Por: Sergio Saavedra. Redacción
Pares.
Ya suman 50 días desde a Corte Constitucional, el 19 de diciembre de 2018, enviara la Ley Estatutaria de la JEP para que sea firmada por el presidente Iván Duque. Pero hasta el momento, parece que la ley estuviera en un laberinto sin salida entre el despacho del presidente del Senado Ernesto Macías y el despacho del presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón. Mientras no se conozca el paradero de la Ley, seguirá dilatándose un proceso clave para que la JEP pueda funcionar de manera integral.
La Corte Constitucional había adelantado la revisión del texto final que fue entregado al Congreso en diciembre del año pasado, justamente, Alejandro Linares —presidente de la Corte Constitucional— esperaba que el documento de 700 páginas fuera enviado para sanción presidencial. Cabe recordar, que el texto final se elaboró conforme a la aprobación de la sala plena en el mes de agosto de 2018. Para ese entonces, el magistrado Antonio José Lizarazo presentó un texto de 800 páginas.
Los trámites parecen ser un dolor de cabeza para el gobierno nacional, la polémica aumentó después de que la bancada del Partido de la U publicara un comunicado en el le solicitara la aprobación de la Ley Estatutaria de la JEP.
El partido de la U —por medio del denominado “sector independiente de la U”— manifestó que resulta insólito que una ley que fue aprobada hace siete meses, lleve 50 días en un trámite que no debería superar los 8 días. Posteriormente, la bancada instó que la demora del ´simple trámite’ entre el Capitolio y la Casa de Nariño, “puede interpretarse como una maniobra dilatoria en momentos de trascendentales decisiones que debe tomar la JEP y que gravitan sobre el futuro del proceso de paz y su seguridad jurídica”.
¿Qué implica la Ley Estatutaria de la JEP?
Es importante entender que la estructura que compone la JEP trabaja en clave a tres tipos de penas sobre todas las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre del 2016; por penas propias, alternativas y ordinarias.
En este sentido, las penas propias contemplan a aquellos que cuenten toda la verdad y reparen a las víctimas de los hechos, las penas alternativas a quienes contribuyan con la verdad y reparación de forma tardía y, por último, las penas ordinarias para quienes sean vencidos en juicio como resultado de la demostración de que incurrieron en una verdad nula o incompleta y que, no intercedieron dentro de sus posibilidades para reparar.
Adicionalmente, para las penas ordinarias se contemplan penas que oscilan entre 8 y 20 años sin libertad anticipada.
En definitiva, la sanción de la ley permitirá optimizar los canales de justicia y garantizará la verdad para las víctimas y la sociedad colombiana en general; frente al debido proceso.
¿Qué viene para la sanción presidencial que espera le Ley Estatutaria de la JEP?
Patricia Linares, presidenta de la JEP, le solicitó a Iván Duque darle prioridad al trámite de sanción de la Ley Estatutaria, conforme a la importancia y trascendencia de la norma. Por su parte, tanto el mandatario y Macías deberán proceder con prontitud para mitigar las criticas que advierten un complot para engavetar la Ley Estatutaria.
Así las cosas, han trascurrido 14 meses desde que el Congreso aprobara la norma, sin embargo, Alejandro Chacón informó que hasta hace 8 días —31 de enero— llegó la norma a la Cámara de Representantes. Debido a esto, el texto está siendo analizando por la Cámara desde este lunes 4 de febrero y espera ser firmada para ser enviada al Macías, quién proceda a hacerla llegar a la Casa de Nariño.
No obstante, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Juanita Goebertus, se encuentra comparando el texto enviado por el Senado y la Corte Constitucional, un ejercicio para cerciorarse de que el texto no haya sufrido modificaciones sustanciales.