Por: Redacción Pares
Foto tomada del: El Universal
En diciembre del 2023 el senador Antonio José Correa Jiménez le envió al secretario general del senado, Juan Gregorio Eljach, la radicación del proyecto “Reforma a la ley de justicia y paz, segundas oportunidades y acogimiento de nuevos grupos”. Con él se buscaba desentrabar la promesa de campaña del presidente Gustavo Petro para iniciar negociaciones con todos los grupos armados, indistintamente de la agenda política qué estos tengan.
En esto radica uno de los grandes obstáculos. Los primeros esfuerzos en el legislativo para la ley de Paz Total dejaron por fuera a dos jugadores importantes. En primer lugar, al Clan del Golfo, nacido de las disidencias que en el 2006 dejó la desmovilización de los grupos paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y en segundo lugar a las propias disidencias de las antiguas FARC: El Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. El congreso se centró en el debate de cuán políticos son los grupos disidentes y si el Estado debe entrar a hacerles concesiones o por el contrario forzarlos al sometimiento. Esto claramente echó por la borda la idea de negociaciones socio jurídicas o similares con el Clan del Golfo, pero también hizo que las negociaciones con las disidencias quedaran sin un piso jurídico claro.
En los inicios de la campaña presidencial la Paz Total era novedosa. Incluso después de que una investigación de Ricardo Calderón para Caracol Noticias reveló en plena campaña presidencial que el hermano del presidente, Juan Fernando Petro y el hoy ex comisionado de Paz, Danilo Rueda, visitaron diferentes cárceles del país proponiéndole a diferentes representantes de grupos armados ingresar en una negociación de paz, el hoy presidente los respaldó asegurando que una sociedad como Colombia necesita de un perdón generalizado. Dijo en su momento el presidente: "¿Podríamos pensar que es posible que, a Colombia, después de dos siglos de guerras perpetuas le ha llegado un momento de perdón social generalizado? Yo pienso que sí".
Ante la polémica, los congresistas encargados decidieron engavetar la propuesta de ley de sometimiento. Pero en diciembre, cuando la Corte salvó el proyecto de la Paz Total, Antonio José Correa revivió la reforma que le daría segundas oportunidad y acogería a grupos armados. Pero el senador Correa no está exento de polémica y críticas que pueden afectar el trámite de la ley.
Correa, a pesar de ser del partido de la U, es cercano al gobierno. Está en la Comisión Segunda del Senado, encargado de la política internacional y seguridad. Se ha mostrado incluso dispuesto a apoyar la reforma a la salud. A sus 48 años este médico cirujano de la Universidad Metropolitana de Barranquilla ha estado metido en varias polémicas. Es que arrancó su carrera como funcionario público de la mano de Enilce López, la “Gata” fallecida recientemente. La reina del chance le dio la secretaría de salud de Magangué mientras su hijo, Luis Alfonso López, condenado por homicidio, fue alcalde del municipio.
Es imposible desligar el nombre de Antonio José Correa del de la “Gata”. En el 2010 llegaría al senado con 56 mil votos. La mitad, 22 mil de ellos, vinieron de Sucre. Según lo reveló en su momento el portal La silla vacía, Correa contó con la ayuda de su mentora política “López puso a su estructura a conseguirle votos a Correa. De hecho, el senador aceptó que en 2010 recibió 200 millones del hijo de EnilCe, Alfonso López”.
El año pasado la Corte Suprema acusó a Correa de los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, tráfico de influencias e interés indebido en unos contratos celebrados con Coldeportes.
El marco jurídico de este proyecto de ley beneficiaría a ex paramilitares, quienes están pendientes de que se les definan sus condenas, que quedarían muy reducidas, y además les serviría a grupos como el Clan del Golfo o los Pachenca, pero también contribuiría a destrabar la negociación con la segunda Marquetalia. Las penas que tendrían que pagar estos grupos estarían de la mano de la justicia restaurativa buscando beneficios para la sociedad en materia de verdad y de reparación.
Lo cierto es que no es la primera vez que se trata de tramitar una ley que contribuya a someter a grupos con profunda relación con el narcotráfico y la extracción de rentas ilícitas. Incluso no sería la primera vez que el Estado Colombiano diera concesiones en estas negociaciones a cambio de que se desmovilizaran estos grupos. Pese a que por ejemplo en el Caso de las AUC la disminución de la violencia fue evidente, hoy el Clan del Golfo tiene presencia en 233 municipios, de acuerdo con la base de datos de la Fundación Pares.
El debate hoy va a estar centrado en la figura del senador Correa, por su polémico pasado, pero también otra vez revivirá el “politicómetro”. No obstante, los retos para el país de una ley de esta naturaleza no están necesariamente relacionados con la desmovilización de grupos en lo que el país ha sido exitoso, sino en la prevención de nuevas violencias y de aparición de nuevos aparatos criminales. En eso, el proyecto presentado es bastante precario.