Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) buscará este año arrancar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia de la Vida, 2022-2026, y de paso ponerle fin a la estratificación socioeconómica de los hogares en todo el territorio nacional –artículo 70 de la Ley 2294 de 2023–.
El objetivo es cambiar el indicador de condiciones de la vivienda de las personas por la capacidad de pago del hogar, con el objetivo de focalizar de manera más precisa y efectiva la asignación de subsidios y el cobro de los servicios sociales que presta el Estado –como los servicios públicos domiciliarios, la educación, salud, recreación y movilidad, entre otros–.
La estratificación basada en las condiciones de la vivienda es una metodología de focalización de subsidios que nació y se expandió en el país a partir de la experiencia que tuvo, a mediados del siglo veinte, el cobro de servicios públicos domiciliarios de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
La estratificación le sirvió a la empresa, primero, para venderle a los usuarios que más compraban el servicio de energía a un precio menor; y luego para invertir el proceso y cobrarle un precio diferencial a los usuarios de acuerdo con las condiciones físicas del hogar: siendo 1 el más bajo y, por tanto, el más económico; y 6 el más alto y en consecuencia el más caro, buscando justicia tarifaria.
Este sistema diferenciado de precios de los servicios de acuerdo a la clasificación de viviendas y hogares fue adoptado, posteriormente, por la Junta Nacional de Tarifas del DNP y extendido a todo el país. Para, finalmente, desde la década de 1990, con la Ley 142 de 1994 o Ley de servicios públicos domiciliarios, institucionalizarse como sistema general para el cobro de todos los servicios de este tipo.
Además, dado que el mecanismo de clasificación era tan sencillo –pues dependía de la observación de las características físicas de la vivienda o lugar donde se prestaba el servicio–el Estado colombiano decidió adoptarlo como metodología para focalizar los subsidios a otro tipo de servicios, como la salud o la educación, al igual que el cobro de tributos.
Sin embargo, a pesar de esta ventaja, el sistema de estratificación de hogares se convirtió en un modelo bastante imperfecto, pues las características físicas de la casa o del apartamento, finalmente, no reflejaron las condiciones económicas de los colombianos. Muchos hogares, por ejemplo, a pesar de aumentar los ingresos familiares con el pasar de los años, decidieron mantener la apariencia de las residencias para recibir subsidios del Estado.
También la factura de los servicios públicos se convirtieron en un boleto para que, con solo presentarla, cualquier persona, de manera gratuita o a bajo costo, accediera a servicios como educación pública o de diversión. Igualmente, sirvió para eludir el pago de impuestos o de otro tipo de contribuciones que estaban atados al estrato socioeconómico del hogar.
En resumen, el sistema de estratificación socioeconómica en Colombia es se convirtió en un sofisma. Sirvió como incentivo para ocultar el ingreso de los hogares, se usó la apariencia de las viviendas para distorsionar la entrega de subsidios del Estado y el cobro efectivo de contribuciones.
Debido a estos problemas, el DNP decidió incorporar en el actual Plan Nacional de Desarrollo la propuesta de construir un Registro Universal de Ingresos (RUI) como una transición metodológica. El Estado quiere convertir este Registro en el “único instrumento de focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social”.
La apuesta del DNP es que el RUI sea “ neutral frente a la oferta social” y que “no afecta el ingreso, permanencia y salida de los mismos”; que a cada persona se le asignen una codificación de acuerdo con sus ingresos. Información que será usada por cada entidad del Estado para administrar o ejecutar “los diferentes programas sociales de acuerdo con la normativa vigente y aplicable, teniendo en cuenta su población objetivo, alcance y financiación”.
En este sentido, el gran reto del Estado es construir, alimentar y administrar un RUI con la información económica para todos los habitantes del país. En la actualidad, según el DNP, se cuenta con 33 millones de registros para el RUI y el objetivo es llegar lo más pronto posible a los 55 millones de registros, que son los mismos con que cuenta el Registro Social de Hogares (RSH) y que se utiliza actualmente en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) y Familias en Acción para seleccionar y beneficiar hogares.
Para lograrlo, el DNP trabajará de manera coordinada con otras organizaciones del Estado. Como el Banco de la República, de quien recibirá información sobre los pagos electrónicos que hacen las personas en todas las transacciones monetarias. Al igual que información que reciba del Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) relacionada con la declaración de rentas.
Lo que se espera es que está transición al RUI sea lenta y escalonada. Romper con una institucionalización de una estratificación económica que lleva más de 70 años en el país es difícil. De allí que se requiera para la implementación una sensibilización y divulgación, primero, en las entidades involucradas de la oferta social, y luego con la ciudadanía.
Además, que se ensaye, con pruebas piloto, en territorios como Bogotá y Medellín, para luego, en 2026, extenderlo a todo el territorio, con el fin de adaptación del mecanismo y la verificación de su funcionalidad entre todos los actores. Demostrando la efectividad de esta política y, en consecuencia, si el cambio institucional mejorará efectivamente las condiciones de las familias más pobres.
De esta manera se logrará hacer un proceso de transición planificado y poco traumático. Un cambio institucional con el que se logre construir un sistema de codificación que sea justo con los hogares, para que se subsidie de manera eficiente, se recojan contribuciones acorde con los ingresos reales de sus integrantes y el Estado mejore las inversiones a la población vulnerable.
*Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
**Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.