Por: Katerin Erazo, Periodista
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este lunes una sentencia en contra del Estado colombiano por el exterminio del grupo político Unión Patriótica (UP). Durante la audiencia, el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Martínez, concluyó la responsabilidad del Estado en la violación de derechos como la vida, la libre expresión y la asociación política, y el derecho a la honra y la verdad para el caso de la UP.
La Corte reconoció que más de seis mil miembros de la UP fueron víctimas de graves y sucesivas violaciones de derechos humanos que iniciaron a partir de 1984 y fueron extendidas por más de 20 años.
"La CIDH declaró que Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica (…) como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido y sus integrantes", expresó el juez Ricardo Pérez.
El tribunal halló que el Estado colombiano fue responsable de asesinatos, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas. Por esta razón, determinó durante la audiencia que el Estado deberá reparar a las víctimas. Algunos puntos mencionados para esta reparación fueron:
El Estado tendrá un plazo máximo de dos años para que se impulsen y se reabran las investigaciones sobre los crímenes.
Tendrá que organizar un acto público en el deberá reconocer su responsabilidad.
Deberá construir un monumento en memoria de las víctimas y asimismo instalar placas conmemorativas en al menos cinco lugares públicos.
Tendrá que instaurar un día nacional de homenaje a las víctimas de la UP. Además, para evitar una repetición, deberá realizar actividades de sensibilización al igual que un documental en el que rinda homenaje a las víctimas.
"El Estado realizará una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica", se precisó en el fallo.
Tras la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), algunos integrantes del partido y entidades que han acompañado a las víctimas se pronunciaron. Heidy Sánchez, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica y el Pacto Histórico, le dijo a la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) que este es un día histórico para el país, dado que se escucharon, después de muchos años, las peticiones de una sociedad que esperaba “justicia por el intento de exterminio de un partido político”.
“Lo que ha hecho la CIDH es darle una respuesta a la historia, memoria, verdad, justicia, reparación y a las garantías de no repetición en nuestro país, nunca más un exterminio”, dijo Sánchez.
Asimismo, Gabriel Becerra Yáñez, secretario general de la Unión Patriótica y representante a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, le dijo a Pares que se ha logrado un objetivo importante que es “superar la impunidad que se quiso imponer en el ámbito nacional”. Becerra señaló que ahora se debe luchar para que los contenidos que se plasmaron en la audiencia se cumplan y presentar un precedente para que estos hechos no se repitan.
Becerra mencionó que el gobierno Petro cuenta con la voluntad política para acatar el fallo. “Esperamos que esto no sea fallo de papel, un fallo que simplemente quede consignado en una hoja, sino que tenga efectos en la sociedad y de esta manera haya memoria”, puntualizó Becerra.
La Corporación Reiniciar, que está conformada por los sobrevivientes al extermino y trabaja por la defensa de los derechos de los integrantes de la UP, mencionó que por 30 años ha estado con las víctimas y que por tal motivo pide que se cumplan los puntos que la Corte impuso al Estado colombiano.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro dijo: “Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”, refiriéndose a este hecho por el que se ha luchado por años para que haya justicia.
León Valencia, director de la Fundación Pares, aseguró que Aída Avella, presidenta de la UP, y Jael Quiroga, defensora de derechos humanos y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, han sido pilares para que se honrara a las víctimas y sobrevivientes de la UP y que este caso no quedara en el pasado.
Cabe mencionar que La Unión Patriótica nació en 1985, luego de que integrantes de las FARC decidieran unirse a la política, esto, tras la firma del Acuerdo de Paz de la Uribe-Meta que se dio en 1984, pactado con el gobierno de Belisario Betancourt.
La estigmatización y la criminalización fueron algunas de las razones por las que muchos de los integrantes de la UP fueron asesinados. Sin embargo, los que pudieron salvaguardar sus vidas se vieron obligados en ese entonces a exiliarse del partido.
Según Heidy Sánchez, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica y el Pacto Histórico, el Estado no quiso proteger la vida de estas personas, por el contrario, actuó de una manera poco interesada. Ante los hechos violentos contra los integrantes de este partido, el Estado solo se ha hecho responsable de 219 víctimas, entre las más de seis mil que se mencionaron en la Corte.
Actualmente la Unión Patriótica sigue siendo un partido vigente que recuerda a aquellas personas que dieron su vida por una idea de cambio en nuestro país. Este partido hace parte de la coalición del Pacto Histórico, lo que quiere decir que junto con la Colombia Humana, el MAIS y el Polo Democrático, son partido de Gobierno.