Por: Germán Valencia
Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia
El presidente Gustavo Petro es un estratega político, al que le gusta acudir a los símbolos para acumular poder. A estos ha recurrido desde el primer día en que se posesionó como presidente de la República, el 7 de agosto de 2022, y continúa hoy usándolos. Desde su posesión se le ve acudiendo a los símbolos como estrategia para instalarse en la mente de la ciudadanía y quedarse.
Lo hizo en el día de la posesión pidiéndole a María José Pizarro, la hija del líder mártir del M-19 Carlos Pizarro, que le impusiera la banda presidencial. Y unos minutos después, haciendo uso de su poder presidencial, ordenó traer la espada de Simón Bolívar para pronunciar su memorable discurso en la Plaza de Bolívar, y dejar claro su origen guerrillero y su camino revolucionario.
Entre los más recientes actos de uso de la simbología está la propuesta que le hizo al Ejército de Liberación Nacional (ELN), de entregarle la sotana del cura guerrillero Camilo Torres a cambio de un compromiso creíble con la paz. En medio de las dificultades y crisis del último año en la Mesa de Negociación con está guerrilla, Petro buscó incentivar los diálogos de paz con la entrega de este objeto simbólico.
El último acto de uso de la simbología ocurrió entre el 21 y el 24 de febrero de 2025, cuando decidió visitar la vereda El Chicoral, en el municipio El Espinal, que se ubica en el centro del departamento de Tolima, y proponer un nuevo Acuerdo. Eligió este territorio por el pasado que tiene y como una estratagema para dar a conocer la propuesta política que utilizará su partido en la campaña de 2026.
La vereda El Chicoral fue también el lugar elegido por terratenientes, empresarios y grandes hacendados, en la década de 1970, para levantar su grito de oposición a la reforma agraria que se venía ejecutando en el país desde varios años atrás. El 9 de enero de ese año, una parte de la clase poderosa del país, se reunió para discutir la situación de la tierra y establecer acuerdos.
La regulación estatal le puso un límite a la posesión de la tierra. Eran 2 mil hectáreas lo máximo que se podía tener por persona de tierra en el país. Además, los campesinos estaban saliendo a las calles a marchar y protestar como estrategia para demandar tierra para sus actividades agrícolas y pecuarias.
Ante esta situación, la decisión de los empresarios del agro, hacendados y terratenientes fue negarse a apoyar la reforma, oponerse a continuar su implementación y comenzar con acciones hostiles contra el Gobierno, como la conformación de grupos armados para proteger sus propiedades. Ellos temían que los campesinos se tomaran la tierra o que el Gobierno accediera a sus demandas.
Entre las consecuencias de esta decisión para el país se encuentran el desaprovechamiento de una reforma agraria que era necesaria y muy conveniente para democratizar la tierra en Colombia y avanzar en la pacificación del campo. También un incremento de la desigualdad en la posesión y propiedad de la tierra que nos ha llevado hoy a ser uno de los países donde la tierra está peor distribuida en el mundo.
En esta lógica, desde el gobierno de Misael Pastrana Borrero el país se sumió en una lucha armada creciente, donde la gran protagonista ha sido la tierra. El paramilitarismo de los noventa se consolidó como la herramienta para defender las grandes propiedades. La guerrilla ha puesto como bandera las luchas campesinas. Y hoy el conflicto armado interno continúa vivo, teniendo como protagonista la violencia territorial.
En breve, el Pacto del Chicoral de 1972 ha pasado a la historia del país como un momento fundante de la dinámica de la guerra y del poder en Colombia en el último medio siglo. Ha quedado en la mente de la ciudadanía como el instante en que se paró un bien pensado proceso de cambio y transformación de la propiedad. Como el lugar donde los ricos se opusieron a la cura para buena parte de las enfermedades que sufre el país.
De allí que el presidente Gustavo Petro haya querido desplazarse en la tercera semana de febrero de 2025, en el inicio de la época preelectoral, a dar un discurso donde es claro su interés en seguir participando en política. Eligió la vereda El Chicoral como sitio para lanzar una de sus banderas de campaña, de él y de su alianza multipartidista.
Les dijo a los cerca de cinco mil campesinos, colonos, comunidades indígenas y afrodescendientes que su bandera es y será trabajar por la paz territorial. Que continuará apoyando como presidente la Reforma Rural Integral (RRI) que está en el Acuerdo Final de Paz. Que implementará acciones para devolver la tierra a las víctimas. Y que, incluso, podría proponer una ley para evitar la concentración de la tierra, para continuar con la reforma agraria que se hacía en los setenta.
Todas estas propuestas están contenidas en lo que él ha llamado el Nuevo Pacto del Chicoral o Pacto por la Tierra, la Vida y la Reforma Agraria. Una propuesta que habla de redistribución, democracia y transformación del campo. Que quiere proteger el agua, reorganizar las instituciones del sector rural y que busca meter a los campesinos en el modelo capitalista productivo. Un pacto que propone las bases para la elaboración de un plan decenal de reforma agraria.
Petro está acudiendo una vez más a la simbología política para meterse en la conciencia ciudadana. Recordando el trágico pasado histórico, la necesidad de retomar banderas y la obligación que tenemos como país de continuar con el camino truncado en la década de los setenta. Finalmente, la necesidad de mantener viva la crítica a la clase poderosa del país.
Quiere que la ciudadanía, y en ella los campesinos y gente que habita la ruralidad, lo acompañe en su proyecto político, entre cuyas banderas está la lucha por la democratización de la tierra, la defensa de la ciudadanía campesina y las grandes reformas agrarias. Que este año y los próximos lo acompañen con marchas y movilizaciones sociales por la defensa de este Nuevo Pacto del Chicoral.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.