Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene en sus manos la posibilidad de iniciar el camino para ponerle fin al fenómeno del secuestro en Colombia. Si está organización subversiva tomara la decisión sensata este año de no secuestrar más —cualquiera fueran las razones que tuvieran para hacerlo— le estaría entregando a la sociedad uno de los activos más preciados para construir la paz.
Durante muchas décadas está organización guerrillera usó el secuestro con fines políticos. Le sirvió, por ejemplo, para que con sus retenidos pudieran presionar al Estado o a las grandes empresas trasnacionales y cambiar algunas políticas o programas; también como estrategia de poder, para demostrarle a los oponentes que, a pesar de tener en sus manos la vida de estas personas, su organización se las respetaba y los exponía en público para dejarlos en libertad.
Sin embargo, el carácter político que tenían estas retenciones está desapareciendo. Los acontecimientos recientes —como el secuestro extorsivo que se pensaba dar al señor Luis Manuel Díaz, al padre del famoso futbolista colombiano— dejó en evidencia que el secuestro, en la mayoría de ocasiones, se utiliza hoy con un fin mercantil: usan las retenciones como mercancía para llenar sus bolsillos.
El mismo comandante del ELN, Antonio García, ha dicho en repetidas ocasiones que las retenciones —o para nosotros secuestros— se justifican por los fines económicos que tiene. Sirve para “el sostenimiento financiero de la organización”, los recursos que les quitan a sus víctimas sirven para “alimentar las tropas”, pues mantener una ejército cuesta: “hay que cubrirles la comida, la salud, sus condiciones de vida básicas de cualquier tropa”.
Sin embargo, como ha quedado claro en la opinión pública, está no es razón suficiente para causar tanto dolor y sufrimiento a las personas y a sus familias. Está guerrilla, como actor político, no puede darle a la ciudadanía la mala señal de que piensen que es posible cubrir sus necesidades básicas recurriendo al secuestro —ya sea de un vecino o de cualquier persona desconocida que pase por el frente de su casa—. Si ese fuera el mensaje, el ELN sería responsables de millones de secuestros, ya que el hambre y la miseria en el país es mucha.
Los miembros de esta organización subversiva deben ser conscientes del poder que tienen como actor político en el país. Como última guerrilla de Colombia y del continente americano, además una de las más antiguas del mundo, deben saber del enorme poder que tienen en asignar valores políticos y sociales en nuestro contexto. Como lo advierte David Easton —el padre de la ciencia política moderna—: la política es el espacio donde, como colectivo, decidimos que está permitido o que no en la sociedad.
En este sentido, la ciudadanía le ha dicho no al secuestro en Colombia. El problema es que el ELN es prepotente y ambiguo. Ha dicho al finalizar el quinto ciclo de negociaciones de paz que lleva con el Gobierno Nacional y la sociedad colombiana que suprime todo secuestro con fines económicos; pero mantiene viva la práctica criminal que daña y destruye a la sociedad, al permitir otras razones.
El ELN está desaprovechando el importante momento histórico por el que estamos pasando en Colombia. Estamos construyendo un eslabón que se suma a las miles de luchas que en la historia ha tenido la humanidad para defender el más preciado derecho que tienen los hombres y mujeres. Está organización está dejando abierta la puerta para que se siga cometiendo el delito de secuestro. Incluso, para que los mismo perpetradores justifiquen su accionar y manipulen las razones del atroz hecho: ahora los más recatados dirán que no es por dinero sino por otra causa.
De esta manera, lo que parece un avance se está convirtiendo en un problema mayor. La decisión que tomó el ELN, de parar los secuestros para exigir dinero a partir del 30 de enero de este año, en lugar de reducir el dolor está aumentando la angustia y desesperanza de los secuestrados y sus familias en Colombia. Ahora, el secuestrado deberá buscar en su conciencia aquellos hechos que provocan que un grupo armado ilegal le quite la libertad y amenace su vida.
Me imagino las más de 30 ó 35 personas que este último semestre fueron retenidas por el ELN, preguntándose en los cambuches o en medio de largas caminatas qué habrán hecho para merecer este martirio. Pues ahora no es por dinero —que aunque no lo poseían era casi siempre la explicación más sensata a su retención—, sino las otras razones asociadas a su labor o pensamiento, las cuales no conocen.
Intento imaginarme la angustia por la que debe de estar pasando a mi ex alumno del pregrado y la Maestría en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, Jhon Jairo Jiménez Cuesta, —secuestrado el 16 de enero de 2024 en el municipio de Morales, Bolívar—, cuestionándose por su papel como defensor de derechos humanos de los pequeños mineros comunitarios. O de los profesores rurales, que no saben por qué están en manos de los ilegales, si toda su vida la han dedicado a formar estudiantes y ayudar a las comunidades.
Considero que es hora de ponerle fin al secuestro, cualquiera sea las razones para ejercerlo. Es tiempo de que los líderes del ELN tomen la determinación radical de desterrar de su repertorio de accionar político las retenciones. Con ello estarían elevando varias cometas con el mismo viento:
Por una lado, estarían reduciendo el número de víctimas que actualmente siguen produciendo en el país, acciones que minan la legitimidad de los armados y reduce los deseos de la participación ciudadana en la construcción de la paz. Al igual que aportar al cese de hostilidades, un componente que hasta la fecha no se ha querido avanzar en los diálogos de paz, pero que con actos como este mostrarían que si hay intenciones reales de paz.
Por el otro lado, estarían preparando el camino para la reincorporación económica colectiva y el deseo de transitar a la realización de labores civiles. Además, entregando a la sociedad un valioso instrumento para que defiendan la vida y la libertad que toda persona, para que cuestionen a cualquier actor violento que desee privar a un ciudadano de la libertad.
*Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.