Por: Katerin Erazo, Periodista
Tras las recientes declaraciones explosivas de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde afirmó haber entregado millonarios sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes para agilizar la aprobación de reformas gubernamentales, el Gobierno Nacional ha respondido con determinación.
A través de un comunicado de prensa emitido desde la Casa de Nariño, se informó que el presidente Gustavo Petro ha ordenado la creación de una Mesa Técnica de Coordinación dedicada específicamente a documentar casos de mal uso de recursos públicos. Este equipo, liderado por una dependencia especializada, contará con la participación de la Presidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Judicial y auditores externos especializados.
Enfatizando en su política de "cero tolerancia" hacia la corrupción, la Presidencia anunció que cualquier indicio de corrupción será identificado, documentado y enfrentado, facilitando la acción independiente de la Fiscalía. La Mesa Técnica también establecerá una estrecha colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, enfocada en la identificación de capitales internacionales derivados de actos corruptos.
Además, se ha solicitado la colaboración de la Contraloría y la Procuraduría, asegurando su independencia y competencia en la supervisión de las actuaciones gubernamentales. La Agencia Nacional de Defensa Judicial desempeñará un papel clave al prestar toda la colaboración necesaria a la Fiscalía General de la Nación.
Estas medidas se toman en respuesta a las acusaciones vertidas por Pinilla, quien afirmó haber distribuido $4.000 millones entre los presidentes del Congreso con el propósito de acelerar la aprobación de reformas. Según sus declaraciones, los pagos se realizaron en efectivo y en maletas, entre septiembre y octubre de 2023, con el supuesto objetivo de impulsar las reformas sociales del Gobierno Nacional.
En el marco de estas acusaciones, se señaló la presunta participación de otras figuras gubernamentales, incluyendo al entonces director de la UNGRD, el ministro del Interior y la consejera para las Regiones. La Mesa Técnica se encargará de investigar a fondo estos alegatos y adoptar medidas para asegurar la integridad corporativa y la transparencia en todas las instancias del Gobierno.
La gravedad de las acusaciones y el compromiso del Gobierno Nacional con la lucha contra la corrupción han llevado a la implementación de estas medidas sin precedentes, en un esfuerzo por restaurar la confianza pública en las instituciones y garantizar la rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno.
Según Alejandro Char, investigador de la Línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el establecimiento de una mesa técnica conlleva varias implicaciones significativas. En primer lugar, está la respuesta del gobierno ante las acusaciones de Sneyder Pinilla, funcionario de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo cual parece ser un intento de protegerse de las acusaciones de corrupción que han surgido recientemente.
Estas acusaciones incluyen el manejo de fondos para campañas políticas, como el caso de Nicolás Petro, así como el destino de recursos destinados a proyectos específicos, como el caso de Laura Sarabia. Estos incidentes, junto con otros, están generando un impacto dentro del Estado y plantean dudas sobre la profundidad de la corrupción y la capacidad del gobierno para abordarla de manera efectiva.
Char también menciona que la falta de claridad sobre la metodología y el alcance de la mesa técnica complica aún más las cosas. Sin conocer qué casos se investigarán, qué enfoque se tomará y qué instituciones participarán, es difícil evaluar el impacto real de esta iniciativa. Además, señala que la corrupción en Colombia es un problema sistémico que afecta todos los niveles del gobierno y que no se puede resolver únicamente mediante investigaciones. Se necesita una solución integral que aborde las dinámicas políticas y burocráticas que permiten la corrupción.
Sin embargo, el investigador considera que esta iniciativa es una dinámica interesante, ya que representa un esfuerzo del Estado por abordar los casos de corrupción que están saliendo a la luz. Además, señala que aunque llega tarde, podría dejar un legado en cuanto a cómo el Estado enfrenta la lucha contra la corrupción.
Además, añade que esta iniciativa también puede interpretarse como un intento de la rama ejecutiva del Estado por organizar y comprender mejor la profundidad y alcance de las acciones de los funcionarios públicos, incluso dentro de su propio gobierno. Esto sugiere que la creencia común de que el presidente está al tanto de todas las acciones de sus ministros y funcionarios de rango medio puede no ser tan cierta, lo que resalta la complejidad de rastrear y comprender completamente las intenciones y acciones de los actores dentro del servicio público.
En este sentido, la mesa técnica también podría considerarse como un esfuerzo por mejorar la capacidad de seguimiento y control en este ámbito, más que solo un intento de cubrirse.