Por: Laura Fajardo, Asistente de Investigación
Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad
Las diferencias entre las regiones colombianas y sus necesidades han significado históricamente un reto para todos los gobiernos. Para el caso del presidente electo Gustavo Petro, el departamento de Antioquia es, sin duda, un reto de gobernabilidad, considerando la confluencia de factores como la violencia, la financiación y el avance de proyectos clave para el país como Hidroituango.
Sumado a eso, Antioquia es uno de los departamentos que menos apoyo político y electoral le manifestó al Pacto Histórico, tanto en las elecciones legislativas como en las presidenciales, lo que constituye un difícil ambiente político y de gobernabilidad para el presidente entrante.
Tal vez es por esto que el nuevo gobierno optó por constituir un grupo de empalme particular para Antioquia que denominaron “Antioquia-Nación” y, aunque la conformación de un equipo particular podría ser una solución plausible para los retos venideros, su presencia en el proceso de empalme ya ha causado controversias regionales y confirma el difícil ambiente político que le espera al presidente Petro en el departamento.
El equipo de empalme
A un mes de la posesión presidencial y en medio de la conformación del gabinete del presidente Gustavo Petro, se anunció la creación de un equipo de empalme especial para coordinar los temas que atañen particularmente al departamento de Antioquia.
El anuncio fue hecho por Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín.
El equipo de empalme lo conforman personas como Juan Pablo Ramírez, exsecretario de inclusión social, Juliana Colorado, exsecretaria de medioambiente, Yolanda Perea, excandidata al Senado por el Nuevo Liberalismo y Luis Llinás, exgerente de la campaña de Gustavo Petro en Antioquia, entre otros.
Cada uno de los que conforman el equipo tiene a su cargo un sector o asunto particular como Hidroituango, el Metro de la 80, la situación de derechos humanos en el departamento, la educación, infraestructura vial, etc.
Sin embargo, a escasas horas del anuncio del equipo conformado, el gobernador Aníbal Gaviria Correa manifestó su descontento con el equipo enunciado, alegando que dicho mecanismo de empalme no era el acordado con el electo presidente Gustavo Petro.
Este pronunciamiento reveló, por un lado, las diferencias entre sectores de la política antioqueña y, por otro, preguntas sobre los criterios de selección del equipo y los niveles de coordinación con las instancias de gobierno locales en el departamento.
Los proyectos en cuestión
En Antioquia son varios los proyectos que el próximo gobierno tendrá que atender en materia de infraestructura, energía, violencia y grupos armados. Sin embargo, han sido de especial atención cuatro proyectos de infraestructura que requieren de amplios recursos estatales para materializarse: Hidroituango, el Metro de la 80, la Red de Autopistas 4G y la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba.
Hidroituango
El proyecto hidroeléctrico está ubicado en el noroccidente del departamento y ocupa predios de los municipios de Ituango, Briceño, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Yarumal y Valdivia, entre otros. Estaba pensado para generar cerca de 2.400 megavatios y, con esto, cubrir el 17% de la demanda energética del país.
Sin embargo, el ambicioso proyecto energético sufrió un importante daño en 2018 al romperse una de las represas, situación que puso en riesgo de avalancha a cerca de 120.000 personas a lo largo de la cuenca del río Cauca. Para evitar el desbordamiento del río y la avalancha de material, la empresa encargada del proyecto, Empresas Públicas de Medellín EPM, decidió verter el agua por el cuarto de máquinas, situación que implicó atrasos en la obra y sobrecostos.
Luego de la emergencia, el proyecto acarreó sobrecostos avaluados en casi $3,9 billones y un proceso jurídico que involucró a la Gobernación de Antioquia, las aseguradoras y la gerencia del proyecto, se presentaron investigaciones y procesos por responsabilidad fiscal.
Por estas complejidades, Gustavo Petro designó a Modesto Portilla como el encargado de liderar el empalme del proyecto. Portilla es geólogo de la Universidad Industrial de Santander y especialista en Evaluación de Riesgos y Prevención de Desastres.
Los retos del gobierno entrante en este proyecto serán de distinta índole: jurídicos, para liberar el proyecto de los líos judiciales que cursan sobre éste; de diagnóstico, para entender el estado real del proyecto y sus complejidades; económicos, para establecer los costos reales del proyecto y asegurar el correcto y exitoso manejo de los recursos asignados.
Si bien el próximo gobierno no podrá asegurar que pueda poner en funcionamiento la hidroeléctrica, sí deberá dejar sentadas las condiciones necesarias para que la represa cumpla su cometido en el menor tiempo posible.
El Metro de la 80
La construcción de la tercera línea del metro de Medellín, que pretende construirse como un tren ligero por la Avenida 80, está financiado en un 70% por recursos del Gobierno Nacional. El proyecto, que aspira a ser entregado en 2027, comprende cuatro etapas y su inversión asciende a los $3,67 billones de pesos.
Al igual que con Hidroituango, el gobierno entrante no podrá comprometerse a poner en funcionamiento el Metro de la 80, pero sí deberá abonar a las condiciones ideales para que los recursos sean usados eficazmente.
Red de autopistas 4G
Actualmente el Gobierno Nacional financia la construcción de vías 4G que comunican al departamento con otros departamentos como Caldas y la región Pacífico. Se espera que el gobierno entrante continué aportando recursos para la finalización de las vías.
El fortalecimiento de la infraestructura vial, no solo en Antioquia sino en el resto del país, será clave para aportar al crecimiento de la actividad agropecuaria que el gobierno de Petro pretende.
Pista del Aeropuerto José María Córdoba
Desde 2017 el Gobierno Nacional expidió la ordenanza para la construcción de una segunda pista en uno de los aeropuertos más grandes del país. Cerca de 444 predios están en vilo, luego de que el Ministerio de Transporte manifestó no contar con los recursos suficientes para la compra de los predios. Se espera que el gobierno entrante pueda darle trámite a la pista o defina las alternativas a esta.
El empresariado antioqueño: ¿apoyos o diputas?
El sector empresarial en Antioquia ha ocupado un lugar central en las dinámicas económicas del país. Históricamente, el departamento cuenta con un importante trasegar industrial y financiero, y según datos del DANE, en 2021 Antioquia fue el segundo departamento que aportó al PIB nacional, solo por debajo de Bogotá. Estas condiciones hacen que Antioquia sea un departamento en el que descansan dinámicas económicas clave para la economía colombiana.
En medio de la campaña electoral, algunos sectores económicos alertaron que, ante una eventual presidencia de Gustavo Petro, se daría una afectación en los mercados. Reflejo de este pánico económico fue la “cláusula Petro”.
Sin embargo, a pesar de los malestares en el ambiente económico nacional, hubo un hecho en particular que llamó la atención de expertos en el sector, y es que el grupo Gilinski continuó su propósito de comprar los activos del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
En su momento, expertos de Fedesarrollo interpretaron esto como un mensaje a los mercados que tranquilizó tanto a los procesos económicos como a los políticos y electorales, pues al continuar en su propósito de inversión, los Gilinsky daban un parte de tranquilidad al sector y les restaban fuerza a los rumores de una eventual expropiación ante la probable presidencia de Gustavo Petro.
Aunque en su momento algunos vieron en este gesto de los Gilinski un voto de confianza al entonces candidato y hoy presidente electo Gustavo Petro, Esteban Restrepo, líder del equipo de empalme “Antioquia-Nación”, aseguró que aún no hay un acercamiento formal con el grupo empresarial, dadas las condiciones de cambio constantes en el sector empresarial antioqueño en este momento.
Si bien aún no está establecida alguna relación formal entre el empresariado antioqueño y los equipos económicos de Gustavo Petro, es indudable que las dos partes tendrán que sentarse a dialogar y buscar las formas de obtener alianzas público-privadas que estén en capacidad de responder a las necesidades económicas, no solo del departamento, sino de todo el país.
La complejidad del escenario económico hace imperante una relación cordial entre los gremios empresariales de toda índole y el gobierno entrante. Esto no solo permite una balanza en los recursos destinados a los proyectos nacionales, sino que también absuelve los aires de alerta económica por expropiación o rechazo al capitalismo y sus procesos, y también abre el camino para una renovada relación entre los sectores económicos y el Estado colombiano.
El reto de Petro de ganarse el corazón de los antioqueños
Aunque Gustavo Petro y su gobierno logren establecer relaciones cordiales con los dirigentes y empresarios antioqueños, aún tienen un reto importante: conquistar al electorado antioqueño. El departamento, junto con otros de la región andina colombiana como Santander, fue uno de los más contundentes en las elecciones presidenciales y legislativas en rechazar las propuestas y candidaturas del Pacto Histórico.
Aunque en las elecciones legislativas el departamento tuvo una breve apertura política al lograr dos curules el Pacto Histórico, en las presidenciales fue evidente el rechazo departamental, a excepción de algunos municipios de la región del Bajo Cauca Antioqueño, que sí le votaron a la candidatura presidencial de Gustavo Petro.
Esta situación le impone a Petro serios problemas de respaldo y popularidad por parte de la ciudadanía antioqueña. Los resultados de las presidenciales también podrán ser un anticipo de las elecciones locales del próximo año 2023, en las que será clave para el gobierno de Gustavo Petro contar con dirigentes locales que apoyen y, sobre todo, le den un alto margen de gobernabilidad territorial.