Por: Laura Fajardo, Asistente de Investigación
Línea de Democracia y Gobernabilidad
La situación de paz en Colombia sigue estando en veremos. La implementación de los proyectos trazados en el Acuerdo de Paz continúa siendo precaria y la corrupción ha invadido las instituciones responsables de cumplir lo pactado. Además, la reconfiguración del conflicto armado y el fortalecimiento del narcotráfico nutren las condiciones de desigualdad, marginalidad y pobreza que siguen siendo parte de los conflictos estructurales. A su vez, la delicada situación de orden público y derechos humanos que atravesó el país durante el Paro Nacional de 2021 reveló serios cuestionamientos a la naturaleza y el comportamiento de instituciones como la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad).
En medio de todo el panorama social y político nacional, la campaña presidencial de Gustavo Petro alertó sobre la necesidad y la urgencia de establecer nuevas alternativas y soluciones, como la creación de una cartera particular que atiende estos asuntos. El primero en revelar públicamente la intención de crear un ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia fue el senador Roy Barreras.
El electo senador y presidente del Senado Roy Barreras anunció que el espacio legislativo del Pacto Histórico tramitará la iniciativa de crear, junto con el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia. La iniciativa fue resonada por el electo presidente Gustavo Petro, sin embargo, ¿qué implicaciones tendría la creación de esta nueva cartera?, ¿qué trámite tiene que surtir para que se haga realidad la propuesta?, ¿cuáles serían sus funciones?
Lo urgente La justificación de la creación del ministerio descansa en dos puntos cruciales en medio de los proyectos de construcción de país: la implementación de los proyectos trazados en el Acuerdo de Paz y con las FARC y la naturaleza de la Policía como cuerpo de seguridad y convivencia ciudadana.
La implementación de los proyectos trazados en el Acuerdo de Paz
La intención de la derecha de “hacer trizas la paz” ha sido una profecía autocumplida. Según cifras de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a abril de 2022 la tasa de homicidios en los municipios afectados por el conflicto era de 38.49 por cada 100.000 habitantes, la producción de cocaína había aumentado, las Estructuras Armadas Ilegales se habían extendido y fortalecido a lo largo del territorio y entre 2016 y 2022 se habían registrado 191 masacres a nivel nacional. A su vez, el incremento del desplazamiento forzado interno ubica a Colombia como el país que más desplazados tuvo en 2020 con 8.3 millones de personas.
Estas difíciles condiciones de seguridad y paz en los territorios configura quizá, la principal razón que impulsa la creación de este nuevo ministerio que busca centralizar en una sola entidad de la rama ejecutiva a todas las consejerías y entidades de menor nivel en el tema y así garantizar un incremento en el presupuesto para la paz y una mejor ejecución.
La naturaleza de la Policía y el Esmad como cuerpos de seguridad y convivencia ciudadana
En el marco del Paro Nacional de 2021 se desencadenó una delicada situación de orden público y violación a los derechos humanos por parte de la fuerza pública que reveló serios vacios en la doctrina de la Policía y el Esmad como cuerpos de choque y contención a las manifestaciones del descontento social. Las múltiples denuncias de abusos, detenciones irregulares, desapariciones, heridos y muertos dejaron como saldo 78 personas fallecidas en el marco de la protesta, 1790 personas heridas de las cuales 84 tuvieron lesiones oculares, 2005 detenciones arbitrarias y 25 casos de violencia sexual perpetrados presuntamente por miembros de la fuerza pública. Estas alarmantes cifras suscitaron el interés de la comunidad internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país en medio de las protestas dejando como recomendaciones, entre esas, replantear la naturaleza de la Policía Nacional y el Esmad como cuerpos policiales de choque en las protestas sociales y su permanencia en el Ministerio de Defensa con el fin de evitar cualquier lectura militar de las situaciones de protesta social.
Las circunstancias de la creación
La creación del Ministerio será complicada, pero no imposible. Por la importancia de su creación deberá ser discutida, entre otras, por la Comisión primera, encargada de atender los asuntos constitucionales. Según prensa, la presidencia de esta Comisión Primera estaría en manos del Partido Liberal, con los senadores Lidio García Turbay o Juan Pablo Gallo como los más opcionados para ocupar esta presidencia, pues son los senadores más votados al interior de la colectividad liberal.
Asimismo, la creación de este ministerio enfrenta a un problema vital de financiación y asignación de recursos pues se desconoce cuál será su asignación presupuestal, así como el origen de los recursos, mientras asume el reto de enfrentarse a las complejidades que enfrentan los asuntos de paz e implementación del Acuerdo tras el reciente caso de presunta corrupción en el manejo de estos recursos a través de los Ocad-Paz.
Considerando que el paquete de reformas es denso: reforma tributaria, reforma a la salud, reforma agraria y reforma pensional, se desconoce la prioridad que pueda tener esta reforma constitucional que implica la creación del Ministerio, aunque el entrante gobierno y congreso del Pacto Histórico haya sido insistente en su prioridad de reformar la Policía y hacerlo parte de esta nueva cartera.
Se desconoce aún quién podrá ser el doliente en la creación de este nuevo ministerio, cuáles serán sus relaciones con otros ministerios, como el de Defensa, los tiempos y posibilidades que tiene para ser efectivamente creado, los recursos con los que contaría, etc. Podría decirse, por ahora, que el nacimiento de este ministerio se sostiene por las intenciones parlamentarias y políticas de sus promotores.
¿Cuáles serían los puntos neurálgicos a tratar de este Ministerio?
La centralización de las entidades relacionadas al conflicto armado y sus víctimas, como la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas o las entidades surgidas del Acuerdo de Paz que se encuentran repartidas en distintas carteras.
El paso de la Policía y el Esmad del Ministerio de Defensa al naciente Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia. Esto representa un reto en términos institucionales, administrativos, de derechos humanos y, sobre todo, culturales, considerando la profunda desconfianza en la institucionalidad policial tras los hechos del Paro Nacional de 2021. El cambio en la formación de la fuerza pública, los protocolos de uso de armas, etc. representan una tarea de largo aliento que, seguramente, no estará por completo en manos del gobierno entrante.
La necesaria articulación que el Ministerio deberá tener con otras entidades estatales como el Ministerio de Defensa, el pretendido Ministerio de la Igualdad, el Ministerio del Interior y en general, todas las carteras ministeriales que transversalmente deben contribuir en la construcción de paz. Este nivel de cohesión institucional que requiere el Ministerio para funcionar de forma efectiva involucra un sinfín de entidades a nivel local y nacional que no han demostrado operar eficientemente, lo que pone en vilo las soñadas intenciones del naciente ministerio.
Unas breves conclusiones
La llegada, por primera vez, de un gobierno de izquierda a la presidencia colombiana es, para algunos sectores sociales, la oportunidad de pensar y plantear la construcción de paz desde un lugar diferente al de la guerra armada y la eliminación del enemigo. El primer paso, el Acuerdo de Paz, representó un quiebre discursivo de la guerra pero institucionalmente su implementación ha sufrido severos traumas y dificultades, sin contar con la nula voluntad política del Gobierno Duque para hacerle frente a las transformaciones del conflicto y sus consecuencias.
La idea de la creación del Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia plantea una oportunidad para atender las necesidades históricas de las comunidades azotadas por el conflicto, así como a la búsqueda por eliminar las violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública colombiana. Sin embargo, aunque sea una iniciativa colmada de buenas intenciones, esperanzas y entusiasmo, los caminos legislativos e institucionales que se requieren para asegurar siquiera su nacimiento, resultan ser sumamente complejos.
Su trámite legislativo y constitucional tardará un buen tiempo (al menos dos años) y en medio de las demás reformas que pretenden hacerse, muchas de ellas, también constitucionales, será todo un reto evitar que la iniciativa se quede siendo sólo eso, la intención.