El Ejército Gaitanista de Colombia cuestiona la voluntad de paz del gobierno Petro

Por: Francisco Daza - Coordinador de Paz, Seguridad y DDHH.

En un reciente video difundido a través de la red social X, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a través de su abogado Ricardo Giraldo, expresó fuertes críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro, cuestionando la coherencia y la voluntad real del Ejecutivo frente al proceso de paz total. La intervención Giraldo dio en medio de una creciente tensión en varias regiones del país, donde las operaciones militares continúan desarrollándose de forma paralela a los esfuerzos de acercamiento político con diferentes grupos armados.

Según lo expuesto por Giraldo, el EGC considera que no existen las condiciones mínimas para avanzar hacia una mesa de diálogo formal. En sus palabras, “todas las mesas están reventadas”, haciendo referencia a la falta de confianza en el gobierno nacional, especialmente por lo que considera una contradicción entre el discurso de paz y las acciones militares desplegadas en los territorios donde esta organización tiene presencia.

El abogado subrayó que, mientras se adelantan reuniones exploratorias con la delegación de gobierno liderada por Álvaro Jiménez Millán, las Fuerzas Militares ejecutan operaciones ofensivas contra el EGC. Estas acciones, argumentó, minan la credibilidad del proceso y son percibidas como un intento deliberado de sabotaje. Para Giraldo, este escenario demuestra que el gobierno no actúa con la seriedad y compromiso que exige una negociación de paz.

Entre las operaciones señaladas por el vocero del EGC, destaca una serie de bombardeos y operativos especiales cuyo objetivo, según afirma, ha sido dar de baja al comandante “Javier”, a quien identifica como el máximo líder de esta agrupación. De manera puntual, se refirió a un bombardeo realizado en el municipio de Segovia, Antioquia, en el que murieron nueve integrantes del EGC. Este hecho, sostuvo, representa una clara muestra de que el gobierno continúa apostando por la vía militar, incluso en un contexto en el que se ha manifestado la disposición al diálogo.

Cabe recordar que, en marzo de 2024, el presidente Gustavo Petro ordenó retomar los bombardeos como herramienta militar, bajo la condición de que no se identificara la presencia de menores de edad en las zonas objetivo. Esta decisión marcó un giro importante respecto a su postura inicial, caracterizada por un enfoque más acorde con el Derecho Internacional Humanitario. El bombardeo en Segovia habría sido una respuesta directa a una emboscada previa perpetrada por el EGC contra las Fuerzas Militares, en la cual murieron cuatro uniformados.

Para Giraldo, sin embargo, este tipo de operaciones contradicen los principios de la paz total. En sus declaraciones, acusó al gobierno de dar “palos en la rueda de la paz” y de ser incoherente con su discurso de ser el gobierno de la vida.

Es importante destacar que, en la actualidad, no existe un acuerdo de cese al fuego bilateral vigente entre el gobierno nacional y el Ejército Gaitanista de Colombia. El cese anterior, establecido mediante el Decreto 2658 de 2022, fue suspendido en marzo de 2023 tras los hechos ocurridos durante el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. En ese momento, se acusó al EGC —entonces autoidentificado bajo el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia— de haber promovido dicho paro que derivaro en actos violentos contra la población civil y la fuerza pública.

Desde entonces, el diálogo con este grupo ha quedado en un estado de indefinición, oscilando entre reuniones exploratorias, manifestaciones públicas de voluntad de paz y, al mismo tiempo, enfrentamientos armados constantes en distintas zonas de presencia de este grupo armado. Desde el monitoreo realizado por la Fundación Paz & Reconciliación, se señala que el Ejército Gaitanista de Colombia es actualmente el grupo armado con mayor presencia en el país, operando en al menos 316 municipios. Su capacidad de expansión y control le ha permitido consolidar economías ilegales como la minería, el narcotráfico y la extorsión, a la vez que sostiene disputas armadas con otros actores ilegales.

Entre las confrontaciones más significativas se encuentran los enfrentamientos con el ELN en los departamentos del Chocó y el Sur de Bolívar; con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en Magdalena y Cesar; y con el Estado Mayor de Bloques y Frentes, una disidencia de las FARC, en el norte y nordeste antioqueño. Estos choques armados han agravado las condiciones humanitarias en varias regiones, aumentando el número de desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios selectivos.