Por: Ivan Gallo
Foto tomada de: Caracol Radio y El Tiempo
El 26 de abril del 2022 Diego Molano, entonces altivo ministro de defensa, se presentó ante el Congreso después de ser citado a una moción de censura por el bombardeo a la vereda Alto Remanso, en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Tenía que responder por un operativo al que le habría faltado rigor a la hora de investigar y actuar y cuyos resultados afectaron directamente a la población civil tan sólo unas semanas atrás.
El ejército quería dar de baja a dos de las cabezas de los Comando Frontera, conocido también como “Los Sinaloa”, llamado así por el alias de uno de sus líderes. Es un remanente de disidencias FARC con miembros de las antiguas AUC que intentan controlar el tráfico de cocaína hacia Ecuador y se han extendido por el Putumayo. El ejército tenía información sobre los alias “Bruno” y “Managua”. Sabían que el 11 de marzo del 2022 estarían en un bazar organizado por el líder de la Junta de Acción comunal de este caserío, habitado por 200 personas, Divier Hernández Rojas. El objetivo del bazar era conseguir fondos para construir una placa huella que necesitaban. Llevaban tres semanas haciendo constantemente este tipo de bazares para conseguir fondos que les ayudaran a construir la escuela, vías. A falta de Estado lo que toca es meterle imaginación. Los estaban ayudando organizaciones como la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) y habían podido recaudar 11 millones de pesos.
Como eran tan pocos los habitantes de esta vereda inevitablemente necesitaban la ayuda de vecinos de otras partes para que participaran en esa actividad. Hay que recordar que en este lugar el casco urbano más cercano está a seis horas. La comunidad no podía tener un control riguroso sobre las personas que entraban o salían de esa actividad.
Molano, en su argumentación ante la moción de censura, mostró en diapositivas el prontuario de las personas asesinadas. Se refirió a la actividad como un “Narco-bazar” y que alias “Bruno” había estado en ese lugar para reunir a la población civil y recibir de parte de ellos pasta de coca, en una gravísima acusación y estigmatización hacia uno de los lugares más golpeados por el olvido y el conflicto.
Insistió que las 11 personas asesinadas en el operativo tenían antecedentes judiciales. Una de ellas era el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche. A este hombre nacido en Puerto Leguízamo su familia y los que lo querían, que eran muchos, lo llamaban “Pantalones”. Panduro había sido elegido gobernador apenas en enero de ese año. Llevaba tres meses. Los amigos que conocieron a “Pantalones” afirman que uno de sus intereses principales era la conservación del medio ambiente. La vereda Alto Remanso está al lado de un río y la protección de este era vital para que sus condiciones de vida no desmejoraran. Antes de ser gobernador Panduro había ocupado todos los cargos que había en la escala, secretario, tesorero, alguacil mayor, además tenía una tradición familiar de liderazgo, según un perfil que sacó El Espectador sobre él, pertenecía a una familia que había estado comprometido a guardias indígenas y otros procesos étnicos en la región.
Panduro, quien jamás había tomado un arma para alzarse contra autoridad alguna, cayó ese 11 de marzo del 2022 abaleado junto a otros inocentes, como el presidente de la junta de acción comunal Divier Hernández Rojas, una mujer embarazada, y una menor de edad, entre otras víctimas. Este hecho además produjo un masivo desplazamiento ya que las personas de esta vereda no encontraban garantías para seguir allí.
Periodistas de El Espectador, Vorágine y Cambio constataron que, como había sucedido en otros casos parecidos, a los que les han llamado Falsos Postivos, los cuerpos fueron manipulados para tergiversar la escena del crimen. Una vez se efectúa el operativo se procede con el ocultamiento. Todo para hacerlos pasar como guerrilleros. El error lleva al crimen, en vez de reconocerlo lo que hacen es incriminar. Y el entonces ministro de Defensa incluso salió a defender la tesis ante las acusaciones de congresistas como Katherine Miranda quien le preguntó en su momento a Molano: “El Ejército entró disfrazado con prendas de color negro y diciendo que eran de las disidencias. ¿Está avalado que ustedes se idenficaran como miembros de disidencias? ¿Por qué se cambiaron de uniforme?”. Otra congresista, María José Pizarro, afirmó que se trataba de “Crímenes de guerra”: Otros congresistas afines al gobierno de ese momento, como José Jaime Uscátegi, defendieron a Molano. El entonces ministro no estaba solo.
Iván Duque afirmó que todos los caídos en esa operación tenían vínculos con el grupo criminal "La operaciones militares y, en particular esta que ha desatado controversia, se adelantó con un trabajo de inteligencia y de identificación previa". Sin embargo José Guarnizo, director del medio Vorágine y quien estuvo investigando la masacre, afirma lo siguiente: "Hay versiones del Ejército que no coinciden", dice Guarnizo: "Una dice que antes de entrar, se dieron cuenta que Bruno ya no estaba en la vereda. Entonces, ¿por qué realizaron un operativo de estos en medio población civil, sabiendo que su objetivo principal no estaba?".
Pero el presidente jamás cedió. Unos días después de el operativo seguía justificándolo: “El Ejército ha venido explicando punto por punto. Primero, la planeación de la operación.
Segundo, ya salió evidencia del personal armado, de la droga, y fuera de eso, están las incautaciones y tenemos algunos de nuestros hombres heridos”. El entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, también salió a defender a sus hombres y a justificar la barbarie: “Su actuar delictivo es así, vestidos de civil, con armamento, pretendiendo evitar las acciones de la Fuerza Pública. Enseñamos las armas largas, cortas, municiones, granadas, brazaletes, equipos de comunicación, chalecos y dinero en efectivo incautados en la operación”
Poco a poco empieza a hacerse justicia. Molano, una vez salió del gobierno y se lanzó a la alcladía de Bogotá en 2023 cambió un poco su versión y admitió que ese bombardeo pudo haber sido un error fatídico del ejército. Este viernes 9 de mayo se conoció que el próximo 25 de junio serán imputados por la justicia ordinaria 25 militares por esta masacre. Según el informe de la Fiscalía General de la Nación entre ellos estarán un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados. A los mencionados se les acusará de homicidio en persona protegida y tentativa de homicidio en persona protegida.
Algunos de los familiares de las víctimas celebraron la decisión. Esperan además que sea el inicio de la reparación por parte del Estado. Después de que les mataron a los que más querían tuvieron que dejar todo lo que tenían por miedo a lo que podría suceder. En la investigación de la Fiscalía quedó ratificado lo que en su momento denunciaron medios como Vorágine, El Espectador y Cambio: “los militares procedieron a modificar la escena del crimen, agregando material de guerra, tales como armas y chalecos de uso militar a varios de los civiles dados de baja durante la operación”.
La pregunta que también se hacen es si el ex mandatario Iván Duque pedirá disculpas públicamente al igual que el general Zapateiro. Sus declaraciones no sólo justificaron una masacre sino que ayudaron a estigmatizar una población a la que lo único que le ha tocado es sufrir.