Por: Oscar A. Chala y Diego Alejandro Pedraza, investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad
El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se ha cobrado una nueva cabeza y no es otra que la del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla quien en horas de la tarde del 4 de diciembre presentó formalmente su renuncia a la cartera ministerial por cuenta de la solicitud que horas antes le había hecho el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X.
Este desarrollo resulta relevante en el contexto de declaraciones previas del presidente Petro, quien el 3 de diciembre expresó su respaldo al ministro Bonilla, afirmando conocerlo y confiando en su inocencia respecto al caso, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción enfrentados por el gobierno actual.
Este evento se enmarca en las consecuencias derivadas del caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En las últimas dos semanas, las autoridades judiciales han intensificado sus actuaciones en relación con diversos implicados, mientras el gobierno mantiene una postura reservada frente al tema, y sectores de la ciudadanía expresan un descontento creciente por los hechos revelados.
Cronología del caso
Fuente: Cablenoticias.
El caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se hizo público a inicios de este año tras la renuncia de Olmedo López a su cargo como director de la entidad, en medio de un escándalo relacionado con carrotanques destinados al departamento de La Guajira.
Sin embargo, en mayo, la situación tomó un giro significativo cuando Olmedo López y el subdirector Sneyder Pinilla buscaron un preacuerdo con la Fiscalía. En este proceso, argumentaron su participación en los hechos, señalando que formaban parte de la estructura involucrada, aunque describieron su rol como secundario dentro del esquema de corrupción en la unidad.
En este punto comenzaron a surgir múltiples nombres asociados con el caso, lo que llevó a revelar un esquema de corrupción significativo. Inicialmente, se planteó la posibilidad de que el caso permaneciera sin avances, como ha ocurrido con otros escándalos relacionados con la gestión de recursos públicos y altos funcionarios.
Sin embargo, en las últimas semanas el desarrollo del caso ha generado un cambio importante. Por ahora, varios funcionarios, exfuncionarios y congresistas enfrentan investigaciones y procesos judiciales, mientras se espera cómo avanzarán sus declaraciones y estrategias de defensa en un intento por mitigar las consecuencias legales.
Sandra Ortiz, Name, Calle y la Comisión de Crédito Público
Fuente: El País, edición América - Colombia.
El inicio del caso estuvo marcado por la apertura de una investigación por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra Iván Name y Andrés Calle el 5 de noviembre, como lo reseñamos anteriormente en esta historia.
La investigación se centra en las acusaciones realizadas por Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes señalaron a los expresidentes del Congreso como presuntos receptores de 4 mil millones de pesos provenientes de recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Posteriormente, se abrió una investigación formal contra los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, además del excongresista Juan Diego Muñoz. Estas personas, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, fueron señaladas como presuntos beneficiarios de los contratos asignados por la UNGRD, según lo indicamos en esta historia.
Luego, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Sandra Ortiz, señalándola como presunta integrante del esquema investigado. Según la imputación, Ortiz habría desempeñado el rol de intermediaria en la transferencia de recursos hacia Iván Name, presuntamente bajo instrucciones de Carlos Ramón González.
El objetivo señalado por la imputación era garantizar el apoyo de los congresistas implicados al paquete de reformas presentado por el gobierno nacional.
María Alejandra Benavides: el eslabón débil
Fuente: Caracol Radio.
Mientras la Corte avanzaba en las investigaciones contra los congresistas y Sandra Ortiz enfrentaba cargos, la Fiscalía dirigió su atención hacia María Alejandra Benavides, asesora del exministro Ricardo Bonilla. En la última semana, su nombre ha ganado relevancia debido a la divulgación de audios que la implican en el caso de corrupción y en los que se menciona a otros funcionarios del gabinete.
Según los audios revelados por la Revista Semana y Noticias Caracol, que corresponden al interrogatorio de Benavides, se plantea la posibilidad de que esté buscando un preacuerdo con la Fiscalía. En estos registros, Benavides afirma que las órdenes relacionadas con las irregularidades investigadas fueron emitidas por el exministro Ricardo Bonilla y que los llamados cupos indicativos eran asignados bajo la dirección del exministro de Interior, Luis Fernando Velasco.
En su declaración, María Alejandra Benavides también señaló al senador Julio Chagüi (Partido de la U) como intermediario en negociaciones realizadas en representación de nueve senadores aún no identificados de la Comisión Primera de Senado. Según el testimonio, estas negociaciones tenían como objetivo obtener cupos y beneficios en entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) o el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), a cambio de asegurar votos favorables a iniciativas del gobierno.
El testimonio de Benavides también llevó a la vinculación formal de varios congresistas, entre ellos Juan Diego Echavarría (Partido Liberal), Jairo Castellanos (ASI), Efraín Cepeda (Partido Conservador y presidente del Congreso), Juan Carlos Garcés (Partido de la U), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Liliana Bittar (Partido Conservador), Karina Espinosa (Partido Liberal) y el secretario de la Comisión Tercera del Senado, Rafael Oyola.
De acuerdo con su relato, estos legisladores habrían recibido beneficios relacionados con contratos para la ejecución de obras en diversas regiones del país, gestionados a través del INVÍAS y entregados a petición suya. Estos hechos, según Benavides, contaron con el conocimiento y aprobación de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Hasta el momento, el caso se encuentra en una etapa en la que Sandra Ortiz continuará su proceso de imputación el 11 de diciembre. Por su parte, Iván Name y Andrés Calle ya rindieron indagatoria, y se espera un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema. Los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público también se encuentran en indagatorias, en las que han optado por acogerse a su derecho al silencio. Paralelamente, la Corte Suprema ha iniciado allanamientos a las oficinas de algunos de ellos, comenzando por la representante de Arauca, Karen Manrique, el 4 de diciembre.
Los congresistas recientemente mencionados en el caso han emitido declaraciones públicas en defensa de su inocencia y reputación, mientras que se mantiene la expectativa de que la Corte pueda vincularlos formalmente en cualquier momento. Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco están en proceso de preparación de su defensa ante la Fiscalía, al igual que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Carlos Ramón González, señalado por Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes lograron un preacuerdo con la Fiscalía en las últimas semanas.
Por su parte, María Alejandra Benavides ha señalado públicamente que su seguridad personal está en riesgo. Continúa colaborando con la Fiscalía en su proceso de indagatoria, con la posibilidad de formalizar un preacuerdo para aportar información sobre los hechos.
El “martirio” de Bonilla demuestra que su presencia era insostenible para el gobierno
Al presidente Gustavo Petro le ha costado casi 3000 caracteres y varios días tomar la decisión de apartar de su cargo a Ricardo Bonilla. A diferencia de las salidas de Luis Fernando Velasco y de Carlos Ramón González, el gobierno retuvo a Bonilla durante la mayor parte de la segunda mitad de 2024, brindándole su entera confianza, a pesar de que poco a poco las acusaciones de López, Pinilla y de varios de los salpicados en el escándalo de la UNGRD le perfilaban con profundos cuestionamientos frente a su rol en el caso.
Es un golpe fuerte para el gobierno y así se ha demostrado. Bonilla, quien llegó a reemplazar a Ocampo tras el segundo remezón ministerial de Petro, como consecuencia de la ruptura de la coalición que había construido en 2022, es una figura cercana al presidente y al seno del Progresismo. Exsecretario de Hacienda de Bogotá durante la Alcaldía de Petro, Bonilla hizo parte de varias consultorías con importantes empresas públicas y privadas, lo que le hizo ganar el favor del presidente Juan Manuel Santos, que lo incluyó en la comisión de expertos para su reforma tributaria en su segundo período.
De tendencia más conservadora entre sus lecturas keynesianas, terminó llegando al gobierno al haber sido uno de los principales cerebros del plan económico durante la campaña a la presidencia en 2022. Luego, fue asesor en temas económicos para la presidencia, antes de que llegara a reemplazar a Ocampo.
Bonilla también fue conservador en el ejercicio de sus funciones, hablando de respetar la regla fiscal, garantizar la sostenibilidad económica del país y mantener el equilibrio macroeconómico en sus límites tradicionales, además de moderar en gran parte los proyectos del gobierno y ser el principal promotor de los ajustes y recortes presupuestales para 2024, llegando a tener fuertes choques con Luis Carlos Reyes, anterior director de la DIAN y hoy ministro de Comercio, frente a las expectativas de recaudo e impuestos en el país.
Su salida termina dejando al gobierno sin una de sus principales figuras dentro del sector tecnócrata de su gabinete, al mismo tiempo que termina eliminando a una de las figuras cercanas del presidente respecto a su lectura económica. No obstante, también termina siendo una movida urgente frente a la posibilidad de que el escándalo de la UNGRD termine siendo mucho más grave de lo que se ha revelado.
Los costos que tenía para el gobierno mantener a Bonilla se estaban haciendo mucho más caros conforme las revelaciones de Benavides fueron saliendo a la luz y se amplió la matriz de congresistas beneficiarios de contratos dentro del entramado. Tal y como lo reveló en su momento Caracol Radio, ya había acuerdos para que no se discutiera ni se aprobara la Ley de Financiamiento, ni ninguna otra reforma que involucrara al MinHacienda, a menos de que Bonilla renunciara.
Esto es importante porque el gobierno aún no ha decretado el presupuesto para 2025 (que se mantiene en el orden de $523 billones de pesos, con un potencial hueco fiscal de entre $12 y más de $26 billones debido a la poca capacidad de recaudo tributario) y está buscando impulsar en el Congreso que un bloque de los partidos independientes dentro de las Comisiones Terceras y Cuartas le voltee los votos, ante la posibilidad de que allí esos mismos congresistas independientes terminen respaldando las mociones para hundir aquel proyecto.
Así mismo, la presencia de Bonilla se estaba volviendo complicada para el gobierno, cuya agenda anticorrupción ha salido bastante golpeada con este escándalo. Como lo reseñábamos en esta historia, la mesa anticorrupción que el gobierno lanzó en mayo no ha sesionado ni una sola vez, ni tampoco ha sabido dar respuesta a la crisis generada dentro del gabinete con las revelaciones de presuntos direccionamientos de contratos de varias de las unidades administrativas de la presidencia, según las nuevas revelaciones que han salido en los medios de comunicación.
Según informes de W Radio, desde el martes de la semana pasada el ministro Bonilla ya había presentado su renuncia a gustavo Petro, a partir de una lectura jurídica con sus abogados, entendiendo de que el ministro no podía asumir sus labores frente a la agenda económica del país, mientras al tiempo tiene que defenderse en este caso. Asimismo, la W Radio también señaló que la denuncia contra Ricardo Roa y Nicolás Alcócer por presunto favorecimiento de contratos en la Hidroeléctrica de Urrá ya era conocida por la presidencia de la República desde septiembre de 2024, y que también conocían que Ricardo Bonilla tomaría la decisión de enviar esta denuncia anónima a la Fiscalía, debido a que es mandatorio de los funcionarios públicos enviar a los entes de control estas denuncias.
El gobierno sigue elaborando su relato alrededor del “lawfare”
La respuesta que dio el presidente Petro a las acusaciones contra Ricardo Bonilla se ha enmarcado en un lugar discursivo que se ha vuelto común para el gobierno, sus bases sociales y políticas y sus funcionarios. Por un lado, Petro acusa a los congresistas como los principales culpables de estos escándalos, al señalar que han sido ellos, a través de la entrega de cupos indicativos, quienes han presionado y “chantajeado” a varios de sus funcionarios para obtener contratos y prebendas a cambio de mover la agenda legislativa del gobierno en el Congreso.
Este tema de los cupos indicativos siempre ha sido problemático para los diferentes gobiernos en el país, debido a que es una de las principales manifestaciones del clientelismo en el Estado. Aunque los cupos indicativos no son ilegales per se, puesto que son una forma de asignación de recursos del presupuesto nacional que permite a los congresistas dirigir fondos a proyectos específicos en sus regiones, sí tienden a generar potenciales riesgos de corrupción, cuando estos cupos indicativos pueden distorsionar el uso de los recursos públicos, así como pueden redirigirse a proyectos y contratistas específicos, como el caso de la UNGRD lo ha demostrado.
Además, porque a la final se ha convertido en una de las formas eficientes con las que los recursos a nivel central llegan a las regiones a través de las partidas presupuestales a través de negociaciones con el ejecutivo, más allá de las negociaciones de recursos para las regiones a través del debate de la Ley de Presupuesto anualmente.
Es a partir de esa denuncia del gobierno elabora su teoría de que estos ataques al ministro Bonilla son parte de ese “lawfare” denunciado desde hace un año largo, a los que suma a los grandes medios de comunicación y a los grandes gremios empresariales, y en los que considera que estos “movimientos”, como las denuncias de López, Pinilla y Benavides sobre el caso de la UNGRD, son parte de esa estrategia para sacarlo del poder.
A pesar de que ya desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hemos señalado que esta tesis del “lawfare” es débil y no tiene mayor sustento en la realidad política, y que el gobierno en realidad no está en riesgo, más allá de las disputas fuertes que sostiene con la Rama Legislativa y la Rama Judicial, el gobierno sigue justificando la mayor parte de estos “errores” y acusaciones a través de esta idea.
Lo que sí es cierto es que la salida de Bonilla, la potencial salida de Ricardo Roa de la dirección de Ecopetrol y las indagatorias sobre los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público sí pueden terminar horadando aún más la gobernabilidad del presidente, que se había venido recuperando desde mediados de este año, y que le ha costado recuperar más allá de sus bases políticas.
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