Por: Laura Andrea Fajardo, Asistente de Investigación
Línea de Investigación en Democracia y Gobernabilidad
El pasado domingo 26 de junio se votó la iniciativa de revocatoria en Cúcuta. Luego de múltiples aplazamientos, la jornada se destacó por la baja participación de la ciudadanía, la imposibilidad de alcanzar los votos necesarios para cumplir con el objetivo de la revocatoria y los altos costos políticos y monetarios que representó. Esta situación retornó el debate de la utilidad y la razón de ser de la revocatoria como mecanismo de seguimiento, control y participación ciudadana.
La elección
En 2019, Jairo Yáñez Rodríguez, candidato por el Partido Alianza Verde, fue elegido alcalde de Cúcuta para el periodo 2020-2024. Los 110.057 votos que logró lo pusieron por encima del candidato Jorge Acevedo, quién era la cuota política del alcalde saliente César Rojas, ambos cercanos al Clan de Ramiro Suárez.
Para algunos, la elección de Yáñez como alcalde fue un “voto castigo” a la mala gestión durante la alcaldía de César Rojas, los cuestionamientos que recaían sobre Acevedo y su cercanía con Ramiro Suárez.
En un contexto marcado por la pandemia del COVID-19, la alcaldía de Yáñez se enfrentó a una sanción de la Contraloría municipal de Cúcuta por no responder en su momento a una solicitud de la entidad. La sanción monetaria ascendía a los 40 millones de pesos, decisión que el alcalde acató, aunque manifestó no estar de acuerdo con los argumentos dados por la Contraloría. Algunos calificaron la sanción como excesiva, si se tiene en cuenta que el mandatario local llevaba apenas tres meses en funciones mientras enfrentaba las gestiones que exigía la pandemia.
Más allá de esta sanción, Yáñez enfrentó el proceso de destitución puesto en marcha por el comité ciudadano “Que se va se va, póngale la firma”, liderado por Jaime Alonso Vásquez Giraldo y aceptado por el Consejo Nacional Electoral en enero de 2021.
Según lo estipulado por la ley, el comité promotor de la revocatoria debía recoger al menos el 30% de los votos obtenidos en la elección en firmas válidas (es decir, 33.017 firmas), y, surtido este proceso, someter la decisión a votación popular.
A inicios de noviembre de 2021, el comité revocatorio entregó al CNE 120.000 firmas, de las cuales fueron aprobadas 69.333 firmas, aun cuando requerían sólo de 33.017. Fue la primera vez en la capital nortesantandereana que un comité de revocatoria lograba recoger las firmas suficientes para someter la decisión a votación de los cucuteños.
Para lograr recovar a Yáñez tenían que cumplirse dos condiciones: primero, una participación del 40% de los votos totales de las elecciones en las que Yáñez fue elegido, es decir 310.862 votos y, segundo, que de estos votos, la mitad más uno fuera a favor de la revocatoria (155.431+1=155.432).
Aún con las casi 70mil firmas avaladas, el comité revocatorio se enfrentaba al reto de lograr que más de 155mil personas votaran a favor de la revocatoria. Tras la aprobación de las firmas, la Gobernación fijó como fecha de la votación el 12 de diciembre, sin embargo, cerca de la fecha de la votación el delegado departamental le comunicó al Gobernador Silvano Serrano las dificultades logísticas que tendría la Registraduría para poder cumplir a cabalidad el proceso electoral en la fecha asignada por la Gobernación, considerando que las elecciones a Consejos Municipales de Juventud también estaban cerca de la fecha, tan solo ocho días de diferencia.
En su momento, el gobernador respondió la misiva confirmando la continuidad del proceso de revocatoria, pero no era clara la forma en la que la Registraduría cumpliría con la intención del gobernador Serrano y asegurar todas las garantías electorales para el proceso de votación de revocatoria.
Las aspiraciones de Serrano fueron imposibles de cumplir, considerando los costos y las fechas electorales de elecciones legislativas y primera y segunda vuelta presidencial. Luego de aplazarse cinco veces por falta de recursos para su realización, la revocatoria se hizo efectiva hasta el domingo 26 de junio.
¿Quiénes estaban detrás de la revocatoria?
En Cúcuta son muchos los intereses políticos que quedaron en el aire tras la derrota de Jorge Acevedo, pues el Clan político de Ramiro Suárez perdió la Alcaldía Municipal como bastión político. Sin embargo, sostuvo algunas cuotas burocráticas con las que contaba y desde allí acusa, vigila y pone trabas a la gestión local, según Wilfrido Cañizares, defensor de derechos, en declaración a El Espectador.
La personería
La persecución desde la Personería a la alcaldía de Yáñez inició en 2020, cuando Martín Herrera era el personero y abrió investigaciones contra el secretario de prensa, Carlos Alberto Díaz, la secretaria de salud, María Constanza Arteaga y el secretario de tránsito, Jorge Mayid Gene.
Martín Herrera, considerado una ficha del ramirismo en la Alcaldía, fue sustituido temporalmente del cargo mientras cursaban en su contra investigaciones que lo acusaban de tener impedimentos para asumirlo. En diciembre de 2020 fue absuelto de los cargos por los que se le acusaba.
En esa misma época llegó a la personería Karol Yessid Blanco Monroy, abogado de 30 años, hijo de Telésforo Blanco, exsecretario de hacienda durante la alcaldía de César Rojas y condenado en 2017 a casa por cárcel por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
El exsecretario condenado era un miembro importante del gabinete de Rojas y, por ende, del clan de Ramiro Suárez, relación que lleva a pensar que el nuevo personero también esté vinculado al clan político de Suárez, y que la Procuraduría Municipal de Cúcuta sea un bastión político de Ramiro Suárez, quien sigue cumpliendo su condena por su autoría intelectual del homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez en 2003 y sostener vínculos con grupos paramilitares en Norte de Santander.
La contraloría
En enero de 2020 fue posesionada Martha María Reyes como contralora municipal en la ciudad de Cúcuta, quien en el pasado fue la secretaria general de César Rojas, considerada otra ficha del ramirismo en la contraloría de la capital del departamento. La contralora fue posesionada en medio de cuestionamientos que la señalan por haberse hecho con el puesto aun cuando sobre ella recaen investigaciones de la procuraduría.
El líder la revocatoria: Jaime Alonso Vásquez
La persona que lidera la revocatoria “Que se va, se va, póngale la firma” es el abogado Jaime Vásquez Giraldo, quien fue recientemente obligado a retractarse por tachar a la secretaria de Posconflicto de la ciudad de “china sin vergüenza”. Según El Espectador, conocedores de la política cucuteña señalaban al líder de la revocatoria como una de las cabezas más visibles del ramirismo en la ciudad.
La jornada electoral
Para el domingo de votación se instalaron 915 mesas en 78 puestos de votación en la capital nortesantandereana y según los datos de la Registraduría el potencial electoral era de 616.331 personas, de las cuales votaron 11.555 personas: 6.759 votaron “sí” a la revocatoria, 4.686 votaron “no”, 73 votos fueron nulos y 37 no marcados.
Las cifras de participación son de sólo 1,87%, versus el 98,12% de abstencionismo, por lo que dejaron de votar 604.776 personas. Aunque ganó el “sí”, los votos no son suficientes y ante el llamado democrático que la ciudadanía no atendió, Yáñez seguirá y completará su periodo como alcalde hasta el 31 de diciembre del 2023.
Algunas voces explicaron la baja participación como resultado de la falta de claridad del proceso y el desgaste generalizado por el tema a raíz de los múltiples cambios de fecha. La jornada fue cuestionada por otros, considerando que costó $4.460 millones y los niveles de participación fueron tan reducidos, por lo que nuevamente aflora el debate sobre la efectividad del mecanismo de revocatoria a alcaldes y gobernadores en el país.
Las revocatorias en Colombia, ¿un mecanismo a replantearse?
El mecanismo de revocatoria se formalizó en el país con la Constitución de 1991 y su búsqueda por la apertura democrática y participativa. Sin embargo, el mecanismo ha sido convocado en múltiples ocasiones y sólo en dos ha tenido éxito; aunque la figura participativa busca vigilar el cumplimiento de las propuestas y el programa político bajo el que el mandatario fue elegido, el llamado “voto programático”.
Aunque la figura existe desde 1991, sólo hasta 2018 tuvo éxito un proceso de revocatoria, logrando revocar el mandato de Nelson Javier García, alcalde del municipio de Tasco, Boyacá.
En enero de 2021, al cumplimiento de un año de labores de las autoridades locales elegidas en 2019, la Registraduría recibió 121 solicitudes de revocatorias de mandato. Dadas las ajustadas fechas del calendario electoral en los últimos dos años, la primera de estas revocatorias se tramitó y se votó hasta el 20 de diciembre de 2021 y resultó exitosa, pues logró revocar el mandato de la alcaldesa de Susa, Boyacá, Ximena Ballesteros.
Sin embargo, la baja tasa de éxitos de esta figura participativa versus sus altos costos económicos y políticos para las instituciones ha llevado a que algunos analistas se replanteen su existencia, sus requisitos y condiciones. La figura ha sido modificada en algunas reformas políticas, como la de 2015 y también ha sido materia de estudio para la Corte Constitucional en sentencias como la C-179 de 2002 y la SU-077 de 2018.
Aunque la eliminación de esta figura participativa resultaría lesiva para quienes lo consideran un mecanismo de control y denuncia ciudadana ante las malas gestiones de los mandatarios locales, también resulta inconveniente sus altos costos, que, aunque no justifican completamente su eliminación del ordenamiento jurídico, pues el gasto de dinero no puede ser una razón mono causal para su eliminación, resulta evidente que sí se requieren estudios, análisis y nuevas propuestas en su aplicación.
Para algunos el mayor resto que tienen los procesos de revocatoria está en la alta abstención de sus votaciones, por lo que podría ser momento de pensar en mecanismos no presenciales de participación, por lo menos para las grandes ciudades con cierta capacidad de usar herramientas digitales que permitan una mayor afluencia de votantes.
Por otra parte, sería valioso revisar quiénes impulsan los comités de revocatoria y sus motivos para hacerlo: el mecanismo participativo no debería usarse como herramienta política de retaliación o revanchismo político. Según investigadores, las revocatorias suelen estar motivadas por opositores a la autoridad local, no por ciudadanos genuinamente interesados y, además, suele ser una herramienta para atacar a los gobernantes y no a sus programas de gobierno.