Por: Oscar A. Chala Padilla y Diego Alejandro Pedraza. Investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad.
Desde el final de la segunda legislatura, el 20 de junio, hasta ahora, el presidente Gustavo Petro ha realizado 6 nuevos nombramientos en su gabinete ministerial, buscando contrarrestar las bajas cifras de ejecución presupuestal, como las bajas tasas de ejecución de proyectos que algunas de las carteras presentan hasta el día de hoy.
En el marco del relanzamiento el nuevo “acuerdo político” luego de la aprobación de la reforma pensional en las postrimerías de la última legislatura, estos nombramientos han generado la pregunta de si el gobierno, en búsqueda de tender puentes con sectores políticos más distantes, abriría la burocracia o reencaucharía a la mayoría de sus funcionarios más leales. Con los nombramientos conocidos hasta el día de hoy, parece que el gobierno ha decidido evitar entregar sus carteras a los partidos, pero tampoco engrosa la fila de sus alfiles dentro del ejecutivo. Así queda por el momento el panorama.
¿Petro se encasilló en sus alfiles más leales?
La mayor parte de los funcionarios que son cercanos al gobierno nacional se encuentran en los departamentos y unidades administrativas de la Presidencia de la República. Es aquí donde se manifiesta en su totalidad el enroque de figuras cercanas a Gustavo Petro dentro de altos cargos en su gabinete.
Para el tercer remezón ministerial —que, dicho sea de paso, fue mucho más progresivo y lento que los anteriores— la mayor parte de los cambios en los gabinetes tienen un sentido mucho más técnico que político. Exceptuando el nombramiento en el Ministerio de Educación, a las carteras de Agricultura, Justicia, Transporte y Vivienda llegaron viceministros con experiencia en sus carteras. Sólo debe resaltarse el caso de Helga María Rivas, ministra de Vivienda, que durante la Alcaldía de Petro fue su secretaria de Hábitat entre 2012 y 2013, y el caso de María Constanza García Alicastro, quien fue secretaria de Movilidad de Bogotá en 2014.
Junto con lo anterior, debe indicarse que la mayoría de los nombramientos son de figuras con alta relevancia y producción académica. La mayoría de los nombramientos pretende profundizar las agendas de reforma social que el gobierno pretende cumplir en estos próximos dos años sin generar mayor ruido, por lo que el gobierno también envía un mensaje a los partidos políticos, en la que no abrirá el gabinete para transar o negociar su agenda legislativa.
La mayoría de los cambios a nivel ministerial no representan cuotas políticas de los partidos políticos ajenos a la coalición de gobierno. En el caso de Daniel Rojas, ha sido cercano al proceso de progresistas, Bogotá Humana y la Colombia Humana, lo que lo convierte en el único nombramiento cercano en el que el gobierno amplía la cuota del Pacto Histórico dentro del consejo de ministros.
Con estos nombramientos, el Pacto Histórico tendría representación de 6 ministros en los 19 que componen a todo el gabinete, mientras que el Partido Comunista tendría a 1 ministra (Gloria Inés Ramírez), el movimiento político En Marcha —que perdió su personería jurídica en mayo de 2024— tendría también 1 cuota, con el Ministerio del Interior en su poder, 1 ministro devenido del movimiento político Marcha Patriótica, 1 ministro que tiende puentes con el Partido de la U y que posee al partido “Gente en Movimiento”, y 8 ministros serían independientes, con posturas cercanas al progresismo.
De los ministros que son cercanos, la mayoría tienen representación porque responden al electorado y las bases sociales que eligieron a Petro. Estos ministros son claves para el gobierno en su idea de consolidar su base hacia las elecciones de 2026, pero aún conserva operadores políticos importantes como Mauricio Lizcano y el recién llegado Juan Fernando Cristo.
La mayoría de los alfiles del gobierno siguen en las dependencias administrativas del ejecutivo
El nombramiento de Daniel Rojas se convierte en el segundo de un ministro que llega desde una oficina administrativa del ejecutivo. El primero fue el de Luis Carlos Reyes, que llegó desde la DIAN hacia el Ministerio de Comercio en junio de 2024. Sin embargo, el nombramiento de Rojas se convierte en el primero que Petro realiza de una de sus figuras más cercanas, tras haber traído a Guillermo Alfonso Jaramillo en abril de 2023.
Con estos últimos 6 nombramientos, así queda conformado el círculo más cercano del gobierno de Gustavo Petro dentro de los principales cargos de la rama ejecutiva:
El impacto de los nombramientos en las relaciones con el Congreso y el “Acuerdo Nacional”
La mayoría de estos nombramientos no genera mucho ruido en el Congreso, especialmente porque las relaciones con el parlamento se concentrarán en el Ministerio del Interior, a cargo de Juan Fernando Cristo. Al ser nombramientos con carácter técnico, en su mayoría no se observa que pueda existir un cambio de dirección en las formas como estos ministerios realizan su lobby institucional, al mismo tiempo que tampoco se dilucida un cambio fundamental sobre el rumbo que puede tomar su gestión. Al mantener la continuidad de los cargos es muy probable que las políticas impulsadas desde cada cartera se mantengan, al mismo tiempo que las negociaciones con el Congreso no van a tener un volantazo notable.
No obstante, se puede señalar que el ruido se genera desde la cartera de Educación, con el nombrado ministro Daniel Rojas, con quien las negociaciones para los proyectos de ley de Educación como Derecho Fundamental y la Reforma a la Ley 30 van a tender a cerrarse. Rojas se caracteriza por ser una de las principales figuras cercanas al gobierno de Gustavo Petro y de los que más confianza genera al interior de su gabinete, al mismo tiempo que ha manifestado en la opinión pública ser uno de los principales defensores del proceso constituyente y del proyecto progresista del gobierno.
Su postura política podría convertirse en un contrapeso a la idea de diálogo y acuerdo nacional que en estos momentos está construyendo el ministro Cristo, especialmente frente a las potenciales negociaciones de los proyectos de ley educativos que el gobierno quiere evacuar en los próximos dos años y que deben pasar tanto por la Comisión I de Senado (en la que los sectores independientes y oposición poseen suficiente control y votos), como por la plenaria de la misma corporación, en la que el gobierno depende de acuerdos con sectores del Partido de la U, del Partido Conservador y algunos liberales de línea gavirista para poder tener peso en votos.