
Inicialmente, el Gobierno deberá ser estratégico y radicar el articulado en la Cámara donde tenga mayor gobernabilidad; es decir, donde pueda agregar mayores aliados entre los partidos de gobierno o independientes, y según se ha observado con el dramático trámite de las reformas sociales (especialmente de la reforma a la salud), esa correlación favorable la tiene, por el momento, en la Cámara de Representantes; tras definir esa puerta de entrada, el articulado deberá ser discutido en un primer debate en la Comisión Quinta y seguidamente en la plenaria.
Sí logra salir con vida de la Cámara de Representantes, deberá medirse en un segundo tiempo decisivo en la Comisión quinta y plenaria del Senado.
Pero mientras el proyecto avanza su definición en el Congreso, los sectores sociales y ciudadanos se tendrán que movilizar desde todas las regiones del país, no solo para exigir el agendamiento del debate, sino para posicionar ante la opinión pública la importancia de una discusión seria y sin sesgos alrededor de la formalización minera y la transición energética justa. Esa es una deuda histórica que el gobierno Petro, recogiendo las exigencias y peticiones derivadas de los recientes paros mineros, está dispuesto a saldar.
Habrá que ver si el Congreso está a la altura de esa responsabilidad histórica o sí, por el contrario, echa por el suelo la oportunidad de plantear una de las discusiones más importantes en los últimos años, porque la transición energética justa no obedece al capricho abusivo de un gobernante (como lo quieren hacer ver algunos integrantes de la “oposición inteligente”), sino al consenso social necesario para pensar el desarrollo del país y la persistencia de la vida en el planeta.
A pocas semanas de que empiece el primer tiempo de un partido histórico, no se puede dejar de lado que es mucho lo que estará en juego.