Por Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave[1]
La sociedad colombiana debe entender que una cárcel no es una carga social, sino una herramienta de transformación para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y un camino para hacer efectiva la justicia.
Pacto por la Humanización de las Cárceles en Colombia, a través de la Justicia Restaurativa
En la Procuraduría de Fernando Carrillo Flores, se firmó El Pacto por la Humanización de las Cárceles en Colombia, a través de la Justicia Restaurativa, en diciembre 15 de 2017. El Pacto fue firmado por una docena de instituciones nacionales e internacionales, donde estaban la presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Consejo Superior de la Judicatura, el Departamento Nacional de Planeación el INPEC, el ICBF, Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, Acción Interna, la Confraternidad Carcelaria, la Fundación para la Reconciliación, ICPALA Capítulo Latinoamérica/ FIAPP (Cooperación Española) entre otras.
Los firmantes se comprometieron a Desarrollar el Pacto por la humanización de los sistemas de privación de la libertad en Colombia, a través de la justicia restaurativa, en las diferentes regiones del país como instrumento de convivencia ciudadana, cohesión social y paz nacional.
Dicho compromiso lo asumió el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, aprobando dos Resoluciones Transitorias la 006 del 16 de abril de 2018 y la 013 del 16 de marzo de 2019, en la que permitía a la Procuraduría realizar Programas de Justicia Restaurativa en los ERONES del INPEC.
Producto de lo anterior, la PGN que previamente había creado el Programa de Justicia Restaurativa, realizó unos pilotos de prácticas restaurativa con condenados en la Picota y en la cárcel de mujeres el Buen Pastor en Bogotá. También efectuó prácticas similares con personas sindicadas en la Cárcel Distrital y con adolescentes en el Centro de Atención Especial- Bosconia en Bogotá.
Lo anterior dejó como enseñanza que sí se podía hacer este tipo de prácticas restaurativas entre víctimas, victimarios, comunidad en las cárceles del país, y además, se construyó una Caja de Herramientas para ser aplicadas por las entidades públicas o privadas que quieren incursionar en este nuevo paradigma de resocialización desde la Justicia Restaurativa en Colombia.
Casi cinco años después de la experiencia de la PGN, el INPEC, con base en las Resolución No. 000822 del 02/02/2024 y 003028 del 05/04/2023. lanza una propuesta de formación nacional en justicia restaurativa con la población privada de la libertad y servidores públicos.
La propuesta formativa del INPEC, pretende dar formación en Justicia Restaurativa en las seis (6) regionales, a 540 privados de la libertad y 120 funcionarios. Los privados de la libertad tendrán ochenta (80) horas de formación y los funcionarios diez y ocho (18) horas, de manera virtual. Estos funcionarios, a partir del 2025, tendrán la responsabilidad de continuar con el Programa de Justicia Restaurativa en el INPEC.
La iniciativa de entrada debe tener todo el apoyo de los que transitan por el mundo del sistema penal como fiscales, jueces, ministerio público, funcionarios de prisiones, pero, sobre todo, de las víctimas y comunidades, pues esta propuesta, bien realizada, contribuye a mejorar la convivencia carceleria, la resocialización y, ante todo, es un elemento clave en la no reincidencia.
Pero esta iniciativa pedagógica tan esperada hay que saberla hacer, pues sino produciríamos daños irreparables, como es la revictimización, la acción con daño y así, el país perdería una gran oportunidad que viene buscando hace años, consistente en cambiar la cultura retributiva que no ha producido los efectos esperados, por una cultura restaurativa / reintegradora que Colombia necesita y merece.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, hace la anterior propuesta formativa bajo el siguiente panorama de escases de funcionarios: tiene 182.000 personas privadas de la libertad bajo su cargo (112.000 personas intramurales y 70.000 en detención domiciliaria); que deben ser atendidas por 13.000 funcionarios, entre personal administrativo y de custodia. Si se tienen en cuenta las bajas laborales por permiso, vacaciones, maternidad, enfermedad y turnos laborales, la cantidad de funcionarios que deben estar atendiendo los privados de la libertad se reduce a un punto que físicamente es imposible cumplir con dicha labor.
El INPEC, antes de iniciar dicho proceso formativo, debe estar atento a lo siguiente:
La Justicia Restaurativa, es un proceso complejo, que requiere tiempo tanto en su preparación, ejecución como en el seguimiento; es un proceso triangular, donde se involucran victimarios, victimas y comunidades, estas últimas no están en centros penitenciarios; además, debe ser atendido por equipos interdisciplinarios donde hayan abogados, psicólogos y trabajadores sociales entre otros.
La formación de Mediadores Restaurativos Penitenciarios (MRP), requiere de un estricto currículo académico, tanto teórico como práctico, pues dichos mediadores requieren de actitud, aptitud y compromiso, y para dictarlo se recomienda la presencialidad.
- Por lo anterior, el INPEC, debe reconsiderar el poner a sus funcionarios a llevar a cabo Programas de Justicia Restaurativa y en cambio tercerizarlos, con instituciones idóneas, a las que se les haga seguimiento y control, como lo hizo la Fiscalía General de la Nación, cuando creó el Manual de Justicia Restaurativa que ordena el artículo 518 del Código de Procedimiento Penal.
El Programa de Justicia Restaurativa debe tener continuidad, y una maya curricular anual permanente para los privados de la libertad, sus familiares, comunidades y víctimas. En este mismo orden de ideas, la Escuela Penitenciaria debe incluir la justicia restaurativa en el pensum anual, para formar a los nuevos funcionarios de prisiones y ofrecer Diplomados externos.
Los recursos económicos para dichas formaciones, deben ser representativos, acorde a la importancia del tema, pues la justicia restaurativa nos lleva a superar el punitivismo penal de que todo se resuelve con la cárcel. Este nuevo paradigma de justicia, bien aplicada, mejora la convivencia carceleria, repara las relaciones rotas, produciendo convivencia y seguridad ciudadana y ello nos lleva a la no reincidencia y por ende al deshacinamiento carcelario.
El sistema penal colombiano es punitivito, eso lleva a que cada vez haya más leyes que llevan a la cárcel y es un barril sin fondo porque si todo lo que se pide es cárcel, el sistema va a llegar a un momento, como ahora, en el que no va a dar abasto. Desde ese punto de vista, hay que replantear la política pública y penal, no todo debe tener cárcel, pero tampoco todo debe estar en la calle” Ministra de Justicia y del Derecho. Angela María Buitrago.
[1] Sepúlveda Arroyave, es abogado, criminólogo, estudioso de la Justicia Restaurativa penal y ambiental. Es el director de la Fundación Colombia Restaurativa www.colombiarestaurativa.com y del bufet interdisciplinario Justicia Penal Reintegradora. juanguillermo.sepulveda@gmail.com
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