Por: Daniel Casallas - voluntario de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
Foto Sabana de Bogotá: Archivo Daniel Ordoñez – ig: @vero_zimil
El desarrollo urbanístico de Bogotá y la sabana ha evidenciado falta de planeación y nula coordinación entre organismos y entidades distritales, municipales y departamentales, consolidando en la actualidad problemáticas evidentes de distribución poblacional, transporte, movilidad y uso del suelo.
La capital tiene un papel determinante en la organización territorial de los municipios céntricos de Cundinamarca. Por factores principalmente económicos ha influenciado fuertemente su conformación urbana y la utilidad del suelo según sus necesidades, variándola entre industriales, de vivienda o de servicios.
Las consecuencias por el crecimiento de Bogotá y los municipios hace años generan controversia, y se reflejan primordialmente como problemáticas en la movilidad, siendo este tópico solamente la punta del iceberg. La crisis de movilidad y transporte siempre ha sido un tema mediático, que ha hecho entrar al fenómeno del crecimiento urbano descontrolado en la agenda política, con el fin de encontrar soluciones acordes y mecanismos eficientes para organización territorial.
Muestra de esto es que en 2020 fue aprobado en el Congreso el proyecto de Reforma Constitucional que da vida a la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca (RMBC), una nueva entidad administrativa de régimen especial en la cual se podrán asociar la ciudad de Bogotá, el departamento de Cundinamarca, y los municipios de la región que así lo decidan por medio de sus entidades territoriales, con el fin de tomar decisiones articuladas en temas de organización territorial, planes de movilidad, desarrollo y gestión medioambiental, entre otros.
La nueva entidad administrativa fue reglamentada por la Ley Orgánica 2199 de 2022, y se articula al POT de Bogotá 2022-2035, que fue aprobado por decreto en la Alcaldía de Claudia López, y los diferentes planes de ordenamiento de los municipios. Con esto, el gran marco normativo que la sostiene en lo constitucional, lo legal y el futuro plan de acción para el desarrollo mantiene la visión dominante del crecimiento de la ciudad por la sabana, y que en los más recientes años evidencia los resultados en manos del mercado inmobiliario y el gremio de la construcción.
Es claro que la planeación urbana conjunta es una necesidad del territorio, pero si bien la asociación de las entidades territoriales de la sabana parece primordial para lograrlo (como la coordinación entre sí de alcaldías municipales, o alcaldías y el departamento), lo difícil será llegar a la toma de decisiones de forma idónea, acertada y sin intereses mediadores.
Para este fin, la RMBC se regirá a partir de un Consejo Regional que estará conformado por los mandatarios de cada uno de los municipios que decidan integrarla, además de Bogotá. Esto no solo es problemático por la cantidad de facultades que tendrá este concejo en la toma de decisiones y reglamentaciones de la Región Metropolitana en sí, sino que deja a un escenario meramente político debates y decisiones que integran a las comunidades, la academia y el sector técnico, y que como es costumbre no son tomados en cuenta comúnmente.
Queda sobre la mesa la necesidad de tener mecanismos de participación efectivos, donde se evidencie el papel de la sociedad civil para realizar control político y veeduría ciudadana a cada uno de los procesos que allí se inscriban. La participación política debería ser un tema primordial para garantizar la transparencia y el control sobre todo en temas relacionados con ordenamiento y medio ambiente, en donde convergen disputas políticas, intereses económicos, necesidades sociales y estructuras medioambientales.
Un ejemplo de la complejidad los proyectos urbanísticos y de movilidad a escala menor, es el lio jurídico en el que entró la Troncal de los Andes en Chía, donde en gran parte gracias a la presión ciudadana, se evitó la completa ejecución de este proyecto sobre un humedal de la estructura ecológica principal del municipio. Un caso donde intentó primar el afán por los resultados y en cierta medida el interés privado con la excusa de las necesidades sociales, sobre el debido proceso y los requerimientos medioambientales.
En este contexto, el debate no debería ser si se buscan mecanismos de organización urbana y decisión conjunta, cuando la expansión desorganizada ha tenido efectos. Sino la manera en que se consolida y plantea la Región Metropolitana, garantizando paridad entre actores y donde se vea reflejada la visión urbanística y de desarrollo que necesita la región a futuro, que en perspectiva podría ser distinta a la que se viene instaurando con el crecimiento metropolitano y que se ha consolidado en los últimos 25 años alrededor de las autopistas y constructoras, de la mano del poder político en Bogotá y los municipios.
Muestra del importante papel del aparato político en la consolidación del modelo urbanístico de la región y la perpetuación del negocio inmobiliario, es que según la procuraduría más del 40% de las investigaciones sobre volteo de tierras se llevan a cabo en el departamento de Cundinamarca, ligadas siempre a proyectos de construcción de vivienda, cambios en el POT municipal y casos de corrupción dentro del periodo 2010 – 2020.
En la politiquería cundinamarquesa, el volteo de tierras es un tema conocido, ejemplo de ello es el actual gobernador del departamento Jorge Rey, quien ha sido investigado por presunto volteo de tierras, una sombra que lo persigue hace años y que sobre sale de vez en cuando por haber tenido en sus campañas dinero de empresas de construcción, y presuntamente favorecerlas con proyectos de vivienda cuando fue alcalde de Funza (2008 – 2011) y en su anterior periodo como gobernador (2015 – 2019).
Es tendencia que el uso del poder político sea utilizado para dar permisos de construcción en zonas protegidas ambientalmente. Otro ejemplo es la investigación que abrió la Procuraduría contra el actual alcalde de Chía, Leonardo Donoso, por presuntas irregularidades en el trámite y la aprobación del POT del municipio durante su primer periodo (2016 – 2019), en la cual también se investigaron funcionarios de la alcaldía y concejales de aquel entonces.
Estos son solo dos casos de políticos de la región y de entidades que podrían llegar a estar directamente involucradas en la RMBC, con los que se evidencia que el aparato político es recurrente cooptado por quienes cargan los intereses del sector de la construcción, por no decir que es una tendencia casi obligada, y que con la detentación del poder y los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) han determinado la funcionalidad del crecimiento y el desarrollo de la región.
Foto: Suelo de uso residencial Sabana de Bogotá, Archivo Daniel Ordoñez
Los intereses que catapultan en este momento la RMBC no son otros a los que ya están establecidos en el territorio y las dirigencias del Estado, siendo integrada únicamente hoy en día por el departamento, el distrito, y el municipio de Soacha, cuyo consejo municipal aprobó su ingreso recientemente.
Con este contexto, el debate sobre la oportunidad y el enfoque se nutre con aportes de la academia y sectores de la sociedad civil. Desde Rediacción se ve en la RMBC como una medida con potencial de estructurar cambios significativos en el desarrollo de la sabana de Bogotá, si se toman medidas que nunca se han planteado. Una de las metas significativas sería crear nuevas centralidades en los municipios y aumentar la interacción entre los mismos que termine atrayendo el empleo descongestionando la capital, por medio de planificación rigurosa, un plan maestro metropolitano de movilidad y la integración participante de los municipios.
En ultimas, se trata de transformar las tendencias de nuestro modelo dominante de urbanización, contemplando la diversificación de las actividades económicas, reducir la dependencia a Bogotá minimizando la renta municipal de la urbanización, y salir del marcado modelo de competencia dirigido por el capital inmobiliario, en el cual se ha encerrado el suelo de la sabana de Bogotá. En esta medida una lucha directa también con la directriz que se ha marcado desde las diferentes entidades políticas, como ya se ha evidenciado.
Mientras tanto en lo inmediato, el Concejo Municipal de Chía le dijo que no al ingreso del municipio, medida que sonaba con fuerza. A pesar de esto la RMBC coge forma lentamente, apoyada por el lobby político y económico, así como los proyectos urbanísticos avanzan sin remedio. Al norte de Bogotá avanza la construcción del proyecto Lagos de Torca, donde se espera lleguen a vivir 500.000 personas. Esta construcción se da en medio de la crisis de movilidad en la entrada y la salida a la ciudad, a la que se le suma la caída del proyecto de ampliación de la Autopista Norte, por fallas en la licencia ambiental.
En esta medida a pesar de la necesidad de un organismo que garantice el ordenamiento territorial conjunto, la Región Metropolitana puede ser la medida para que se sigan garantizando contratos millonarios de infraestructura a uno de los gremios más poderosos del centro del país, en este sentido si no se plantea crítica y conscientemente podría ser la aplanadora que acabe todos los intentos de cambio y perpetúe el negocio del cemento. En este sentido que mantenga la dependencia a Bogotá y el mismo modelo de movilidad en crisis.
El debate sobre el apoyo a esta medida debe estar mediado por las necesidades de todos los actores, la planeación de movilidad que fomente los sistemas alternativos, la preservación de territorios importantes para las estructuras ambientales y la creación de diferentes nodos económicos en toda la región, contrariando la centralidad absoluta de Bogotá como capital.
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