Por: Katerin Erazo, Periodista
Foto tomada de: El Colombiano
El Gobierno Nacional confirmó el inicio del quinto ciclo de diálogos con el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, a partir del 20 de junio de 2024. Este anuncio se produce en un contexto de creciente tensión y violencia, especialmente en el departamento del Cauca, generando tanto expectativas como preocupaciones entre diversos sectores de la sociedad.
Desde la instalación de la mesa de negociación en octubre de 2023, el proceso ha enfrentado múltiples desafíos. En marzo de 2024, una significativa fragmentación dentro del EMC complicó aún más las negociaciones. Mientras una parte del grupo permanece en la mesa de diálogos, otras facciones, especialmente en el Cauca, han continuado con actividades violentas, siendo combatidas por el Estado.
El jefe negociador del Gobierno, Camilo González Posso, subrayó las dificultades del proceso de paz. “Es un contraste entre lo que va en la mesa -con observancia de cese al fuego, transformaciones territoriales como apuesta, una construcción de agenda- y lo que está sucediendo en el Cauca y en esta zona del sur de Colombia con acontecimientos de escalamientos de conflicto y acciones violentas que perturban a la población y le restan credibilidad a un propósito de paz. Pero la paz, a pesar de todos estos retos, es una tarea impostergable”, afirmó González Posso.
En el departamento de Caquetá, donde se desarrollan algunas de las negociaciones, el Gobierno ha llevado a cabo reuniones con más de 3.000 delegados de Juntas de Acción Comunal. Estos encuentros buscan construir una agenda de paz inclusiva y avanzar en la observancia del cese al fuego. Similares eventos están programados en los departamentos de Meta y Antioquia a principios de junio, demostrando un esfuerzo continuo por mantener el diálogo y buscar soluciones pacíficas.
Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para aplacar todas las inquietudes. En la cuenta oficial del EMC en la red social X, se publicó un mensaje dirigido al presidente Gustavo Petro, expresando descontento con las negociaciones. El grupo insurgente afirmó que los delegados presentes en la mesa de diálogos no representan sus intereses ni cuentan con el respaldo del Estado Mayor Central. “No son ni el 5% de las FARC-EP. Conclusión: No existe diálogo en Colombia con el Estado Mayor Central de las FARC-EP”, declararon en la publicación.
Según Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), este anuncio del EMC refleja las divisiones internas tras el inicio del quinto ciclo de diálogos. Marín explica que las facciones que negocian con el Gobierno contrastan notablemente con los enfrentamientos recientes en el Cauca y el sur del país, liderados por el bloque Jacobo Arenas, que ha declarado no estar en la mesa de negociación.
Marín destaca que, según el seguimiento de la Fundación Pares, actualmente hay dos bloques que continúan en el proceso de negociación: el bloque Jorge Suárez Briseño y el bloque Magdalena Medio, con presencia en aproximadamente ocho departamentos. Por otro lado, el bloque Amazonas, el bloque Occidental Jacob Arenas, el bloque Centraliza, Aspardo y el Comando Conjunto de Oriente no participan en la negociación y tienen presencia en aproximadamente 13 departamentos. En efecto, la mayoría de los bloques del Estado Mayor no están negociando, y solo alrededor del 30% de la estructura participa en las negociaciones.
Ante la ruptura del Estado Mayor Central, el Gobierno ha implementado una estrategia contundente contra los bloques que no participan en la mesa de negociación. Esta estrategia incluye capturas de cabecillas en el Cauca, incautaciones y combates. El Gobierno ha adoptado una postura firme contra estos bloques, motivados principalmente por economías ilegales.
Simultáneamente, el Gobierno sigue comprometido con los bloques interesados en el proceso de negociación, como lo demuestran las actividades en Caquetá, donde se llevan a cabo acciones con juntas de acción comunal, así como en el norte de Santander.
La posición del EMC ha generado una respuesta contundente por parte de González Posso, quien expresó preocupación por las acciones violentas que las estructuras del EMC han cometido en varias regiones del país, incluyendo el Cauca. Según el jefe negociador, estas acciones no solo dificultan el avance en las negociaciones, sino que también perturban a la población local y socavan la credibilidad del proceso de paz.
El EMC también ha acusado al Gobierno de no cumplir con sus compromisos, especialmente en relación con la erradicación de cultivos de coca en el Cañón del Micay. El grupo insurgente sostiene que la falta de asistencia a las reuniones con los campesinos involucrados en esta actividad ilícita ha impedido avanzar en soluciones efectivas. Además, el EMC ha destacado sus supuestas “acciones humanitarias” en el suroccidente del país, mencionando la liberación de más de veinte militares y policías como prueba de su “compromiso” inicial con el Gobierno Nacional.
El conflicto en el Cauca se ha intensificado desde marzo, cuando el presidente Gustavo Petro anunció el fin del alto el fuego en esta región en respuesta a los ataques del EMC. El 4 y 5 de mayo, las partes retomaron las negociaciones en un contexto de profundas dudas y desconfianza mutua. Uno de los principales escenarios de confrontación es el Cañón del Micay, una de las mayores zonas de cultivo de coca en Colombia, que alberga el 70% de la producción del departamento del Cauca.
La situación en el Cañón del Micay es particularmente tensa. El EMC sostiene que la persistencia de los cultivos ilícitos no se debe a una falta de voluntad por su parte, sino a la inacción del Gobierno, que, según ellos, no ha ofrecido alternativas reales a los campesinos que dependen de esta actividad para su subsistencia. “Hambre o guerra. Nada estructural, lo mismo que los gobiernos anteriores”, criticó el EMC, señalando la falta de políticas efectivas y sostenibles para la erradicación de los cultivos de coca.
El EMC es una de las disidencias más significativas de las FARC surgidas tras los Acuerdos de Paz de La Habana en 2016, en los que la histórica guerrilla renunció a la lucha armada. Esta disidencia, que se considera la FARC original y no una escisión, se ha consolidado como un grupo de gran relevancia tanto por el número de efectivos como por su presencia en varias regiones del país.
Las tensiones dentro del EMC se han hecho evidentes durante los ciclos de negociaciones. En el cuarto ciclo de diálogos en Guaviare, Sebastián Martínez, vocero del Bloque Occidental, mostró desacuerdo con varios puntos aprobados por otros líderes del EMC. Su principal objeción fue la entrada de la Policía a la región del Cañón del Micay. Martínez se retiró del ciclo sin firmar los acuerdos, alegando un procedimiento médico, lo que evidenció aún más la fragmentación del grupo.
La crisis se intensificó cuando el presidente Petro suspendió el cese al fuego en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, tras el asesinato de tres líderes indígenas en Toribio, Cauca. Esta decisión fue un punto de inflexión en las negociaciones, generando mayor desconfianza y recrudeciendo la violencia en estas regiones. En una reunión de emergencia en San Vicente del Caguán el 5 de abril, solo participaron los Bloques Magdalena Medio y Jorge Suárez, quienes acordaron seguir en diálogos sin representar al EMC como una colectividad.
A medida que se acerca el quinto ciclo de diálogos en Bogotá, del 20 al 26 de junio, el Gobierno enfrenta el reto de un proceso de paz en medio de una profunda fragmentación del EMC y una escalada de violencia en varias regiones del país. Las negociaciones se llevan a cabo en un ambiente de incertidumbre, con un sector del EMC participando activamente mientras otros continúan las hostilidades.
Finalmente, Paola Marín menciona que se espera que en junio se realicen actividades relacionadas con espacios de diálogo en Meta y Antioquia. De cara al quinto ciclo, esto sugiere que lo que podría ocurrir con el Estado Mayor Central es más bien un enfoque hacia el diálogo territorial, donde los bloques tienen influencia, con el fin de continuar con un proceso de paz y una agenda de construcción de paz en estas regiones.