Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Recientemente se conocieron panfletos amenazantes dirigidos a algunos/as líderes comunales, políticos y sociales de Soacha. Otra vez bajo el nombre de las Águilas Negras y de nuevo poniendo como objetivo militar a personas integrantes del movimiento social del municipio y a quienes trabajan desde distintos sectores por impulsar la protección de los Derechos Humanos de los/as habitantes de esta zona de Cundinamarca.
Allí se nombra a Marco Aurelio Caicedo; Carmenza Vargas; Carlos Palacio; Ernesto Morales, a su hija e hijo Sandra Morales y Fabian Morales; Heiner Gaitán; Juan Pinto; Mauricio Reyes; Nicolás Ricardo; Samuel Roberto; Alcides Alba; Ricardo Ibáñez; Luis Agudelo; Jorge Rodríguez e Ignacio Roya, a quienes además les llegó dicha amenaza a través de sus correos personales.
Sobre este hecho hay varios puntos que señalar. Por una parte, hay que decir que las alarma sobre la persecución a las personas que ejercen liderazgos en Soacha está hecha por la Defensoría del Pueblo desde el 24 de julio de 2018 a través de Alerta Temprana 062-18. En esta se señalaba que:
“En el municipio de Soacha persiste la presencia de grupos armados ilegales posdesmovilización de las AUC, quienes bajo amenaza de muerte, y con la presunción de la oferta de servicios de seguridad, generan zozobra. (…) El municipio se caracteriza por la baja presencia institucional en algunas zonas del territorio, y la presencia de grupos armados ilegales que superponen violencias que provienen tanto del conflicto armado y sus actores como de estructuras ilegales y delincuenciales locales”.
Por otra parte, además de indicar que, en efecto, había presencia de grupos armados ilegales, también se informó que estos estaban trabajando y subcontratando bandas de crimen organizado. Así, se nombraba que en ese momento eran dos los grupos con más presencia: ‘Los Paisas’, en la comuna Cuatro de Cazucá y los llamados ‘Sayayines’ en Compartir y Centro.
Pues bien, hoy es necesario señalar esta situación porque las amenazas para los habitantes de Soacha no son nuevas y la protección sigue siendo una exigencia transversal en la agenda de los habitantes del municipio. No obstante, y aunque se ha advertido de esta presencia de actores armados, sigue habiendo desde la institucionalidad el negacionismo de estas dinámicas de disputa.
“En los últimos siete meses se ha negado la presencia de actores irregulares, herederos, en muchas ocasiones, de las estructuras del paramilitarismo que siguen hoy ejerciendo control en Soacha, reclutando jóvenes y lavando dinero en la economía tanto formal, como ilegal”, dijo el concejal Heiner Gaitán a través de su cuenta de Twitter.
Justamente, en los últimos meses a los que hace referencia Heiner Gaitán, en Soacha se ha reportado constantemente la circulación de panfletos amenazantes de grupos armados, en los que se hace referencia a limpiezas sociales, objetivos militares y ordenes de dejar la zona.
Adicionalmente, como se denunció desde Pares, esta presencia de actores ilegales también ha estado provocando el reclutamiento de menores, actividad criminal que finalizando enero volvió a encender las alarmas, pues ‘Los Paisas’ habrían reclutado a diez jóvenes a través de ofertas laborales para luego ser conducidos a Bello, Antioquia, en donde no se volvió a tener conocimiento del paradero de ellos.
A esto se le suma el reporte hecho a través de una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, en el que se encontró la posible presencia de más de 20 grupos criminales de diversa índole, quienes se han encargado de dinamizar las economías ilegales que se dan en este municipio y quienes, además, se han disputado el control del mismo.
Por otro lado, se conoció que por la amenaza recibida recientemente en la tarde del próximo miércoles fue citado un consejo de seguridad extraordinario. A éste, que se hará de forma virtual, están invitadas todas las juntas de la comuna dos de Soacha, y el tema principal es “amenaza y agresión física y verbal a comunales”.
No obstante, la exigencia sigue siendo que cuanto antes se activen rutas de protección, y que, además, como lo dijo Heiner Gaitán a través de Twitter: “se atienda el fenómeno paramilitar en el municipio, y también se rodee a los sectores amenazados. Pero, sobre todo, que no se sega con el lenguaje estigmatizante contra sectores de oposición. Le pedimos a las autoridades esclarecer e ir al fondo de estos hechos”.
Por todo lo anterior y entendiendo la gravedad de estas nuevas amenazas que llegan a Soacha, desde Pares se habló con Erick Betancurt, integrante y defensor de DD.HH. de la Red Popular de Derechos Humanos – REDHUS.
Pares: ¿Cuál es el análisis que desde REDHUS se hace de la situación actual de seguridad en Soacha?
Erick Betancurt: Desde REDHUS y de la mano con la Fundación Lazos de Dignidad hemos encontrado que una de las situaciones que más preocupa es el reclutamiento ilegal a menores.
No obstante, en este hecho en particular de ayer, nos llama la atención la forma en la que se divulgó el tema del panfleto, pues se evidencia una cercanía a información privada de las personas que allí aparecen. Además, es reiterativo el uso de estas acciones amenazantes, que desde febrero se han vuelto una constante.
Pares: ¿Qué actores pueden tener relación con esta situación?
E.B: Desde la Alerta Temprana 062-18 se viene advirtiendo de esos perfiles de los grupos armados que tienen presencia en Soacha por el control territorial por tráfico de sustancias psicoactivas. Estos grupos se autodenominan con Águilas Negras, antiguamente tenía también presencia el Bloque Centauros. No obstante, ahora hay que decir que hay una fuerte influencia en todo este conflicto por parte de los tierreros, se han convertido uno de los actores principales de los que impulsan la violencia en los territorios.
Pares: Sobre lo que nombraba de los tierreros se ha mostrado en esta cuarentena que es un problema de gran impacto social, que incluso durante la emergencia hizo que los ojos se pusieran sobre Soacha. ¿Qué ha pasado en estos últimos meses con ese tema y con las personas que estaban en las zonas ilegales?
E.B: En este momento las personas que estaban siendo desalojadas se tuvieron que ir por un tema de amenazas que se dieron de forma más verbal. Hasta el momento no se conoce que las respectivas instituciones se hayan pronunciado frente a las acciones que se dijeron que se iban a tomar.
Se ha repetido que las personas que siguen defendiendo la propiedad que construyeron ya no solo reciben amenazas por parte de los tierreros, sino también de forma esporádica por parte de diferentes autoridades, especialmente por la Policía Nacional que hacen sentir temerosa a la comunidad que está residiendo o residió en estos asentamientos.
Pares: ¿Qué acompañamiento está haciendo REDHUS con las personas recientemente amenazadas?
E.B: Estamos dialogando con las diferentes víctimas de la amenaza. Uno de los puntos más relevantes ahora es que la amenaza llega de forma virtual, a los correos personales. En ese sentido no solo preocupa el hecho que amenacen a las figuras más públicas, sino también al movimiento social de Soacha y a representantes de sectores vulnerables como el LGBTI, el de víctimas y el de vendedores informales.
Por otra parte, tanto con las personas amenazadas y de la mano con organizaciones de Derechos Humanos estamos activando las rutas de protección. Por ejemplo, con la personería municipal realizamos una acción de urgencia manifiesta individualmente con cada persona.
Además, venimos recalcando el abandono y negligencia del alcalde Juan Carlos Saldarriaga en este caso y con el reconocimiento de la situación en Soacha, entendiendo que él también fue amenazado y a él sí se le activaron rápido las medidas que iba a tomar la Alcaldía y los diferentes organismos para su protección. Mientras que al sector alternativo y de oposición se le tiene en completo abandono. Son dos caras totalmente diferentes.
Pares: Soacha es un territorio con un marco histórico en el que la violencia es una constante. En este momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué el miedo y las amenazas siguen ahí? ¿Por qué la disputa en Soacha?
E.B: Las banderas de la lucha de la organización social del municipio han sido desde la disputa por el territorio, en ese sentido tiene mucho que ver el tema de los tierreros y las invasiones, pero también el tema de las canteras. En Soacha en el último informe de la CAR se mencionaba que solo había tres canteras identificadas por la Alcaldía como legales, pero encontramos que en el territorio hay más de 50, en donde la Alcaldía no está generando control, pero las comunidades e ilegales sí se empoderan de éstas.
Hay lucha muy fuerte y es la social, en donde hay una agenda muy marcada por la no criminalización de los jóvenes. Aquí hay que entender que la política pública de juventud fue aprobada hasta hace muy poco y se discutió durante muchos años. Eso ha influido, por ejemplo, en que en estos momentos de pandemia no se ha dado una respuesta contundente para la apropiada restauración del derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes del municipio.
Es evidente que en Soacha hay crimen organizado, pero se falla en la categorización y lectura que se hace de este problema, pues se sigue insistiendo en que es simple delincuencia, pero no se identifican los actores armados más organizados, que además de fortalecer la delincuencia común, están generando un impacto político y social por el control territorial, entendiendo que Soacha en conexión con Ciudad Bolívar, Bosa y todo el borde sur se ha vuelto una ruta de crimen, donde se generan disputas por el tráfico de estupefacientes, por el reclutamiento a menores, por el control del transporte ilegal, etc.
Además, hay una fuerte influencia de estos grupos armados ilegales para frenar a las personas que están trabajando por la dignidad y el bien común de la comunidad y por la defensa de la vida, que eso es lo que se evidencia con esta más reciente amenaza.
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