En estos días se desató una tormenta cuando el presidente Santos afirmó que para propiciar el acuerdo de paz de La Habana y la futura participación política de los miembros de las Farc era necesario ampliar “el concepto de delito político y de los delitos conexos” puso como ejemplo “el narcotráfico o los beneficios del narcotráfico”. El senador Álvaro Uribe dijo inmediatamente que la bancada del Centro Democrático se opondría a esta idea en la discusión sobre la reglamentación del Marco Jurídico para la Paz. También el procurador, Alejandro Ordóñez, emitió un comunicado de diez puntos criticando de manera frontal la iniciativa. Incluso algunos dirigentes políticos que respaldan las negociaciones de paz se apartaron de las declaraciones de Santos.
En las críticas a esta proposición hay una falta total de lógica y de sentido común. Todo lo hecho hasta ahora en las negociaciones de paz conduce a la redefinición del delito político. La oposición no quiere aceptar que el ambiente político y los lineamientos jurídicos están cambiando radicalmente para facilitar la reconciliación del país. Todo empezó con el reconocimiento explícito del conflicto armado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y siguió con la apertura de las negociaciones de paz con las Farc rodeadas de garantes internacionales. Esto significa simple y llanamente la concesión precisa y clara del estatus político para la guerrilla y por consiguiente la definición de que el tipo penal que la cobija es la rebelión, la sedición y la asonada.
Ahora bien, basta con echar una mirada a la agenda y a la marcha de las conversaciones en La Habana para saber en qué ha consistido la rebelión de las Farc, qué actividades ha realizado esta guerrilla en su alzamiento armado contra el Estado y también qué delitos han cometido los agentes del Estado o los paramilitares en el curso de la confrontación. El narcotráfico fue objeto de una larga e intensa discusión y de un acuerdo preciso y detallado. No hay mejor prueba de que este es un delito ligado indisolublemente al conflicto armado.
Pero los delitos del conflicto no se agotan ahí. La presencia de las víctimas en La Habana reveló la naturaleza de la guerra colombiana. Estuvieron familiares o víctimas de extorsión, secuestro y desaparición; de asesinatos, masacres y ejecuciones extrajudiciales; de violencia sexual, torturas y desplazamiento forzado. En uno o en varios de estos delitos incurrieron los agentes del Estado o los guerrilleros o los paramilitares. Esto ya nadie lo puede tapar. Esto no se puede obviar. La guerra ha quedado al desnudo. Y la discusión de la reglamentación del marco jurídico tendrá que girar alrededor de esta realidad dolorosa.
La transparencia duele, la transparencia de estos 50 años de conflicto nos abruma y nos destroza el corazón. Pero esto es preferible a la opacidad y al engaño. En las negociaciones entre el gobierno del presidente Uribe y los paramilitares y en la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz no se incluyó el narcotráfico. Incluso la ley tiene un parágrafo asombroso, dice que: “No podrán acceder a los beneficios de la ley quienes se hayan organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito”. Fue una mentira del tamaño de una catedral. El precepto no se aplicó. Si se hubiera aplicado ni uno de los paramilitares hubiese accedido a esa ley. Después de la desmovilización se ha aplicado de manera selectiva para extraditar o para excluir a varios de los beneficios de la ley.
En Santa Fe de Ralito tampoco estuvieron las víctimas para mostrar la diversidad de delitos en que habían incurrido los paramilitares. Fue después de la firma del acuerdo que el país supo el horror. Ahora el proceso de paz ha ganado una transparencia que la ley de justicia transicional tiene que reflejar. Lo más sensato es ampliar la conexidad a todos estos delitos con excepción de los que puedan ser calificados de crímenes de lesa humanidad.
El problema es inmenso. Según el Comité de Presos Políticos hay 22.000 procesos abiertos por rebelión y las Farc y el ELN tienen 2.020 presos en 138 cárceles del país. A la vez, en las fuentes de la Fiscalía y de la justicia penal militar, dicen que hay 14.000 miembros de la fuerza pública investigados. De ellos 4.000 están presos. La mayoría por delitos que tienen que ver con el conflicto. Ahí están los primeros sujetos de la justicia transicional. Después vendrán los miles y miles de desmovilizados. Para todos ellos tienen que estar claras las reglas de juego y una de ellas es que el narcotráfico tiene una conexidad indiscutible con la rebelión de las guerrillas.
Columna de opinión publicada en Semana.com
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