Por: Redacción Pares
Foto tomada de:Verdad Abierta
Todas las investigaciones apuntan a que las Fuerzas Armadas sabían que el M-19 entraría al Palacio de Justicia ese miércoles 6 de noviembre de 1985. Incluso la Comisión de la Verdad habla de una estrategia usada por los uniformados llamada “La ratonera”, táctica que produciría la muerte de 101 personas.
Meses antes se había hecho un estudio de seguridad debido a que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban amenazados por el Cartel de Medellín debido a su indeclinable voluntad de efectuar el tratado de extradición con los Estados Unidos: se haría realidad la peor pesadilla para Pablo Escobar. El estudio arrojó como resultado la inminencia de un ataque del M-19 al Palacio de Justicia. Dos días antes de la toma, en una extraña decisión, la policía decidió retirarse del lugar y dejar como responsables a una empresa de vigilancia privada.
Cuando a las 11:30 de la mañana de ese 6 de noviembre de 1985 los 35 guerrilleros entraron al Palacio se dieron cuenta de lo fácil que era ingresar. Si hubieran tenido un poco más de perspicacia se habrían dado cuenta de la verdad: los estaban esperando.
No se puede eximir al M-19 de un hecho tan violento, tan absurdo como el de tomarse el Palacio de Justicia para obligar al presidente de la república a un juicio público. Es increíble encontrar tanta torpeza en una toma en donde ni siquiera se había contemplado la posibilidad de un plan de fuga. Además, atacar a esa Corte Suprema era ponerse del lado de los carteles de la droga. Es difícil explicar tantos errores. Además, ¿No sabían cuales oficiales estaban en la cúpula de las Fuerzas Armadas? Aunque ya no era el ministro de defensa, Fernando Landazábal tenía en 1985 una alta influencia en las tropas. Según el investigador Steven Dudley, fue uno de los más acérrimos instigadores de la violencia que se generó en torno a la Unión Patriótica. En 1984 renunció a su cargo como protesta contra su jefe directo, Belisario Betancur, quien se reunió con miembros del M-19 en una exploración de una probable mesa de negociación. Era tal el temor que Belisario le tenía a sus militares que en vez de sancionar a Landazábal por lo que era evidentemente un acto de insubordinación, lo premio con una embajada en Bélgica.
La retoma, liderada por el general Arias Cabrales. En el 2011 se convirtió en el primer general colombiano en ser condenado por un crimen. Caerían sobre él 35 años de prisión. Hasta ese momento la única sanción que caía sobre Arias fue cuando en 1990 fue destituido por orden del entonces procurador general -en ese momento ese cargo se llamaba Inspector General- Alfonso Gómez Méndez. Años después ejercería sin problema la rectoría de la Universidad Militar. Para la historia universal de la infamia está la respuesta del Coronel Plazas Vega dada a un medio de comunicación colombiano cuando afirmó que lo que estaba haciendo en la sangrienta retoma fue “defender a la democracia maestro”. La retoma dejó un saldo escalofriante de muertos, 101, entre ellos los 11 magistrados de la Corte que el Estado estaba obligado a proteger, y 11 desaparecidos.
Desde hace 39 años el Colectivo de Abogados José Alvear ha intentado en que la justicia avance en la investigación de los crímenes que cometieron los militares durante la retoma. Este 19 de junio se dio un paso muy importante al condenar al general Iván Ramírez por la desaparición de Irma Franco, ex guerrilla del M-19, quien llegó a salir viva del Palacio, tal y como se comprueba en videos en donde ella aparece haciendo fila entre los detenidos que fueron a dar a la Casa del Florero. La condena dice lo siguiente: “La desaparición de Irma Franco fue el resultado de la coordinación que se dio entre los órganos de inteligencia, que se encontraban en la Casa del Florero, para disponer qué retenidos tenían qué tratamiento, de manera que para quienes, definitivamente, serían sujetos de un “tratamiento” diferente, porque para esas autoridades era claro que se trataba de subversivos. No se registraban los trámites realizados con ellos; lo que se constituye en un claro indicio de que la intención con estas personas era desaparecerlas”.
Lo que se espera es que sigan cayendo condenas contra los oficiales que participaron en la retoma. Según el Colectivo Alvear esta misma generó “graves violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, además de la alteración de la escena del crimen y la falsedad en documentos públicos, hechos probados por cuatro condenas penales contra militares involucrados y en la condena contra el Estado colombiano emitida en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH- que ordenó investigar y castigar a todos los responsables, así como reparar integralmente a todas las víctimas”.
Vale recordar cual era la línea de mando de la Fuerza Pública en ese momento: el comandante en jefe de las fuerzas militares, el señor presidente Belisario Betancourt, fallecido; el Ministro de Defensa, General Miguel Vega Uribe, fallecido; el comandante del Ejército, general Rafael Samudio Molina, fallecido, el comandante de la Brigada 13, general Jesús Armando Arias Cabrales, quien tenía a su disposición el DAS, en cabeza del general Miguel Maza Márquez, y la Policía, que estaba bajo el mando del general Víctor Alberto Delgado Mallarino.
Ramírez, el recién condenado, era uno de los oficiales más importantes para la inteligencia. En 1998 Estados Unidos le había retirado la visa por un informe de Human Right Watch. En investigaciones se ha visto vinculado a grupos paramilitares tan terribles como el que estuvo a cargo del asesinato de Jaime Garzón y los investigadores del Cinep Elsa Calderón y Mario Alvarado. Fue absuelto en el 2011 por una duda razonable.
Hoy se hace justicia.