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Todas las encuestas de marzo dicen que la imagen del presidente Santos está por debajo del 25 por ciento. Alguna señala que está por debajo del 20 por ciento. No es para menos. El presidente, al finalizar el primer trimestre del año, parecía un saco de boxeo al que golpeaban con saña la amenaza de un apagón, la sequía, el declive impresionante de los precios del petróleo, el crecimiento del desempleo, el aplazamiento de la firma del acuerdo de paz con las Farc, las acciones del ELN, el paro armado del Clan Úsuga, la anunciada marcha del uribismo, las protestas sociales, el fallo de La Haya sobre el diferendo con Nicaragua, la corrupción en Reficar, las disensiones en el seno del gobierno y los debates contra algunos ministros.
La golpiza no tiene nombre, tampoco la forma desastrosa como ha respondido Santos. A la defensiva, a destiempo, en un dejar hacer de los partidos miembros de la coalición de gobierno y de sus ministros, en una pasividad enorme frente a los hechos, con una pésima utilización de algunos logros innegables de su mandato.
Empecemos por examinar esto último: lo que tiene para mostrar y no lo hace, o no lo puede hacer. La paz y la infraestructura. El hombre más importante del gobierno, el vicepresidente Vargas Lleras, no promociona las negociaciones de paz, no se mete en ellas, a veces, incluso, a través de su partido Cambio Radical, envía señales de crítica y contradicción. El apoyo a la paz corre por cuenta del Partido Liberal -que tiene todo el andamiaje de la negociación y del posconflicto en sus manos- y del Partido de la U, que se la juega en el Congreso para que salgan adelante las iniciativas que tienen que ver con el proceso.
Pero, a la vez, los avances en la infraestructura vial, en la vivienda, en la obras, no son promocionados por los liberales y La U, porque, dicen, están pavimentando el camino presidencial de Vargas Lleras. Los celos crecieron con ocasión de las elecciones locales y algunos triunfos de Cambio Radical en las regiones, jalonados, sin duda, por la abultada chequera de los ministerios que coordina el vicepresidente. Y ocurre, entonces, el extraño caso de que algo que debía ser orgullo para el gobierno se convierte en controversia, y habla Serpa contra Vargas Lleras y habla Benedetti contra Vargas Lleras y el presidente tiene que salir a regañar al vicepresidente.
Ahondemos un poco más en el manejo del proceso de paz ante la opinión pública en los últimos meses. Mal, muy mal. Se han equivocado en los tiempos y en los pulsos con las Farc. Con el prurito de hacer las cosas bien, con la enorme desconfianza sobre la guerrilla se han apegado a libretos rígidos, donde no hay audacias e imaginación para dar saltos, para plantear incentivos que lleven a los negociadores de las Farc a acelerar la marcha. Ya todo lo grande está acordado, hasta los términos de la justicia que eran los más espinosos. Las Farc están más acá, más en la paz, que en la guerra, toda demora, toda prolongación de la negociación, todos los pulsos tramitados por los medios de comunicación -ejemplo el Conejo- restan puntos en la opinión y benefician a la oposición.
Lo que falta del lado de la guerrilla es dar el paso a la concentración de las fuerzas, a un mecanismo de refrendación aceptable y a la dejación de las armas. Lo que falta del lado del gobierno es darles a las Farc –igualmente desconfiadas del gobierno– la seguridad jurídica, la seguridad física y la certeza de que se cumplirán los acuerdos. Esto es –quizás exagerando un poco– puro procedimiento, pura imaginación, pura audacia, para establecer una hoja de ruta bajo la tutela del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de los garantes internacionales del proceso.
No bastará con un timonazo al proceso de paz para que Santos recupere la confianza y el apoyo de la ciudadanía. No le bastará para transitar con alguna calma los dos años largos que le faltan de gobierno. Es necesario más, mucho más. Santos está obligado a desatar una crisis ministerial, a llamar nuevas fuerzas al gobierno, a buscar mayor armonía entre su equipo estableciendo reglas de juego para quienes aspiran a presentarse a las elecciones presidenciales de 2018.
Está obligado a enviar señales de un verdadero diálogo social para atenuar los efectos de la crisis económica entre las clases medias y los sectores populares. Está obligado a construir una estrategia integral contra las bandas criminales y el paramilitarismo que tenga como eje el sometimiento a la justicia y apunte a depurar a la fuerza pública, a romper los nexos de los políticos y de los empresarios con estas organizaciones y a encontrar alternativas para los miles y miles de jóvenes vinculados a las economías ilegales.
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