Por Nataly Triana Guerrero, Asistente de Investigación
Línea de Democracia y Gobernabilidad.
El Ministerio de la Igualdad es uno de los proyectos de ley que serán radicados por la bancada de gobierno ante el nuevo Congreso de la República. Este proyecto se encuentra liderado por la vicepresidenta Francia Márquez que, de ser aprobado, sería la primera ministra en la historia de esta organización administrativa.
De acuerdo con el programa de gobierno “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, este nuevo ministerio tiene el propósito de articular todas las políticas públicas relacionadas al empoderamiento de las mujeres, diversidades sexuales y comunidades étnicas. Esto a partir de la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales.
Este ministerio se encontrará a cargo del Sistema Nacional del Cuidado, un programa que pretende redistribuir y reconocer el trabajo del cuidado, es decir, todo aquel relacionado en principio con el trabajo doméstico. Sin embargo, las nociones más contemporáneas del trabajo del cuidado hacen referencia a “una gran variedad de actividades orientadas al sostenimiento de la vida, individual y colectiva, humana o no humana, preservándola, continuándola y reparándola” (Viveros, 2018).
Teniendo en cuenta esto, las tareas principales de este ministerio se encontrarán encaminadas a la reducción del tiempo ejercido por las mujeres en el trabajo del cuidado, instaurar e implementar un plan de acción integral contra el feminicidio, establecer un plan nacional integral de prevención del embarazo adolescente y, en general, asumir la transversalización de las políticas de igualdad de manera interseccional en todo el ejecutivo.
¿Cuál es la relevancia del Ministerio de la Igualdad?
Los ministerios relacionados a asuntos de género no son una novedad en la región latinoamericana, son el resultado de una serie de demandas de distintos sectores feministas que abogan por una efectiva transversalización del enfoque de género en las distintas políticas públicas que competen a este sector.
Uno de los motivos que promueven la creación de este tipo de instituciones al interior del ejecutivo, es que solamente a partir de un interlocutor en la misma posición de poder de otros sectores se logran situar en la agenda política los asuntos de género, a la par de otras agendas, así como también posibilita reconocer problemáticas diferenciales y ejercer una mayor vigilancia sobre las políticas públicas con enfoque de género, asegurando que estas no se conviertan en promesas incumplidas.
En Colombia, la necesidad de esta reforma es urgente, teniendo en cuenta que se han asumido compromisos internacionales como la firma de la “Convención Belém do Pará” para la erradicación de la violencia contra la mujer, sin embargo no se han tramitado vehículos que logren gestionar estos compromisos en hechos reales.
Según las investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a pesar de que existe un marco normativo robusto contra las Violencias Basadas en Género (VGB), este ha sido insuficiente, ya que existe un margen de impunidad significativo en los feminicidios y un posible subregistro de delitos sexuales que imposibiliten dimensionar la condición de vulnerabilidad de las mujeres.
Para 2021, el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación (SPOA) reportó 9.847 denuncias por delitos sexuales, de las cuales solamente 533 se encuentran en etapa de juicio y 21 en ejecución de penas. Esto sin mencionar los estados de los procesos en los que solamente el 6% de estas denuncias han derivado en capturas y el 0,2% en condenas.
Además, hay una alarma frente al aumento del 12% en los feminicidios presentados a inicios de este año en comparación del total de casos registrados para el mismo periodo en 2021, esto por no hablar de fortalecimiento de la trata de personas que se ha dado en Colombia tras la migración forzada de mujeres en condición de vulnerabilidad.
¿Cómo será el trámite de este proyecto de ley?
De acuerdo con el artículo 150 de la Constitución Política de 1991, al Congreso de la República le compete hacer las leyes que permitan determinar la estructura de la administración nacional, es decir la creación, eliminación o fusión de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, etc. De esta manera, le compete al nuevo Congreso la creación del Ministerio de la Igualdad con previo aval del gobierno nacional.
El trámite que llevará este proyecto de ley será el de una ley ordinaria, debido a que no involucra derechos fundamentales, por ende, su proceso de aprobación requiere de cuatro debates y puede tardar hasta dos legislaturas. A pesar de que un proceso de aprobación de una ley ordinaria es simple a comparación de las leyes estatutarias que involucran las reformas políticas, es importante señalar que este proyecto de ley requiere de voluntad política desde las comisiones séptimas del Senado y la Cámara de Representantes, las cuales estarán presididas por los partidos Cambio Radical, la U y Mira.
Por lo pronto, es un gran avance para el país que se esté discutiendo la creación de un ministerio dedicado a los asuntos de género y en especial que esté acompañado de medidas como la paridad del gabinete ministerial y de la coalición del Pacto Histórico al interior del Senado de la República, puesto que la transversalización verdadera del enfoque de género en los programas y proyectos requiere de una representación política sustantiva de las mujeres.
Sin embargo, Colombia debe velar por la aprobación del Ministerio de la Igualdad, no solamente por los compromisos internacionales asumidos, sino especialmente por la deuda histórica con las mujeres, las diversidades sexuales y las comunidades étnicas.
Referencias
Colombia Informa. 2018. "Luz Gabriela Arango, Una Feminista Que Trabajó Por Las Colombianas - Colombia Informa". Colombia Informa. http://www.colombiainforma.info/luz-gabriela-arango-una-feminista-que-trabajo-por-las-colombianas/.