Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para 2022 el Gobierno nacional tendrá un déficit acumulado de $14 billones en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Un hueco fiscal que es casi tres veces el tamaño de lo que invierte el país en educación superior pública –actualmente gasta 5.39 billones–.
Lo que podría leerse como que al Gobierno nacional le importa tres veces más financiar el consumo de energéticos –que contaminan el aire– que invertir en los millones de jóvenes que reclaman formación en educación superior. O que es más importante incentivar el consumo de gasolina –y con esto aumentar la presión sobre el flujo vehicular en las ciudades– que apoyar a las instituciones de educación superior en la creación de nuevo conocimiento, la innovación y el desarrollo que son la base de la riqueza.
La historia de cómo se ha generado este hueco fiscal tiene tan solo tres lustros. Inicia en 2007 cuando se expide la Ley 1151 y se crea, a través de su artículo 69, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles; cuyo fin es “atenuar en el mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de los combustibles en los mercados internacionales”.
Hasta 2007, el precio de los combustibles en el país estaba determinado por componentes técnicos, muy relacionados con las dinámicas del mercado –el precio internacional del crudo, la tasa representativa del mercado y el precio de los biocombustibles–. Pero a partir de la creación del Fondo de Estabilización, el Gobierno nacional tomó la decisión unilateral de regular este mercado introduciendo asuntos de orden político.
En 2011, el Ministerio de Minas y Energía, haciendo uso de sus facultades legales –en especial las conferidas en el Decreto 070 de 2001 y la Resolución 18-1599 de 2011–, expidió la Resolución 18-1602 del 30 de septiembre. En esta norma ministerial se establece una nueva fórmula, la cual contempla los componentes principales ya descritos, pero introduce otros tres nuevos criterios: uno de tendencia, uno de brecha y unos topes a los ajustes en el precio local.
El criterio de topes supone que depende del cruce y simultaneidad de los dos criterios: el de tendencia y el de brecha, sin embargo, de manera injustificada e inexplicable, el Gobierno Nacional estableció un tope de variación mensual de 3% hacia arriba o hacia abajo, según sea la tendencia. Con esto ignoró el criterio de brecha, el cual puede ordenar o definir variaciones mucho mayores.
Como resultado de esta decisión política, la variación en el precio de la gasolina en Colombia ha sido muy pequeña en los últimos años. Incluso, se puede hablar de un congelamiento en los precios de este bien, en comparación con el precio internacional del mismo y el precio del dólar que se han incrementado sustancialmente. Es decir, el Gobierno está sosteniendo el valor real del combustible artificialmente con recursos de los colombianos.
El efecto positivo, por supuesto, es que el consumidor colombiano paga hoy alrededor de 6.000 pesos menos de lo que debería costar –cerca del 40%–. Lo que provoca que evite que el costo del transporte incida negativamente en el precio de los bienes que consumimos en el país, controlando un poco el nivel de inflación que está cercano a 9% y el nivel de pobreza.
Pero la contrapartida negativa es mucho mayor. Primero, el Gobierno Nacional está redistribuyendo buena parte del Presupuesto General de la Nación y de la Ley de Inversión Social. Está tomando este escaso pero gran recurso y entregándolo a los consumidores de gasolina. Una transferencia monetaria de dineros públicos a privados –con el agravante que el 70% de estos recursos va a los cuatro deciles de mayor ingreso–. Recursos que afectan considerablemente los dividendos de Ecopetrol.
Segundo, el Gobierno está creando un hueco fiscal, que, como se advirtió, alcanzará este año los $14 billones. Esto, afectando el principio constitucional de sostenibilidad fiscal en Colombia. Con ello, está borrando los esfuerzos que se hicieron en 2018 y 2019 –en el que se tenía el mejor resultado en déficit fiscal en el período reciente, con un superávit fiscal y una estabilización de la deuda–, a tener un hueco fiscal que se elevó 15% en la deuda pública, y que será muy difícil corregir para el próximo gobierno.
Tercero, se está desaprovechando las señales del mercado para incentivar las transformaciones energéticas que se requieren en el país y el planeta para reducir la presión sobre el medio ambiente y controlar el calentamiento global. Estamos perdiendo la oportunidad de controlar males como el uso desaforado de vehículos en las ciudades y aportando poco a los objetivos planetarios de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.
Cuarto, como viene ocurriendo con otros temas, el Poder Judicial, en cabeza del Consejo de Estado, no está cumpliendo su tarea de emitir un fallo definitorio, frente a la demanda de nulidad aceptada que se presentó desde el 11 de junio de 2015 a la Resolución 18-1602 citada. Este organismo mantiene un silencio cómplice con el Poder Ejecutivo por más de siete años, evitando la tarea de incidir en la construcción de criterios técnicos para definir el precio interno de la gasolina, y controlar el perverso y reiterado desahorro con cargo al erario.
Finalmente, está primando el criterio político sobre el técnico. El Gobierno Nacional viene aprovechando el desconocimiento de la ciudadanía frente a este tema y la poca publicidad mediática para manejar a su antojo e imponer, mes a mes, el precio de los combustibles. Una decisión donde priman más intereses de beneficio de unos agentes del mercado, como lo son los grandes transportistas.
Una actuación que, por supuesto, hay que leer con los ojos del estratega político, que busca en momentos como estos, de elección de nuevos gobiernos, aumentar el apoyo popular; además, no toma medidas, intentando evitar posibles brotes de violencia a causa de los incrementos en los precios de la gasolina, tal como lo demuestra la experiencia internacional.
En conclusión, el gobierno actual deja un grave problema al que llegará. El próximo presidente tendrá que tomar medidas sobre el déficit fiscal y afrontar las consecuencias que el gobierno actual no quiso asumir; deberá tomar medidas fuertes pero necesarias para seguir apoyando el consumo de un bien que tiene graves repercusiones en las finanzas públicas, en la redistribución del ingreso, en el medio ambiente y en el manejo del orden público.