Por Nataly Triana Guerrero, Asistente de Investigación
Línea Democracia y Gobernabilidad
La victoria de Gustavo Petro se encuentra acompañada por una serie de compromisos pactados con colectivas, movimientos y organizaciones sociales feministas a través de su programa de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida y reafirmados en parte en el Debate Feminista previo a la segunda vuelta. Definitivamente, los votos de las mujeres fueron decisivos en la carrera por la Presidencia de la República, sin embargo, la gestión de Petro ha tenido una serie de desaciertos que cuestionan su compromiso con las agendas feministas.
¿El cambio es con las mujeres?
De acuerdo con el programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, las políticas dirigidas hacia esta población estarán guiadas por los enfoques feministas y anti patriarcales. Entre los compromisos consignados en este documento se destaca la paridad en los cargos públicos, la creación del Ministerio de la Igualdad, el Sistema Nacional del Cuidado y el Sistema Nacional de Alertas Tempranas de las Violencias Basadas en Género (VBG).
En relación a la paridad política se evidencia un cumplimiento en la designación política de mujeres en el 50% de las carteras ministeriales. En estos nombramientos sobresale que el 77% de estas ministras cuentan con experiencia en el sector y que han ejercido previamente cargos públicos y/o de elección popular.
Tabla No. 1 Carteras Ministeriales a Cargo de Mujeres
Elaboración: Línea Democracia y Gobernabilidad. Fundación Paz & Reconciliación
Este gabinete ministerial no solamente pone de relieve su experticia, sino también sus diversos compromisos con agendas sociales y en algunos casos su representación de partidos políticos de izquierda que han sido históricamente excluidos de los cargos de decisión y representación.
En las designaciones de cargos adscritos a la Cancillería y la Presidencia también debe distinguirse el nombramiento de Leonor Zalabata como embajadora de Colombia ante la ONU y el de Clemencia Carabalí como consejera presidencial para la equidad de la mujer. Estas mujeres no solamente son representantes de grupos étnicos minorizados en el país, indígenas y afrodescendientes, también son lideresas sociales con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
A diferencia del gobierno pasado, estos nombramientos cumplen con la paridad y la legitimidad política de varias organizaciones sociales. Este éxito se debe principalmente al poder adquirido por Francia Márquez. La llegada de mujeres a estas instancias de poder es una de las primeras condiciones para este horizonte transformador al que apuntan los feminismos.
No obstante, lo anterior no garantiza per se que exista una perspectiva feminista o de género en las políticas y programas, ni que haya la voluntad desde el Gobierno Nacional en cabeza de Gustavo Petro de transformar radicalmente todas las condiciones de desigualdad, especialmente las que residen en el género. La razón fundamental de esto se debe a que el presidente y su coalición política Pacto Histórico es una organización que desde la Colombia Humana se ha caracterizado por mantener distancia y tensiones con ciertos principios de las agendas feministas, como lo es la cero tolerancia a las VBG.
Prueba de esto lo fue la designación de Hollman Morris como candidato a la alcaldía de Bogotá en 2019 pese a sus serios cuestionamientos por violencia sexual, investigación que fue archivada por la Fiscalía en 2021. A esto se le suman los señalamientos presentados por la excandidata vicepresidencial de 2018 y representante a la Cámara 2018-2022, Angela María Robledo, quien denunció que en la Colombia Humana fue víctima de exclusión y violencia política.
Nuevamente, sin aprender de los errores cometidos en el pasado, Gustavo Petro en cabeza del Pacto Histórico designó a Cielo Rusinque como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), sin importar que esta abogada en su rol como defensora del profesor Fabián Sanabria, quien ha sido denunciado por haber incurrido en abuso sexual, haya incurrido presuntamente en estrategias de ciberacoso y estigmatización de las víctimas.
En un proceso de verificación de la información, se encuentra que Sanabria tiene procesos en la rama judicial por acto sexual violento, acoso sexual y acceso carnal violento. Recientemente le fue archivada la investigación por acoso sexual, sin embargo irá a juicio por acceso carnal violento luego de que la Fiscalía lo imputó como supuesto responsable de abusar sexualmente de un joven.
Está designación vulnera principios fundamentales de los estudios feministas, principios que están intrínsecamente relacionados a estas perspectivas que Gustavo Petro juró cumplir en su campaña electoral. Al respecto, no hubo pronunciamiento de Francia Márquez, solamente de los coequiperos de campaña, Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes defendieron la designación de Rusinque.
Paños de agua tibia
Pese a las protestas realizadas desde varios sectores feministas, Gustavo Petro otorgó el DPS a Cielo Rusinque y, a manera de apaciguar a los colectivos feministas, le confirió a Francia Márquez una serie de funcionalidades en este gobierno, entre las que se encuentran la coordinación intersectorial e interinstitucional de las políticas públicas para garantizar el derecho a la igualdad, así como la coordinación de la reglamentación y avance de la Ley 70 de 1993 y la creación de la política nacional del cuidado.
Aunque la designación de estas funciones a la vicepresidencia son relevantes, este anuncio se ha percibido como un reversazo del Gobierno Nacional, ya que desde este se habría entendido que el DPS iba a ser asumido por la vicepresidencia y sería la institución que se elevaría para convertirse en el Ministerio de la igualdad. Ahora, la vicepresidenta desde sus nuevas funciones de la mano con la cuestionada Cielo Rusinque debe trabajar en el proyecto de ley que dé origen a esta entidad.
Aun cuando desde los feminismos existe un voto de confianza hacia Francia Márquez, es importante señalar que la ausencia de los principios de las feministas en el Gobierno Nacional deja en duda la viabilidad de las promesas políticas del Ministerio de la Igualdad y el Sistema Nacional de Alertas Tempranas de las Violencias Basadas en Género. En especial, cuando la misma delegación de funciones a la vicepresidenta no cuenta jurídicamente con instrumentos y presupuesto para la creación de esta nueva cartera ministerial.